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Msc. Luis Mariano Argüello Rojas

Pospandemia y el destino de las audiencias judiciales virtuales

Del colega  Luis Mariano Argüello, Doctor en Derecho y Máster en Derecho Constitucional,  profesor universitario y Juez de la República,  nos permitimos transcribir el siguiente artículo que gentilmente ha puesto a disposición de este foro.

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«Nadie duda que la pandemia ha supuesto una severa afectación para amplios sectores poblacionales. Frente a sus propios ojos, muchos han experimentado el sentir de una desesperación que crece en carne propia con la configuración de un nuevo “orden de las cosas” que como casi siempre, excluye de su dimensionamiento a los que menos posibilidades tienen. No obstante, el devenir de los tiempos parece evocar que tras la angustiosa “tormenta pandémica” llegará una variante de calma —o si se quiere ser más optimista — una “nueva normalidad”.

Frente a esta nueva época que se avecina, el obligado recuento de los daños debe reconducir a los agentes institucionales a indagar qué de bueno quedó tras superar algunos de los retos más apremiantes que se vivieron. En esta orientación, emerge el debate por el destino de las audiencias judiciales virtuales, que, desde la experiencia jurisdiccional, resultó ser un adaptable instrumento para mantener en perfecto funcionamiento el sistema de Administración de Justicia, al menos, hablamos aquí, de aquellos procesos judiciales no penales, v.gr. civiles, contenciosos-administrativos, laborales, familiares etc., donde mayor implementación y éxito han tenido.

No genera sorpresa que las audiencias judiciales virtuales hayan tenido sus detractores. En una sociedad tan diversa y heterogénea como la costarricense, cada quien es libre de pensar y decir lo que quiera; eso sí, más allá de los gustos académicos, preferencias procesales y dogmas teóricos, lo  importante es que se tenga presente con honestidad que las audiencias de este tipo, tendencialmente funcionaron y lograron mantener en relativa normalidad la realización de la justicia, suponiendo de paso ahorros en tiempo, espacios físicos, servicios públicos institucionales, viáticos y trasporte, así como compatibilidad con el teletrabajo y adaptabilidad a las exigencias casuísticas de los conflictos (por ejemplo distancias geográficas en el propio país), que generaron algún grado de satisfacción para todas aquellas personas que intervienen en un proceso judicial.

Será necesario debatir con seriedad cuál será el destino procesal de esta tipología de audiencias, advirtiendo que incluso los protocolos dictados por el Poder Judicial para la realización de estas, no tiene un condicionamiento o término circunscrito al fin de la pandemia. Aun así, nos parece que la situación vivida, adelantó el futuro del procesalismo nacional, resultando probable que las audiencias judiciales virtuales sigan siendo realizables en el contexto judicial y que incluso, los Códigos Procesales del mañana, recojan en sus regulaciones la experiencia que en estos tiempos se ha desarrollado.

Nos atrevemos a decir que serán la regla en aquellas audiencias que no requiera práctica probatoria o bien cuando ésta sea mínima (v.gr. audiencia preliminar, audiencias de conciliación, ciertas audiencias de medida cautelar, incidentes, recursos de apelación, vistas de casación, entre otros) y que, paulatinamente se abriría de nuevo como regla el espacio a la presencialidad, para aquellas otras que, en rigor, sean catalogadas como audiencias de prueba y/o complementarias; aun así, no será infrecuente que incluso en estas, por las circunstancias del caso o el consenso de las partes, se pueda habilitar su realización virtual, como de hecho se ha venido realizado en estos últimos meses, siendo ponderable además que en los próximos años, nuevas tecnológicas y los denotados avances que conllevará la inteligencia artificial faciliten su realización; sin dejar de advertir, las potenciales conexiones que tendrá el análisis económico del derecho en la configuración de los modelos procesales y estructuras judiciales.

Con todo, lo significativo no es que se mantengan o entierren las audiencias judiciales virtuales, pues aquellas no valen como fines en sí mismas, lo valioso es plantear su pertinencia y utilidad de cara al tipo de necesidades que encierra la sociedad en que vivimos, pues la realización de la justicia no solamente es cuestión de validez sino también de legitimidad.»

 

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Las funciones de la audiencia preliminar: una mirada desde el proceso ordinario civil

Agradecemos a don Luis Mariano Argüello, Doctor en Derecho y Máster en Derecho Constitucional,  este interesante artículo que pone a disposición de todos los lectores de este blog.


«En los últimos años ha venido palpitado una peligrosa tendencia que propicia un tratamiento superficial respecto de la audiencia preliminar. Por supuesto que no se puede caer en generalizaciones, pero sí resulta preocupante visualizar como en la práctica forense, gran cantidad de sujetos, partes e intervinientes procesales optan por una perspectiva reduccionista —y hasta cierto punto: despreciativa— de la vital dimensión que ocupa esta audiencia dentro de la configuración, estructura y desenvolvimiento de todas aquellas tipologías procesales instauradas en modelos influenciados por la oralidad.

De este modo, quien pretenda encarar con éxito una audiencia preliminar, limitándose a la exégesis o memorización del artículo que la recoge, estará comprando todos sus boletos para el más contundente fracaso; por el contrario, si bien resulta imperioso tomar conciencia de la unidad de su contenido es necesario sentar todas las posibles conexiones que presenta con otros institutos procesales, lo cual a su vez debe ser complementado con un estudio serio y disciplinado de los contornos propios que presenta el caso concreto que en ella se conoce, sea a nivel factual y de derecho sustancial. Siendo por tanto, una etapa crucial en cualquier proceso judicial.

Pues bien, de modo absolutamente sintético, y sin entrar en análisis comparativos de las pequeñas o muchas variantes que puedan presentarse a nivel de otros esquemas competenciales (v.gr. agrario, familia, contencioso-administrativo, laboral etc) o bien de otras tipologías procedimentales (v.gr. proceso sumario), se considera oportuno brindar algún breve esbozo, que con un afán meramente didáctico —y por ende de sana discriminación clasificatoria—, de cuenta de algunas de las funciones medulares que viene a cumplir la audiencia preliminar dentro de los procesos ordinarios civiles.

A. La función ordenadora
El desorden y la anarquía son incompatibles con la idea rectora del proceso jurisdiccional, de allí que muchos de los esfuerzos teóricos e incluso institutos procesales busquen a toda costa establecer una organización racional y progresiva de los elementos que componen la resolución de la litis. Pues bien, ya que el iter jurisdiccional busca solucionar conflictos y no generar otros conexos, apuesta por el acatamiento del mínimo esencial de las formas de los actos procesales preconstituidos por el legislador para su desenvolvimiento; de este modo, la persona juzgadora garantiza en la audiencia preliminar que el contenido de los actos escritos de alegación y proposición de las partes sean claros, inteligibles y completos, en el entendido de que no existan mayores confusiones que de una u otra manera puedan a su vez atentar contra el derecho de defensa de la contraparte.

Dentro de la audiencia preliminar, se pretende despejar todo tipo de imprecisiones que a la larga atenten contra la correcta marcha del litigio. Por ejemplo, en ocasiones la pretensión procesal es confusa, no se tiene certeza de cuál es la causa fáctica que origina el conflicto, o bien, el ofrecimiento de los medios probatorios es irregular, por cuanto se ofrecen elementos que no se aportaron o se aportaron (documentos) que no se ofrecieron, etc. Todos estos posibles entuertos, confusiones y omisiones buscan ser depurados en la audiencia preliminar como una concretización de las potestades de dirección y delimitación de los actos de alegación que realiza el tribunal, evitando a su vez que los juicios sean por razones procesales un caldo de cultivo de mayores problemas (de los que ya tienen) para las partes involucradas en la disputa judicial.

En un sistema escrito, engorroso y formalista, muchas veces se llegaba al dictado de sentencia sin tener claro siquiera cuál era el verdadero objeto del proceso; se debían leer dos y más veces los expedientes judiciales para descifrar lo que en realidad habrían querido exponer las partes. El lenguaje escrito impone límites y los profesionales en derecho encargados del “arte del litigio” no siempre cuentan con las mejores habilidades de expresión literal. Todo esto genera que se dictaran sentencias que no venían a resolver con certeza el conflicto, porque nunca se tenía delimitado el mismo, con el latente riego que inclusive luego, mediante una apelación o casación, se anulara el fallo, ya que el tribunal superior había leído y consecuentemente entendido algo distinto a lo que la persona juzgadora de instancia había concedido.

En suma, la fase ordenadora de la audiencia preliminar pretende paliar estos contratiempos y desaciertos y bajo este entendido cualquier hecho impreciso, pretensión implícita, excepción oscura, prueba incorrectamente ofrecida, entre otros, pueden ser ratificados, aclarados, ajustados o subsanados de forma oral durante la audiencia, ya sea a gestión de parte o de forma oficiosa por el propio tribunal.

B. La función saneadora
Otro de los grandes cometidos que también se concretizan en la audiencia preliminar es la función saneadora, debido a que por antonomasia y diseño legislativo es en este momento cuando se viene a resolver todo lo atinente con alegaciones de actividad procesal defectuosa e invocaciones de nulidades procesales, que en tesis de principio —y máxime si requiere de la práctica probatoria— deberían ser resueltos de forma oral en esta etapa del proceso, tanto aquellos que fueron formulados por escrito como las mismas alegaciones que puedan surgir en el devenir de la propia audiencia.

En ese orden de razonamiento, se evidencia que la audiencia preliminar se nutre y requiere un conocimiento pleno de toda la teoría general del proceso, pues no solamente la doctrina de la actividad procesal defectuosa puede eventualmente ser implementada en esta etapa, sino que además normalmente las alegaciones asociadas con vicios o nulidades procesales están ceñidas en los presupuestos procesales, vicios de representación procesal, problemas de notificación, afectaciones al derecho de defensa, etc., que por consiguiente deben ser manejados diestramente por litigantes y personas juzgadoras para su adecuado tratamiento. Con todo, la fase de saneamiento es consecuente con la filosofía imperante en la Ley n.° 9342; así, no se habla de una función anuladora ni similar, pues esta es una ultima ratio de cara medularmente a supuestos elocuentes de indefensión. La regla es siempre buscar sanear y convalidar todo tipo de actividad procesal para cumplir con el destino teleológico de los juicios. Esto es, la finalidad de arribar a una solución justa y cumplida de los conflictos.

C. La función abreviadora
Es primordial centrar la atención en una de las actividades en que mayor minuciosidad se exige; así y en primer lugar, una audiencia preliminar puede abreviar el proceso porque en esta se incluye y está prevista la posibilidad de que las partes procesales alcancen un acuerdo conciliatorio; en efecto, se procura la armonía social y se descongestiona el sistema de administración de justicia cuando una vez delimitado el objeto del proceso y dado por descontentado que vienen de seguido etapas trascendentales, las partes procesales frente a frente, y con la presencia de la persona juzgadora que potencialmente va a resolver su caso, tienen la opción de construir puentes para alcanzar por cuenta propia la solución de su controversia. Se trata simplemente del momento procesal ideal para arribar a convenios y contar incluso con una homologación inmediata, por lo cual se requiere defender el mantenimiento de los espacios de conciliación dentro de la audiencia preliminar.

No hay mayor perjuicio para el pensamiento jurídico que vaciar su unidad, trazando fronteras y levantando muros donde deberían existir puentes entre lo procesal y lo sustantivo, pues quien solo conoce derecho procesal en realidad no sabe de derecho procesal. Por ende, la apuesta del proceso civil direccionada en que la persona juzgadora que realiza la audiencia preliminar, sea a su vez quien participa en la conciliación, repercute en una mayor celeridad y calidad de la tramitación de los conflictos, no solo para evitar duplicidades en los estudios de expediente judiciales, sino que naturalmente (dado el conocimiento pleno del caso) se está en mejores condiciones para llevar una audiencia preliminar en general y propiciar una potencial conciliación en lo particular. A tono con lo expuesto, también la audiencia preliminar puede derivar en una abreviación del proceso cuando se resuelve una excepción procesal que tenga el potencial de terminar el juicio y disponer el archivo del expediente, v.gr. una litispendencia, o bien, que surja en ese momento alguna invocación o apreciación oficiosa de una demanda improponible, que previa garantía del derecho del contradictorio se proceda a resolver oralmente en ese momento con la consecuente terminación del proceso.

Por estas razones, las personas litigantes deben crear una conciencia activa de estudio, reflexión y preparación de cara a la audiencia preliminar, en ocasión de que la misma no se convierta en una «caja de pandora» que devengue en amargas sorpresas. La anticipación a los posibles escenarios debe llevar a que exista una cultura de responsabilidad y diligencia, dados los trascendentales efectos y consecuencias que de la misma se pueden derivar, particularmente como se da por descontado en razón de la potencial abreviación del proceso jurisdiccional.

D. La función preparatoria
La audiencia preliminar no puede ser tratada como si fuera una isla aislada dentro del iter que significa el proceso jurisdiccional, ya se justificó y evidenció ampliamente la concretización dialéctica que en esta presentan muchos de los institutos generales del proceso; pero no solo eso, sino que el principio de plenitud hermética del ordenamiento jurídico, el derecho sustancial y derechos fundamentales se encuentran fuertemente latentes y presentes en todo momento, porque el juicio (entendido como la decisión que se toma para la resolver el pleito) forma parte esencial del proceso o, mejor aún, el proceso jurisdiccional condiciona recíprocamente el potencial juicio que se va formando al ser inseparable la categórica epistemológica del resultado al que se arriba luego del seguimiento de un particular método.

En consonancia con lo anterior, la audiencia preliminar cumple una función preparatoria de cara a la práctica de los medios probatorios que se hace en la audiencia complementaria, pero esto, se insiste, se realiza tomando en cuenta la preparación del juicio que se hará de emitir y que toma contenido propio en la sentencia. De esta manera la fijación de lo que es objeto de debate (que también se refleja en la sentencia en el apartado de los hechos probados y no probados, que normalmente se construyen, discriminan y seleccionan en ocasión de la decisión jurídica que por el fondo se tome) condicionan la extensión y alcance de la admisión de los medios probatorios así como las disposiciones para su práctica que se hacen en la audiencia complementaria, todo en aras de ir perfilando —de una u otra manera— la forma en la cual se puede arribar a la solución del conflicto sometido a estrados.

En esta orientación, y con el respeto debido para otros modelos procesales diferentes, el hecho de que en el proceso civil, quien presida la audiencia preliminar sea a su vez el ponente del juicio oral público, representa sinceramente un gran acierto, toda vez, que si se coloca al frente de la misma a una persona juzgadora encargada únicamente de cuestiones de trámite que resuelve temas procesales y admite medios probatorios sin visualizar al menos sucintamente cuál es el régimen jurídico que determine la solución de la litis (porque en todo caso, es una labor que no le compete), se corre el inminente peligro de efectuar posteriormente audiencias de práctica de prueba sin mayor sentido (v. gr., se admitieron los testigos inconducentes y se rechazaron los importantes), o bien, pasar asuntos de puro derecho a fallo, cuando en realidad su objeto sí requería de la evacuación de algún medio de prueba. Es de insistir que si se separa el derecho procesal del derecho sustancial se está destruyendo el puente por el cual debe transitar la correcta formación del juicio en la sentencia y, por ende, aquella es una externalización imperfecta de una solución de un conflicto, que tal vez lo pueda resolver en autoridad, pero no en legitimidad.

E. La función revisora de la tutela cautelar
Por último, otro de los aspectos funcionales que de manera innovativa se derivan de la audiencia preliminar, radica en la vivencialidad plena que se brinda a la tutela cautelar, pues si bien en tesis de principio, para esta etapa del proceso ya una solicitud de medida cautelar debe estar más que resuelta, nada impide que, por ejemplo, que en la propia audiencia se formule otra distinta o se solicite —v. gr., en razón de nuevas circunstancias factuales o probatorias— su nueva valoración o, incluso, su variación o cancelación. De esta manera, el CPC dispone que en esta fase del proceso se está llamado a emitir pronunciamiento sobre la suspensión, la cancelación o la modificación de medidas cautelares cuando exista solicitud pendiente de resolución; es más, en ocasiones una medida cautelar puede nacer debido a la posición asumida por el demandado o por ajustes realizados en la pretensión de la demanda que informa el objeto del proceso, de allí que necesariamente debiera incluirse —por su inminente presencia— como una de las funciones propias de esta fase procesal.

Y es que la “pendencia resolutiva” puede ser muy dinámica, fluida y variable, e incluso dados los alcances de la concentración y oralidad se pueden formular inmediatamente solicitudes de medida cautelar en la propia audiencia, lo cual una vez más denota la gran dosis de estudio, compromiso y preparación que deben tener los participantes en este tipo de diligencias judiciales, sin soslayar, cómo un instituto general del proceso se viene a reflejar de vuelta en esta parte del proceso, lo cual refuerza la fundamental importancia que ocupa dentro del desenvolvimiento del litigio»

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Solución de conflictos online y audiencias judiciales virtuales

 El  Msc. Luis Mariano Argüello gentilmente pone a nuestra disposición un nuevo artículo sobre un tema de mucho interés y actualidad.   Le agradecemos mucho su aporte a este foro.  Sabemos que será muy apreciado por todos los estimados lectores litigantes. 

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    Solución de conflictos online y audiencias judiciales virtuales en Costa Rica: ¿Un escenario factible para el proceso civil?

         » En ocasión de la grave situación experimentada por la pandemia mundial asociada con el Covid-19, que entre otras vicisitudes, ha generado: la suspensión de una considerable cantidad de audiencias judiciales, así como también -a pesar de los esfuerzos realizados- algún grado de atraso en la tramitología de ciertos procesos pendientes en nuestros Tribunales; la Corte Suprema de Justicia, mediante su órgano pleno, en sesión Nº 24-2020 celebrada el día lunes cuatro de mayo de 2020, artículo XIII, aprobó el “Protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos en materia civil”.

            Ahora, el citado Protocolo tiene su origen en la sentida necesidad de buscar alguna solución (no necesariamente la única), que permitiera normalizar el estado de tramitación, avance, juzgamiento y ejecución de cientos de procesos judiciales, que simple y llanamente -por las exigencias propias de un Estado Constitucional de Derecho como el imperante en Costa Rica- no podían quedar paralizados en razón de la imposibilidad factual y/o material de realizar audiencias judiciales presenciales; dado que estas (y máxime en un «sistema por audiencias» como el instaurado en la Ley N° 9342) resultan imprescindibles para la correcta solución de los conflictos pendientes en instancias jurisdiccionales.

            La motivación del aludido Protocolo, da cuenta del fuerte y necesario arraigo de la función jurisdiccional en el sistema de valores, principios y preceptos constitucionales, que a la postre, repercuten en intentar garantizar el contenido mínimo-vital de una serie heterogénea (pero a la vez inescindible) de diversos derechos humanos y fundamentales presentes en una contienda judicial. De este modo, se entiende, que una crisis mundial o nacional, sea causada por una situación de caso fortuito o fuerza mayor -llámase SARS-CoV-2 u otra diferente o posterior- no puede generar que el sistema de Administración de Justicia, se «atrofie» o «paralice»; antes bien, la interiorización de aquellos derechos de las personas justiciables sumado a la comprensión eficiente y eficaz de lo que significa verdaderamente prestar un servicio público de calidad y adaptable a la necesidad social que satisface, conlleva a construir un camino-alternativo de respuesta; pues al fin de cuentas: ante los problemas no queda más elección, que las soluciones.

            De este modo, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho al trabajo etc, se interpretan sistemáticamente con diversas regulaciones procesales de avanzada que contiene el Código Procesal Civil (Conf. artículos 2.2, 2.7, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 5, 24.4, 25.1 41.4.5 y 7) para permitir instrumentalizar -¡vaya paradoja!- la nuevas tecnologías en el proceso jurisdiccional de cara precisamente a la etapa de audiencias, lo cual es perfectamente compatible dada la existencia institucional de diversas plataformas como Gestión en Línea, Expediente Virtual y otros, que dan pie para que aquella innovación (si se quiere llamar así), sea más fácil de implementar y por supuesto de adaptar.

            Es honor a la verdad, en este procedimiento no han faltado las voces críticas, que han pretendido solventar problemas del siglo XXI con soluciones pensadas para momentos históricos ya superados; no obstante y más allá del necesario respeto por el pensamiento ajeno, es ahora cuando deben resonar las incomprendidas voces doctrinarias que entienden al proceso civil como un fenómeno cultural, esto es, menos formalista y más realista; siendo justamente en esta hora cuando el Derecho no puede darle la espalda a la realidad, pues el proceso jurisdiccional es ideado para el ser humano y no el ser humano para el proceso, de suerte tal, que como aquel no tiene fines en sí mismos, debe buscar métodos, buenas prácticas y medios casuísticos, que lo hagan efectivo y legítimo frente a las exigencias sociales que está llamado a cumplir.

            En todo caso, quede claro que la realización de procesos de solución de conflictos online y audiencias virtuales no es en realidad nada nuevo, basta con repasar la abundante doctrina y experiencia acumulada en diversos países sobre estas prácticas; así, ha surgido una eclosión a nivel mundial en materia del consumidor, contratos en masa, comercio internacional, arbitraje etc; contando con diversas regulaciones y directrices perfectamente avaladas por ejemplo a nivel de la Unión Europea (Vilalta, 2010); y es que si bien, bajo los siglas ADR (alternative dispute resolution) y ODR (on-line dispute resolution) se propician métodos y modalidades, a la fecha, de carácter tendencialmente extrajudicial, es lo cierto, que esto no excluye la posibilidad de su implementación de cara a los procesos judiciales propiamente dichos, como lo ha demostrado, para citar un ejemplo cercano, el hermano país de Puerto Rico.

            El Protocolo aprobado para los procesos civiles no es perfecto, como ninguna regulación jurídica en la historia de la humanidad lo es; no obstante, sus treinta y dos artículos, sí representan un esfuerzo importante por impulsar la modernización y las nuevas tecnologías al mundo del Derecho Procesal Costarricense; así incluso también lo tienen claro otras materias y jurisdicciones que al día de hoy, ya cuentan con experiencia en esta modalidad, v.gr. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; sentado lo anterior, se gana en celeridad, acceso, eficiencia, y se reducen incluso costos importantes de traslados, tiempos “muertos” y gastos en salas de juicio; lo anterior, no excluye por supuesto, la brecha digital existente en nuestro país, que espera ser limitada mediante procesos transparentes y adecuados de info-alfabetización, los cuales ayudaran a propiciar un mejor desenvolvimiento de esta nueva metodología de trabajo, misma que, con la estrecha colaboración ente el Poder Judicial y el Colegiado de Abogados y Abogadas de Costa Rica, se mantendrá hasta donde resulte necesario y útil.

            Sin duda, uno de los temas más polémicos y delicados es la práctica de prueba, siendo que, en la audiencia preliminar no ha existido mayor objeción al respecto; por supuesto, que será la propia experiencia jurídica -para evocar a Capograssi- la que permita ver falencias y corregir vacíos, sin embargo, en este ámbito, conviene también dejar de lado una serie de prejuicios y sesgos ideológicos. La doctrina procesal moderna (Nieva, 2015), invita más a evaluar el testimonio antes que el testigo; aquí puede venir la “rasgadura de vestiduras” de los más conservadores, pero en nuestro humilde parecer, es un verdadero monumento al absurdo, sostener que si un testigo observa para un lado, mueve los pies o se toca la nariz está mintiendo, en realidad, autores como el español recién citado, han revisado arduamente este tema, y nos invitar a cobijar una teoría más próxima a una psicología del testimonio, donde se pondere la contextualidad, coherencia, corroboración y valoración perse de algún tipo de comentario oportunista de la declaración como tal; sin duda, y sin caer en falacias de la autoridad, podría ser una vertiente doctrinal, pero a nuestro juicio, es importante tenerla en cuenta o al menos refutarla racionalmente, de cara a su operatividad en esta modalidad de audiencias virtuales.

            Con todo, los maestros y redactores del Código Procesal Civil, siempre tuvieron muy en cuenta estas posibilidades -o al menos esto he pensado en los últimos días- incluso por allí, en su momento, circuló un proyecto de Ley que implementaba la posibilidad de introducir en la legislación procesal remates judiciales virtuales o en línea, lo cual francamente nos parece una iniciativa que debe ser seriamente retomada; será la práctica la que permita perfeccionar una teoría; o bien desecharla y tirarla al bote de la basura, no tenemos ningún problema en ello, pues al parafrasear a Goethe (citado por Fernández y Nieto, 1998), comprendemos perfectamente que toda teoría es gris, frente al verde y dorado árbol de la vida.

             No es afán de vanidad ni pedantería lo que mueve las audiencias virtuales, sino tan sólo la posibilidad -si se quiere remota- de llevar algo de normalidad en la tutela de los derechos de las personas inmersas en una contienda civil y garantizar los honorarios de abogados y abogadas mediante la posibilidad de que puedan trabajar sin contratiempos, pues hoy las leyes sustantivas y procesales solamente valen en el ámbito de los derechos fundamentales.»

Fuentes consultadas.

            Kaufmann-Kohler, G., & Schultz, T. (2004). Online dispute resolution: challenges for contemporary justice. Kluwer Law International BV.

            Cortés, P. (2010). Online dispute resolution for consumers in the European Union. London: Routledge, Taylor & Francis Group.

            Osna, G. (2019). Acceso a la justicia, cultura y online dispute resolution. Derecho PUCP, (83), 9-27.

            Vilalta, A. E. (2010). (Resolución Electrónica de Conflictos) Online Dispute Resolution. Principios de Derecho de la Sociedad de la Información, 391-442.

            Nieto, A., & Fernández, T. R. (1998). El derecho y el revés: diálogo epistolar sobre leyes, abogados y jueces (Vol. 184). Grupo Planeta (GBS).

            Fenoll, J. N. (2015). Derecho procesal:(Proceso civil). Marcial Pons.

            Proyecto de Ley 19722, contentivo de Remate en Línea.  Elaborado por el Doctor Jorge Alberto López González.

 

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La prejudicialidad en el Nuevo Código Procesal Civil Costarricense

El Msc. Luis Mariano Argüello gentilmente pone a nuestra disposición un nuevo artículo de su autoría, para todos los interesados en un tema que conforme pasan los meses y se acerca la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, adquiere cada vez más importancia.

 


 

«El jurista moderno no puede hoy dejar de tener conciencia de

este destino de trasformación por consiguiente de la relatividad

e historicidad de sus propias concepciones”.

Mauro Cappelletti

Siguiendo una técnica de redacción bastante depurada, que va de lo general a lo particular, el legislador costarricense ubica a la prejudicialidad dentro del libro primero Normas aplicables a todos los procesos, especialmente a partir de su título segundo Actividad procesal que se compone -entre otros- de un capítulo primero, Actos procesales y concretamente a partir de la sección sexta Suspensión del procedimiento. En consecuencia, será el artículo 34.2 de la Ley N° 9342 el que recoja como norma general el instituto procesal de la prejudicialidad, que en su tenor literal establece:

La existencia de un proceso penal en ningún caso dará lugar a prejudicialidad. Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que a su vez constituya el objeto principal de otro proceso no penal pendiente ante el mismo o distinto tribunal, si no fuera posible la acumulación de procesos, el tribunal, de oficio o a solicitud de parte, podrá decretar la suspensión del curso de las actuaciones. Cuando se haya ordenado instruir proceso penal por falsedad del documento base de una ejecución hipotecaria y prendaria, el remate no se aprobará mientras no haya finalizado el proceso penal. Quedará a opción del oferente mantener o no la propuesta, cuando al efectuarse el remate no se tuviera conocimiento de la existencia del proceso penal.

Como es de notar, la citada disposición permite obtener distintos corolarios, los que en seguida se pasan a exponer:

(i) En primer lugar, la prejudicialidad es una forma de suspensión del proceso, mas no la única; pues también existirá la posibilidad mediante la modalidad del acuerdo de partes por un plazo máximo de dos meses prorrogable (Ibídem, art. 34.1) o en los casos establecidos por ley (Ibíd, art. 57.1.1).

(ii) La regla de oro y que se erige en un giro copernicano en este ámbito se traduce en que, en ningún caso, el proceso penal suspende al proceso civil, razones de tutela judicial efectiva, experiencia jurisdiccional y posibilidades intraprocesales (V.gr. impugnación por falsedad documental dentro del mismo proceso civil, art 45.5, Ibídem) así lo justifican.

(iii) La prejudicialidad civil lo será únicamente respecto a materia no penal, de esta forma y sin ánimos exhaustivos, podrían hipotizarsen las variantes civil-constitucional, civil-civil, civil-agrario, civil-familia, civil-contencioso-administrativo, etc.

(iv) La prejudicialidad puede disponerse de oficio o a solicitud de parte; en este último escenario el alegato no equivale a una excepción procesal, sino que se traduce a una mera gestión y/o alegato de parte.

(v) La prejudicialidad se puede dar en relación con un proceso pendiente ante el mismo Despacho o un Tribunal distinto.

(vi) La suspensión decretada debido a un proceso no penal no está sujeta a un plazo determinado; queda a criterios de lógica, razonabilidad y proporcionalidad el determinar el lapso temporal -distancia temporis– por el cual se decretará la suspensión, situación que debe ser sopesada en ocasión del principio del impulso procesal (Ibídem, art 2.5).

(vii) La prejudicialidad es una posibilidad subsidiaria, primero se tiene que descartar la procedencia de una acumulación procesal o en su caso, la existencia de una litispendencia o abuso del proceso.

(viii) Tratándose de ejecuciones hipotecarias y prendarias, el proceso penal sí suspende una fase de aquellos procesos, sea únicamente la aprobación del remate.

(ix) Dispuesta la suspensión de la aprobación del remate por prejudicialidad, queda a opción del oferente mantener o no la propuesta, siempre y cuando no tuviera conocimiento previo de la existencia de aquella causa penal.

Para continuar leyendo descargue el artículo completo de don Luis Mariano Argüello haciendo clic sobre el siguiente link:  La prejudicialidad en el Nuevo Código Procesal Civil Costarricense

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Caducidad de la instancia en el nuevo Código Procesal Civil (Ley No. 9342)

De acuerdo con lo prometido, nos complace poner a su disposición una nueva reflexión del Msc. Luis Mariano Argüello Rojas.   Puede ver su artículo anterior en el siguiente link:  Competencia funcional del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda

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«El nuevo Código Procesal Civil (Ley N° 9342) publicado en el alcance Nº 68 de La Gaceta del día ocho de abril del año dos mil dieciséis y que entra en vigencia el próximo nueve de octubre del año dos mil dieciocho, representa una verdadera modernización del proceso civil costarricense; catalogable como una reforma procesal revolucionaria, supone una intensa actualización del juicio civil en armonía con otras reformas procesales (v. gr. contencioso administrativa) que cerca de una década antes, comprobaron con éxito los beneficios de la oralidad instaurada en un sistema procesal ágil y sencillo que potencia la búsqueda de la tutela judicial efectiva en plena relación con las garantías del debido proceso.

En esta línea, institutos procesales que mostraron su plena funcionalidad en el proceso contencioso administrativo costarricense (v.gr. capacidad procesal ampliada, legitimación procesal flexible, determinación in límine de demandas improponibles, instauración de la audiencia preliminar, medidas cautelares atípicas, sistema taxativo y limitado a nivel recursivo, justificación de una visión semiformalista en cuanto al recurso de casación, ampliación de potestades jurisdiccionales en la fase de ejecución de sentencia etc.) han sido llevados con toda certeza a la nueva regulación civil, puntualizando el inicio de un ciclo de vida más, que en el caso costarricense suelen tener las reformas procesales (civil en 1990, penal en 1998, contencioso-administrativa en 2008, de vuelta civil en 2018).

Ahora, en mérito de la verdad, el Código Procesal Civil del 2018, trae naturalmente sus múltiples y acertadas novedades propias, y entre ellas destaca –de interés a los efectos del presente estudio- la caducidad de la instancia, con lo cual desaparece el instituto de la deserción, mereciendo profundizar, si ello supone un simple cambio semántico, o por el contrario, la variación sustancial del instituto que regula la inactividad procesal en un iter jurisdiccional.

En tal orden de ideas, debe tenerse en cuenta que la caducidad de la instancia fue introducida por vez primera en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1881 (actualmente se encuentra en el artículo 237 de la Ley de njuiciamiento Civil Española del año 2000) así la doctrina de aquel país reconoce: “La caducidad de la instancia es una técnica introducida en el Derecho procesal español a finales del siglo XIX al objeto de superar el viejo criterio de que la acción ejercitada en juicio no prescribe nunca, lo que permitía mantener paralizados procesos por plazos superiores a los previstos para la prescripción de las correspondientes acciones. ” (López, 2014, p.8); dicho esto, no puede dejar de advertirse que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Art. 68) precisamente reguló en su momento, una caducidad de la instancia que era la figura aplicable a los casos contenciosos administrativos antes de la entrada en vigencia del CPCA.

 

Por otro lado, ingresando en su fundamento, el profesor suramericano, Alvarado Velloso (2010) lo entiende de la siguiente manera: “En otras palabras: dado que el proceso está constituido por una secuela de actos consecutivos que van cerrando etapas en procura de su objeto (la sentencia), la caducidad opera por mandato de ley cuando ambos litigantes abandonan la actividad que a cada uno le corresponde realizar, dejando así de producir los actos necesarios para que el proceso avance hacia su objeto.” (p.600).  Ahora bien, en cuanto a tal cimiento, existen tesis subjetivas que centran su atención en la conducta de las partes, objetivas que circunscriben la caducidad de la instancia, al tiempo de la paralización de la causa y eclécticas que combinan ambas; esta última vertiente se refleja por el profesor español, Jaime Guasp (como se citó en Artavia, 2016) en los siguientes términos: “existe una presunta intención de las partes de abandonar el proceso para extinguirlo (elemento subjetivo) y por otro, que se fija, por el contrario, en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica”.

De esta manera, en congruencia con los fundamentos tomados por la doctrina para justificar la caducidad de la instancia, esta se podría conceptualizar como aquella sanción procesal que, en ocasión de los principios de tutela judicial efectiva, economía procesal y seguridad jurídica, opera cuando la parte actora o reconventora -sin que medie justa causa- abandona el expediente judicial durante más de seis meses, incumpliendo con alguna carga procesal que previamente ha dispuesto la Autoridad Jurisdiccional; con su desatención se genera una paralización procesal que afecta a la contraparte, en virtud de la imposibilidad de la prosecución del juicio, siendo inclusive interés de la Administración de Justicia liberar a sus propios órganos jurisdiccionales de las obligaciones derivadas de la existencia de la relación jurídico-procesal.

Revisados en consecuencia el origen histórico, fundamento institucional y tomando como base, al menos un concepto entre tantos posibles, es menester centrar el análisis en la regulación normativa que presenta la caducidad de la instancia en el Ordenamiento Procesal Costarricense, de esta manera el artículo 57 del nuevo Código Procesal Civil (Ley N° 9342) dispone:

ARTÍCULO 57.- Caducidad del proceso. 57.1. Procedencia Mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia caducará la demanda o la contrademanda cuando no se hubiera instado su curso durante más de seis meses. El plazo se contará a partir de la última actividad dirigida a la efectiva prosecución. No interrumpen el plazo las actuaciones que no tengan ese efecto. Será declarada de oficio, a solicitud de parte o a petición de cualquier interesado legitimado. No procede la caducidad: 1. Si la paralización fuera imputable exclusivamente al tribunal, a fuerza mayor o cualquier otra causa independiente de la voluntad de las partes. 2. Cuando cualquiera de las partes o intervinientes impulsen el procedimiento, antes de la declaratoria de oficio o de la solicitud. 3. En procesos universales y no contenciosos. 4. En procesos monitorios y de ejecución, cuando no haya embargo efectivo. 57.2. Efectos de la declaratoria de caducidad. Declarada la caducidad de la demanda y la contrademanda se extingue el proceso y cualquier derecho adquirido con la interposición o notificación de la demanda y reconvención, pero no impide a las partes formular nuevamente las pretensiones. Sin embargo, si la inercia es imputable exclusivamente a una de las partes, la contraria podrá solicitar que se continúe con su pretensión. En ese caso, los efectos de la caducidad se producirán únicamente respecto de la parte responsable de la inercia, a quien se condenará al pago de las costas causadas.

Lo primero que debe indicarse de esta regulación, es que la caducidad de la instancia, única y exclusivamente procede en primera instancia, esto es, una vez que existe sentencia en el litigio el mismo se convierte en incaducable; asimismo, no puede caducar la instancia, de aquel proceso que esté listo para el dictado de sentencia, puesto que se parte de la premisa lógica de que en aquel, el impulso depende ya en exclusiva del Órgano Jurisdiccional, por ende, no podría la persona juzgadora o el Tribunal correspondiente ampararse en una figura como la presente, para obviar su deber y obligación de resolución jurisdiccional.

Por otro lado, debe quedar claro que la caducidad de la instancia puede ser parcial, puesto que, en aquellos casos donde exista reconvención o incluso tercerías excluyentes, nada impide que la caducidad de la instancia sea dimensionada únicamente respecto de la demanda y se continúe el juicio respecto de las demás acciones interpuestas. Esta solución deriva de la simple interpretación literal del numeral recién trascrito, puesto que la “o” dispuesta en la primera parte de aquella norma, debe ser entendida como disyuntiva, interpretación que guarda una total congruencia con el derecho fundamental de tutela judicial efectiva y principio pro actione al que tienen derecho todas las partes intervinientes y no únicamente la parte actora; pues resultaba un verdadero “canto al absurdo” decretar la caducidad –o en la vieja regulación: deserción- de todo un expediente judicial cuando la desidia era tan solo imputable a la parte actora, criterio que afectaba a partes reconventoras y terceros intervinientes, y que se traducía, a la postre, en que estas se vieran obligadas a presentar sus acciones en nuevos procesos judiciales, con clara afectación de los principios de economía y celeridad procesal. Sin duda, la nueva regulación despeja cualquier duda en cuanto al carácter autónomo que presenta la reconvención respecto de la demanda en un iter jurisdiccional, posición que resulta unísona con los postulados del Derecho Procesal contemporáneo.

En otro orden de ideas, -y amen que la caducidad de la instancia tampoco procede en procesos universales, no contenciosos y en aquellos monitorios y de ejecución sin embargo efectivo- conviene indicar qué plazo de la caducidad de la instancia se computa a partir de la última actividad tendiente a la efectiva prosecución del litigio, actividad que normalmente suele ser propia del Tribunal, por ejemplo cuando emite una providencia de prevención o recordatorio a la parte actora y que esta simple y llanamente no cumple o guarda silencio. En cuanto a este tópico, no puede dejar de advertirse que el principio de impulso procesal (art 2.5, Código Procesal Civil, Ley N° 9342) precisamente exige a las Autoridades Jurisdiccionales tomar, en relación con la causa judicial -y de manera oficiosa- todas “las disposiciones necesarias para su avance y finalización” de suerte tal, que la Administración de Justicia no puede ocupar un papel “oportunista” en cuanto a este tema y es que mal haría una persona juzgadora, en esconderse detrás de estrados para esperar sacar los asuntos a golpe de caducidades, pues ello jamás es la finalidad del instituto.

Valga comentar, que el plazo para decretar la caducidad de la instancia admite interrupciones más no suspensiones, teniendo aquellos efectos, cualquier actividad que tienda de manera directa a la efectiva prosecución del litigio. Asimismo, la caducidad de la instancia debe ser declarada judicialmente -sea a gestión de parte o de manera oficiosa- pues la misma tiene efectos constitutivos más no declarativos; lo anterior se justifica, pues si aun después de acontecido el plazo semestral, alguna parte impulsa el proceso, tal actuación vendría a interrumpir el plazo fatal para su procedencia, por ende para que exista caducidad de la instancia debe existir resolución judicial expresa y firme que así la declare.

Para ir finalizando, la caducidad de la instancia incluye el saludable efecto de la condenatoria en costas para la parte responsable y/o causante del abandono del expediente judicial. Se considera sumamente acertada la inclusión de tal sanción procesal, pues resulta a todas luces desproporcionado que, en causas judiciales, se active el aparato jurisdiccional, se causen molestias al resto de partes intervinientes y, al fin de cuentas, la parte causante de ello salga airosa del pleito judicial, sin sufrir ninguna repercusión por su actitud; una solución contraria a la regulada, conllevaría el premiar el abuso procesal, en detrimento de la función social del proceso judicial. Asimismo, la caducidad de la instancia no implica la imposibilidad de volver a plantear el litigio, pero para efectos de la caducidad de la acción o prescripción del derecho de fondo, aquel juicio caduco se tiene por no puesto.

Conviene puntualizar que en lo concerniente a medidas cautelares, el artículo 83 de la nueva legislación procesal civil regula en plena uniformidad de tratamiento la posibilidad de la caducidad de la instancia en las mismas, pero en esta regulación, el plazo aplicable deviene en diferenciado (un mes o tres meses) dependiendo del momento procesal en el cual se presente la paralización procesal, lo cual obviamente se justifica en ocasión de los caracteres de urgencia, instrumentalidad, celeridad y cognición sumaria que acompaña a toda medida cautelar, sea esta anticipada o intra-procesal.

En suma, desde la vertiente práctica y a efectos didácticos, para determinar si existe o no caducidad de la instancia dentro de un proceso judicial, se deben contestar afirmativamente las siguientes cinco interrogantes, siendo que la negación de una implica la imposibilidad para pasar al planteamiento de la próxima; se trata de un esquema de razonamiento judicial que se propone en esta investigación, y que toda persona litigante debe tener en cuenta, para facilitar el estudio de la figura aquí analizada, reafirmando que en caso de llevar a una respuesta afirmativa en las interrogantes que deben ser auto-realizadas, el resultado será la declaratoria judicial de la caducidad de la instancia. De este modo, el siguiente cuadro resume los presupuestos y forma de razonamiento para evitar equívocos en esta materia:

 

Esquema de razonamiento judicial para la declaratoria judicial de la caducidad de la instancia. Respuesta Avance
i) ¿He determinado que existe paralización procesal en este expediente? Sí.
ii) ¿He comprobado que ha trascurrido más de seis meses desde la última gestión idónea tendiente a la prosecución del proceso?. Sí.
iii) ¿He determinado que la paralización no obedece a razones de fuerza mayor?.
iv.) ¿He revisado que no existe gestión de la parte antes de la presente declaratoria?
v.) ¿En este caso no existe sentencia ni el caso está listo para sentencia? Sí.
Resultado = Resolución Judicial que declara la caducidad de la instancia

Lo recién indicado sobre la configuración procesal de la caducidad de la instancia en el nuevo Código Procesal Civil (Ley Nº9342) solo pretende abrir humildemente el debate de cara a la cercana entrada en vigencia de esta gran reforma procesal, cuyo éxito requiere un ejercicio de estudio y retroalimentación importante entre personas juzgadoras y litigantes en ocasión de paliar los dilemas de una Administración de Justicia cada día más necesitada en recuperar su verdadero lugar en la sociedad costarricense.

Fuentes consultadas.

i) ALVARADO VELLOSO (Adolfo). Lecciones de Derecho Procesal Civil. Compendio del Libro Sistema Procesal: Garantía a la Libertad Adaptado a la Legislación procesal de Costa Rica, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas, primera edición, 2010, 885 p.

ii) ARTAVIA BARRANTES (Sergio) y PICADO VARGAS (Carlos). Nuevo Código Procesal Civil, Comentarios, explicado, concordado y con referencias bibliográficas, Tomo I, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas, primera edición, 2016, 636 p.

iii. LÓPEZ RAMÓN (Fernando). La caducidad del procedimiento de oficio. Revista de Administración Pública, Madrid,  N° 194, mayo-agosto de 2014, pp.11-47.

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La competencia funcional del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda

Nos complace mucho ofrecerles a continuación un interesante artículo que el  Msc. Luis Mariano Argüello gentilmente ha querido compartir en este foro, con la promesa además de seguirnos ilustrando en próximas oportunidades con otros ensayos relacionados con el Derecho Administrativo.   Estamos seguros que sus aportes serán de mucha utilidad para nuestra querida comunidad de suscriptores.

Iniciamos hoy con esta reflexión sobre la competencia funcional del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.

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«Debido al elevado grado de inseguridad jurídica en el que se encuentran las personas usuarias de la Administración de Justicia respecto del denominado Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se considera oportuno aclarar un poco el panorama respecto de sus alcances competenciales, pues resulta alarmante la cantidad de recursos de alzada que son mal presentados y que generan costos importantes para las partes procesales intervinientes en un litigio judicial.

De modo sumario, resulta esencial reseñar, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Código Procesal Contencioso Administrativo –en adelante CPCA, Ley N° 8508 o el Código- aparte de los cuatro despachos que integran la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, mediante artículo VIII de la Sesión Ordinaria de Corte Plena Nº 34, celebrada el 05 de octubre del 2009 se creó el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que en esencia opera bajo un sistema de taxatividad impugnaticia, siendo que le corresponde resolver únicamente la apelación contra los autos dispuestos por el Código, sea aquellos que resuelven sobre: contra-cautelas, medidas cautelares, inadmisibilidades por incumplimiento de los requisitos formales de la demanda, integración de litisconsortes pasivo necesarios, embargo de bienes privados de la Administración Pública (Conf. art 28.2, 30, 61.2, 71.4 y 178 del CPCA) así como otras resoluciones que –vía interpretación- la propia Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha remitido al conocimiento de ese Tribunal v.gr. inadmisibilidad en los supuestos del artículo 92.2 del CPCA, resolución de tasación de costas, resolución que se pronuncia sobre la ejecución del acto administrativo firme y favorable, resolución final sobre el incidente privilegiado de cobro de honorarios, resolución que dispone la caducidad de la instancia o deserción del proceso.

Asimismo, también le corresponde al citado Tribunal de alzada, conocer respecto del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de las apelaciones dispuestas durante las diligencias de expropiación[1] así como las sentencias de los interdictos, sin soslayar que incluso la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, le ha delegado la potestad de dirimir los conflictos de competencia, que se generen en el seno de la misma Jurisdicción Contenciosa[2] esto es, entre el Juzgado y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Con respecto a la competencia funcional del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el siguiente extracto por su carácter ilustrativo, sintetiza lo hasta ahora expuesto, pues dilucida:

“…, debe tenerse presente que en materia contencioso administrativa, a efectos de acelerar el proceso jurisdiccional respectivo, el Legislador optó por disminuir y restringir los mecanismos de impugnación. Para ello, acudió a la taxatividad de los medios de cuestionamiento y, por consiguiente, procedió a definir cuáles son las decisiones jurisdiccionales plausibles de recurso (artículos 132 inciso 3 y 133 del Código Procesal Contencioso Administrativo). En esa línea, debe indicarse que el Código de Rito Contencioso (en adelante CPCA), determinó el recurso de apelación, únicamente, respecto de ciertas decisiones jurisdiccionales, a saber: la que resuelve, en definitiva, la medida cautelar (ordinal 30 CPCA); la que fija la caución o contra cautela en las medidas dichas (numeral 28 CPCA); la que define la integración de la Litis (artículo 71.4 CPCA); la que establece el embargo respecto de los bienes, tanto, del actor, cuanto del demandado (cardinal 178 CPCA); la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda en los supuestos previstos en el artículo 61 de esa misma norma; adicionalmente, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a través del Voto N° 000026-F-S1-2015 de quince horas de quince de enero del dos mil quince, tratándose de las ejecuciones de sentencia, incluyó para efectos recursivos verticales, lo referente a la tasación (liquidación) de costas y, mediante Voto N° 889-A-S1-2015 de doce horas treinta y cinco minutos de treinta y uno de julio del dos mil quince, concedió esa misma posibilidad en torno a la decisión del Juez Ejecutor respecto del acto firme y favorable regulado en el ordinal 176 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, el Tribunal de Casación por resolución N° 105-A-TC-09 de diez horas de cuatro de junio del dos mil nueve, brindó igual oportunidad respecto de los supuestos del numeral 92, incisos 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo.”   (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Segunda. Voto Nº 552-2015 de las dieciséis horas quince minutos del doce de noviembre del dos mil quince)

La anterior cita resulta relevante, pues como es evidente, en los últimos años ha existido una tendencia a crear recursos de apelación vía interpretación jurisprudencial de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, y es que sin demerito de la corrección teórica de tal posición, lo cierto del caso, es que al tratarse de recursos no plasmados en el texto de la ley, se crea un ambiente de inseguridad jurídica para aquellas partes no involucradas cotidianamente en los designios de esta Jurisdicción.

Finalmente, no puede dejar de advertirse, que en los llamados “amparos de legalidad” no existe recurso de alzada pues estos se resuelven en única instancia bajo las reglas de la Ley de Jurisdicción Constitucional (Ley N° 7135). Por otro lado, contra las sentencias de fondo dictadas en un proceso de conocimiento contencioso administrativo no cabe recurso ordinario de apelación sino únicamente el extraordinario de casación, aclarando que respecto del mismo, existe dentro del esquema del proceso contencioso administrativo, una ramificación dual de vías, sea dependiendo del autor, materia o tipo de conducta administrativa el mismo será de conocimiento del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo o en su caso de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Conf. Artículos 135 y 136 de la Ley N° 8508).

En suma, teniendo una noción inminentemente básica de cómo se plantea la competencia funcional del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, las partes pueden tener certeza de que impugnar o no, ante esta instancia jurisdiccional en un proceso de naturaleza contencioso administrativa, sin soslayar que al tenor del numeral 133 inc 1 del CPCA, el recurso de apelación se debe presentar directamente ante el citado Tribunal de Apelaciones, sea el propio Superior Jurisdiccional realiza de forma conjunta el juicio de admisibilidad y mérito del recurso,  caso contrario, de presentarse incorrectamente ante un Despacho distinto, la parte procesal corre el riesgo de que se decrete la extemporaneidad del recurso y sea consecuentemente rechazado de plano, de ahí la trascendencia del tema acá expuesto.»

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