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Mauricio París

MacGyver y la factura electrónica

Agradecemos a don Mauricio París este interesante comentario sobre un tema que ha generado mucha polémica en estos días a raíz de la reciente reforma al art. 460 del Código de Comercio que le concedió carácter de título ejecutivo a las facturas electrónicas.

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«Como millennial geriátrico nacido al inicio de los 80’s, crecí viendo MacGyver, aquella famosa serie en donde Angus MacGyver participaba en misiones ultrasecretas para la Fundación Phoenix. Con una navaja suiza, MacGyver lograba salir de las situaciones más complejas, echando mano a cualquier cosa que se encontraba en los sitios donde terminaba atrapado y a punto de morir. Ese ingenio de MacGyver para arreglar y construir cosas, generalizó llamar así a un arreglo improvisado que se realiza a algún artefacto. En Costa Rica, hacerle un “maguiver” al carro, al microondas, a la cafetera, es precisamente hacerle un remiendo improvisado que permite su funcionamiento. Lo que los diputados acordaron hacerle al Código de Comercio al reformar su artículo 460 para darle fuerza ejecutiva a la factura electrónica es un “maguiver” puro y duro.

El Código confiere fuerza ejecutiva a la factura firmada por el deudor o por quien este hubiera autorizado. La fuerza ejecutiva quiere decir que puede ser presentada a cobro, solicitando además embargo contra el deudor. Al entrar en vigor la factura electrónica, las facturas en formato físico dejaron de ser un documento válido, al menos para efectos fiscales. Uno de los retos es cómo cumplir con la firma del deudor para que la factura electrónica siga siendo un documento con fuerza ejecutiva.

El razonamiento de los legisladores parece haber sido el siguiente: tenemos facturas electrónicas y tenemos firmas electrónicas (en Costa Rica llamada “digital”), entonces ¿por qué no reformamos el Código de Comercio para permitir que la factura electrónica se firme entonces con firma digital? Parecía fácil de solucionar.

Pero ¿Qué es la factura electrónica? La factura electrónica es un mensaje de datos que se trasmite por medios electrónicos. Ese mensaje de datos está contenido en un archivo estructurado que permite ser leído por los sistemas informáticos del emisor, receptor y del Ministerio de Hacienda, y está contenido en un archivo XML que acompaña al correo electrónico en donde se envía la factura. Como ese mensaje de datos no está diseñado para ser leído en leguaje común, se le anexa una representación gráfica no estructurada, que es el archivo PDF que también se incluye en el correo electrónico mediante el que se transmite la factura electrónica. Entonces, cuando el reformado artículo 460 dice que será título ejecutivo la factura que conste en un documento digital (imaginamos que quisieron decir electrónico) siempre y cuando cuente con la firma digital del comprador, nos preguntamos ¿A cuál archivo se refiere el legislador? ¿A la factura electrónica, a su representación gráfica o a ambas? ¿Al XML o al PDF? Es una pregunta retórica, porque en la práctica, sólo la representación gráfica de la factura electrónica, es decir solo el PDF puede ser firmado electrónicamente. Pero entonces, hay que tener claro que lo firmado no es la factura electrónica, es sólo su representación gráfica.

Pero ¿Cuál firma digital? Costa Rica cuenta con una Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos desde el año 2005, que es el marco legal aplicable a las llamadas firmas digitales. Esa norma reconoce la firma electrónica certificada, que es la que se emite al amparo de un certificado electrónico. Para entendernos: la tarjeta blanca que se adquiere en los bancos. Pero esta firma certificada no es la única firma válida en el país. Hay firmas electrónicas no certificadas que también son amparadas en la misma legislación, y cuya única diferencia con la certificada es que no tienen la presunción de autenticidad que le confiere la norma a las certificadas.

Usamos firmas electrónicas no certificadas todos los días: el PIN del cajero automático, la contraseña del correo electrónico, el token de la cuenta bancaria, las tarjetas magnéticas de acceso o pago, o sistemas específicos de firma de documentos como DocuSign, todas son firmas electrónicas no certificadas válidas de acuerdo con nuestra legislación. Entonces, cuando la norma requiere como único requisito que la factura contenga firma digital, entonces debe entenderse que cualquier mecanismo de firma que entre dentro de la definición de firma digital es válido, no sólo la firma electrónica certificada. Esto será muy importante tomarlo en consideración, ya que buena parte de la población, y de los jueces me atrevería a decir, cree que la firma certificada es el único tipo de firma electrónica válida en el país, e imponer el requisito de que la factura electrónica sea firmada con firma electrónica certificada sería un requisito extralimitado.

El principal problema de la factura, pagaré, letra de cambio o cualquier otro documento para poder ser considerado título ejecutivo si se encuentra emitido en forma electrónico no es su firma u aceptación, sino su unicidad. Estos títulos están concebidos para ser únicos, ya que el ejercicio de los derechos en él contenidos implican su exhibición (Art. 672 Cod. Comercio). La incompatibilidad entre los títulos físicos y los electrónicos nace del concepto mismo de los documentos electrónicos, que están hechos para ser copiados. Si yo firmo un documento en mi computadora y lo transmito por correo electrónico a un destinatario que lo guarda en su computadora, los 2 tendremos el mismo documento almacenado, y no es posible determinar cuál es el original y cual la copia. Precisamente para corregir este problema estructural de Internet es que el blockchain será una gran herramienta.

La solución real, no el “maguiver”, es aprobar un marco normativo que permita generar trazabilidad a estos documentos (no sólo a la factura), en un sistema muy similar al que ya existe en el país para las anotaciones en cuenta para las acciones de las sociedades que cotizan en la bolsa. En estas operaciones, un tercero de confianza, que en el caso de las anotaciones en cuenta es la Bolsa Nacional de Valores, determina quién es el dueño de cada acción, y registra su intercambio e incluso su cancelación. Este marco legal no lo tenían que inventar los diputados, ya existe desde el año 2017, en donde la UNICITRAL emitió una Ley Modelo sobre documentos transmisibles electrónicos, legislación confeccionada por expertos mundiales luego de años de análisis. Por sorpresivo que parezca, sí, a veces las normas son precedidas de mucho estudio.

Pese a lo emocionantes y ocurrentes que terminaban siendo las aventuras de MacGyver, era claro que estábamos en el terreno de la ficción, pero cuando de la ley se trata, uno esperaría productos menos improvisados, que partan de un estudio serio de los institutos jurídicos.»

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¿Qué pasó y qué pasará con Whatsapp?

Con Paloma Szerman, Gerente de Políticas Públicas de WhatsApp para LATAM conversó en esta ocasión Mauricio París, sobre la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, sobre sus muy comentadas políticas de privacidad y sobre proyectos interesantes que se están desarrollando con gobiernos de la región con uso de la aplicación.

Los invitamos a escuchar este nuevo episodio de LexTalk en los siguientes enlaces:

Spotify: https://open.spotify.com/episode/5UfDgXqaktGWbTxnA3N7vd

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/cr/podcast/qu%C3%A9-pas%C3%B3-y-que-pasar%C3%A1-con-whatsapp/id1467478668?i=1000516451045

Soundcloud: https://soundcloud.com/lex-talk/whatsapp

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Registro de Accionistas, confidencialidad e interés público

Agradecemos al colega Mauricio París  su  interesante comentario relacionado con la nota que publicamos ayer en este mismo blog sobre la nueva funcionalidad de Consulta Pública que se encuentra disponible en la plataforma del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.

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«La Ley 9416 creó en su artículo 5 una obligación muy puntual: que las personas jurídicas proporcionen anualmente al Banco Central el registro o la indicación de sus accionistas o beneficiarios finales con participación sustantiva en dichas entidades. El artículo 7 dice que única y exclusivamente se solicitará “identificación” de los accionistas, nada más. No critico ni cuestiono la conveniencia de esta normativa, que se entiende útil en la lucha contra la evasión fiscal y la legitimación de capitales.

Sí critico la actuación del Banco Central en la implementación de este registro, por dos motivos: el primero, la extralimitación en la información requerida. Una cosa es identificar quién es el accionista de una persona jurídica, que es lo que ordena la ley, y otra muy distinta es obligar a suministrar su dirección física, correo electrónico, número de teléfono, documento de identificación, nacionalidad y fecha de nacimiento, datos personales que la ley no ha habilitado al Banco Central, ni al Ministerio de Hacienda ni al Instituto de Control de Drogas a tratar, por lo que estas entidades están realizando tratamiento de datos personales de facto, sin norma jurídica habilitante. Y el problema es que, si esa información no se completa en el formulario web, no se puede cumplir con la obligación de reportar al accionista, es decir, su suministro se vuelve, de facto, obligatorio.

El segundo motivo, es un módulo llamado “Consulta básica del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales”, que opera en la página web del Banco Central como base de datos de acceso irrestricto sin ningún tipo de sustento legal para esos fines. Haciendo uso de esta herramienta, resulta que usted puede consultar, con el número de identificación costarricense o extranjero, si una persona física tiene o no acciones en sociedades en Costa Rica. No se puede ver en cuáles sociedades ¡Ya sólo eso faltaría! Se establece que la idea de esa consulta es que una persona pueda verificar si está incluida en la base de datos, sin embargo, dada la publicidad de facto que tienen las cédulas de identidad en Costa Rica, y sin ningún tipo de medida de seguridad o control de acceso, lo que sucede es que se puede verificar libremente si un costarricense es accionista o no de una persona jurídica local. Este dato en sí mismo es un dato personal, que permite hacer inferencias socioeconómicas sobre sus titulares, y que no tiene ninguna base de legitimación para operar en una base de datos abierta.

Pero aún mas, la propia Ley 9416 establece que la información que se suministra al Banco Central es confidencial, y establece fines específicos para su utilización. Dentro de estos fines no se encuentra la consulta pública sobre si una persona está incluida o no en dicho registro. Entonces, la habilitación de este módulo viola la legislación de forma evidentísima, pero además deja claro que el responsable de esta base de datos no entiende el carácter sensible de la información que tiene en sus servidores, lo que preocupa aún más.

Éramos tantos y parió la abuela. A este elenco de gazapos, se suma la Sala Constitucional, que con el voto 05806-2021, de 19 de marzo, echa sal a la herida. Resulta que algo llamado “Observatorio Ciudadano de la Transparencia Fiscal”, que no tiene siquiera personalidad jurídica, acude ante la Sala reclamando que el Ministerio de Hacienda no les quiere dar lo que denominan “información estadística” del Registro de Accionistas, a saber: cuántas entidades deben informar sus accionistas, cuántas lo han hecho y cuantas no, cuántas personas físicas aparecen como accionistas “sin repetición alguna”, cuántas personas físicas repiten como accionistas en varias sociedades, cuántas son nacionales y cuántas son extranjeras, y los porcentajes de participación que tienen en dichas sociedades. Le llaman información estadística porque es anonimizada, es decir, no están pidiendo el nombre de los accionistas, pero lo que pasa, es que ante la apertura de facto del deber de confidencialidad en la “consulta básica” antes mencionada, identificar a una persona con nombre y apellido está a la vuelta de la esquina, y el perfilado de todos los accionistas de este país probablemente le tome un par de días a un buen científico de datos.

Pero que ese “Observatorio” pida esta información no es lo relevante, lo relevante es que la Sala Constitucional, aun ante las explicaciones que le da el Ministerio de Hacienda de que no puede suministrarla porque no cuenta con los mecanismos técnicos para extraerla, y además porque la legislación dice que es confidencial, sin mayor justificación de su razonamiento, concluye que esta información es de interés público, y entonces, manda al Ministerio de Hacienda, con el dinero de sus impuestos y los míos, a hacerle el trabajo al “Observatorio” de tabularle estadísticas. En un razonamiento pobrísimo, la Sala dice que lo que se solicita son “cifras sobre el contenido, no el contenido como tal” de la base de datos, y que la confidencialidad es aplicable al contenido, no a las cifras relativas a este.

Por casos como este es que resulta fundamental que se discuta y se apruebe en el país una ley de acceso a la información pública que fije reglas y criterios claros que determinen cuando una información es pública y cuando no, para vetarle a los magistrados la prerrogativa de facto que se han arrogado de fijar, caso por caso, y generalmente no con el mejor criterio (salarios de los funcionarios públicos, por ejemplo), qué información tiene esta condición o no.

La violación de los derechos de protección de datos de los ciudadanos por los poderes públicos está a la orden del día, pero hay violaciones de violaciones. Poner en riesgo la inversión, sobre todo la extranjera, por este tipo de insensateces es sumamente serio, y merece corrección inmediata por las autoridades.

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¿Qué es un «liquid lawyer» y cómo convertirse en uno?

Mauricio París tuvo una interesante conversación con Carlos de la Pedraja, Vice Decano de IE Law School en Madrid sobre el nuevo perfil de abogados que requiere la industria legal moderna, y como bajo el concepto de «abogado líquido» se engloban muchas de las características de este nuevo profesional en derecho. Es un insumo importante para los nuevos profesionales, pero también para aquellos no tan nuevo que buscan reinventarse.

Los invitamos a escuchar el nuevo episodio de LexTalk en los siguientes enlaces:

Spotify: https://open.spotify.com/episode/0aFp5EZ0y5uHEq4JFzyoal

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/cr/podcast/qu%C3%A9-es-un-liquid-lawyer-y-c%C3%B3mo-convertirse-en-uno/id1467478668?i=1000513639722

Soundcloud: https://soundcloud.com/lex-talk/liquid-lawyer

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Diseccionando a fondo el Proyecto de Empleo Público

Les compartimos el nuevo episodio del podcast LexTalk dirigido por Mauricio París,  en el que dos expertos laboralistas, Judith Corella y Daniel Valverde, diseccionan a fondo el proyecto de Ley de Empleo Público, para descubrir lo bueno, lo malo y lo feo del texto, que promete seguir dando de qué hablar.

Los invitamos a escuchar las dos partes que componen este episodio en los siguientes enlaces:

Spotify: https://open.spotify.com/episode/4siYYN1RM70FJX0hTO3h2l?si=dPbboFm1QkuhNfj3S-Vgzg

Apple Podcast https://podcasts.apple.com/cr/podcast/lextalk/id1467478668#episodeGuid=tag%3Asoundcloud%2C2010%3Atracks%2F1010848654

Soundcloud https://soundcloud.com/lex-talk/empleo-publico-parte-1

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Lextalk: Emperadores de la Economía Digital

El 2020 representó el inicio de una serie de acciones legales en los Estados Unidos contra los «emperadores de la economía digital», en especial Facebook y Google, que afrontan procesos legales que pueden reconfigurar por completo la industria de la tecnología en los próximos años. Los principales elementos de análisis están relacionados con el derecho de la competencia y la privacidad. Este tema es desarrollado en el nuevo episodio de LexTalk por Mauricio París, con sus invitados Álvaro Quesada y Warren Corrales.

Los invitamos a escuchar el episodio en los siguientes enlaces:

Spotify: https://open.spotify.com/episode/2vARooSNNYgtodQl4r3GBI?si=x7WfL63-RkqrdKXGjohBcA

Apple Podcast https://podcasts.apple.com/cr/podcast/lextalk/id1467478668?i=1000508529288

Soundcloud https://soundcloud.com/lex-talk/los-gigantes-de-la-tecnologia-en-su-laberinto

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¿Cómo pautar con influencers y no ser demandado en el intento?

Los influencers se han convertido en una pieza fundamental de la industria publicitaria. Se estima que representan US$8000 millones de facturación anual, y muchos de ellos han de su actividad en redes sociales su principal fuente de ingresos, y llegan a constituir verdaderas empresas entorno a su imagen. En Costa Rica, cada día más empresas pautan por medio de influencers. La interacción entre los influencers y su público, y entre las marcas y los influencers está sujeta a una serie de regulaciones legales, que son abordadas en el nuevo episodio del podcast LEXtalk, en el que Mauricio París conversa con Ana Cristina Mora, experta en Derecho del Consumo sobre este novedoso y actual tema.

Los invitamos a escuchar el episodio en los siguientes enlaces:

Spotify: https://open.spotify.com/episode/3A8SDXmJS9FHZhkF15cuWj?si=B1yQlAL7SamCPjiC7c45QQ

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Cannabis law: el modelo uruguayo

Se discute en la Asamblea Legislativa el Expediente No. 21.388 para legalizar el cáñamo para uso industrial y el cannabis medicinal y terapéutico. De aprobarse esta legislación, Costa Rica entraría a competir en un cotizado mercado internacional para producir estas plantas con fines industriales. Uruguay fue el primer país del mundo en legalizar la producción de cannabis en 2013, y es el referente regulatorio latinoamericano por excelencia.

En el nuevo episodio del podcast LEXtalk, Mauricio París conversa con la Dra. Viviana Cervieri sobre el modelo regulatorio existente en el Uruguay, del cuál el país puede aprender valiosas lecciones.

Los invitamos a escuchar el episodio en los siguientes enlaces:

Spotify: https://open.spotify.com/episode/7yuZRlUHksDCjIJE68na47?si=-xsfL1baTP-yqXK3o39f9g

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/cr/podcast/lextalk/id1467478668?i=1000493142185

Soundcloud: https://soundcloud.com/lex-talk/cannabis-law

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