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Avanza proyecto que sustituiría Fondo Notarial por un seguro de responsabilidad profesional

El Proyecto de Ley No. 22.313, conocido ahora como Reforma del artículo 9 de la ley n.º 7764, de 17 de abril de 1998, para establecer el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para profesionales en notariado inscritos en la Dirección Nacional de Notariado y liquidación del Fondo de Garantía Notarial, presentado a la corriente legislativa en noviembre del año pasado,  surgió originalmente como una iniciativa para lograr que los notarios afectados económicamente por la pandemia pudieran liquidar parcialmente su fondo de garantía notarial.  Sin embargo, la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, encargada de estudiar la propuesta, y después de escuchar a los representantes del Colegio de Abogados de Costa Rica, de la Dirección Nacional de Notariado y del Banco de Costa Rica, acordó impulsar un texto sustitutivo para que se permita regresar a la figura de la póliza de fidelidad,  eliminándose por completo la figura del Fondo de Garantía Notarial.  (Para ver el texto sustitutivo haga clic aquí)

«Esta iniciativa, convertida hoy en proyecto de Ley, también es apoyada por el Colegio de Abogados de Costa Rica y la Dirección Nacional de Notariado, tomando en consideración la situación económica del país, y que, el fondo actual no responde a sus fines, ya que, la existencia de una siniestralidad es muy baja en cuanto al uso de la garantía notarial, y que muchos notarios han visto disminuido su trabajo notarial por la situación de la pandemia ocasionada por la Covid-19, además de volver a la propuesta original.
Los elementos antes mencionados, se han tomado en cuenta con la finalidad de justificar, no solo la devolución del fondo de garantía en su totalidad a cada profesional en notariado, sino también y en forma paralela, una reforma al artículo 9 del Código Notarial que se ajuste a los tiempos y a la economía, de manera que, realmente sea representativa para efectos de los usuarios de servicios notariales y que pueda hacer frente ante un evento de responsabilidad civil.»  (Tomado del Dictamen Afirmativo del Proyecto de Ley 22.313)

Entre sus conclusiones, la Comisión de Derechos Humanos llega a las siguientes:

1) La aprobación del proyecto vendría a mejorar las condiciones para que los notarios y las notarias puedan responder ante posibles errores realizados durante su función, mediante la disposición de un seguro de responsabilidad civil profesional.
2) En una sociedad moderna como la actual, la existencia de un notariado debidamente organizado se hace indispensable, de manera que, se debe cubrir no solo al notario y la notaria pública y la función notarial que estos realizan, sino también, el ordenamiento que comprenda las normas legales que corresponden al fundamento jurídico de la actuación de esos profesionales.
3) Esta iniciativa permite al tercero perjudicado ser resarcido en los daños que se le han ocasionado por el ejercicio incorrecto de la función notarial, que da seguridad jurídica, y que es ejercida por un notario o una notaria pública.
4) El Seguro de Responsabilidad Civil para Profesionales en notariado será un requisito obligatorio para todas las personas que ejerzan esta función y que estén inscritas en la Dirección Nacional de Notariado.
5) Este proyecto también pretende devolver el Fondo de Garantía Notarial, que sería un beneficio para los notarios y notarias que se vieron afectadas por la pandemia producto de la Covid-19. Además, significaría un aumento en la capacidad adquisitiva de los notarios y las notarias, lo que ayudaría a dinamizar la economía nacional.

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Propiamente en relación a la devolución de las sumas acumuladas por cada notario en su Fondo Notarial,  se plantean los siguientes Transitorios:

TRANSITORIO I– Una vez promulgada la reforma propuesta, la Dirección Nacional de Notariado comunicará a la Operadora BCR Pensiones la rescisión o resolución del convenio suscrito, mediante una comunicación por escrito, con al menos tres meses de antelación a la fecha de resolución.
TRANSITORIO II- El Banco de Costa Rica, a instancia de la Dirección Nacional de Notariado, deberá devolver a cada uno de los notarios y notarias la totalidad del monto por el que responde el fondo de garantía notarial, según los aportes que individualmente realizaron.
Para tal efecto, la notaria o el notario activo deberán aportar a la Dirección Nacional de Notariado el comprobante del pago de la póliza de responsabilidad civil profesional. En caso de que el notario o notaria solicitante esté inactivo o sean sus beneficiarios los que soliciten la devolución del fondo, ésta se hará efectiva previo cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Dirección Nacional, para este supuesto.
El banco contará con un plazo de seis meses contados a partir de la recisión del convenio para hacer la devolución del fondo.
TRANSITORIO III- La Dirección Nacional de Notariado queda facultada para realizar las publicaciones necesarias y en los medios que establezca, con el fin de instar al retiro del dinero.
TRANSITORIO IV- La Dirección Nacional de Notariado otorgará el plazo de cuatro años para que las personas beneficiarias se apersonen a hacer el retiro del monto que les corresponda y el notario o notaria hagan la identificación de su depósito. Transcurrido este plazo, el dinero que no haya sido retirado, se trasladará al presupuesto ordinario de la Dirección Nacional de Notariado

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Estaremos al pendiente para informarles cualquier avance que se produzca en la tramitación de esta iniciativa.   Lo último que aparece en la página web de la Asamblea Legislativa es la votación afirmativa que por unanimidad hiciera la Comisión de Derechos Humanos del texto sustitutivo del Proyecto de Ley el pasado 27 de abril del año en curso.

 

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

3 de 167 Comentarios

  1. Farid Breedy • 18 junio, 2021

    Me parece que el plazo de seis meses dado al BCR, para que devuelva el fondo a cada Notario, es muy extenso por lo que no se cumple con el propósito más importante, resolver la situación económica hoy. Es relevante saber que la Póliza de Responsabilidad Civil, además de cubrir los actos notariales, cubre el resto de las actividades de los abogados y abogadas, con la misma prima.

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  2. Priscilla Cubero • 17 junio, 2021

    En relación con los procesos de disolución y líquida de las sociedades anónimas, una vez que la escritura de disolución es presentada y el Edicto es publicado en La Gaceta, cuál trâmite debe ser realizado para liquidarla en el registro? Adicionalmente, ¿la desinscripción de la S.A. del impuesto a las Personas Jurídicas debe hacerse luego de la disolución o también debe ya haber sido liquidada la sociedad para poder desinscribirla de ese impuesto? Agradezco la guía que me puedan brindar.

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    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 21 junio, 2021

      Para lograr la liquidación de la sociedad, lo primero que deberá nombrarse es un liquidador que lleve adelante el proceso. Tendrá que recurrir a un Notario Público para dicho nombramiento o bien, si lo prefiere, también puede acudir a la vía judicial. El impuesto a las personas jurídicas solo afecta a las sociedad con plazo vigente. En el momento en que se inscribe la disolución de la sociedad, ya no aparecerá al cobro en el Ministerio de Hacienda, el importe de dicho tributo. No es necesario entonces el proceso de liquidación, ni de desinscripción ante Hacienda para evitar el pago del impuesto a las personas jurídicas, suficiente con que se encuentre disuelta.

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