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Manfred Sáenz Montero

Aseguramiento de dineros involucrados en fraudes electrónicos

Agradecemos a don Manfred Sáenz Montero su completo e interesante artículo sobre el  “Protocolo para la devolución expedita de fondos retenidos por entidades financieras”  que recomendara hace algunos días la Oficina del Consumidor Financiero, una instancia de carácter privado en el seno de la Asociación Bancaria Costarricense, a las entidades bancarias y financieras ante el lamentable incremento de estafas electrónicas en el país.

Don Manfred es Licenciado en Derecho,  máster en administración de negocios y en  gestión de riesgos,  con más de treinta años de experiencia profesional, exfuncionario del Ministerio Público y abogado de entidades bancarias públicas y privadas durante los últimos veintiséis años, autor de diversas publicaciones de naturaleza penal y bancaria.

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ASEGURAMIENTO DE LOS DINEROS INVOLUCRADOS EN FRAUDES ELECTRÓNICOS

(Comentarios al “Protocolo para la devolución expedita de fondos retenidos por entidades financieras” y a la Circular administrativa 02-ADM-2021 “Disposiciones generales sobre el abordaje inicial en causas por estafa informática” del Ministerio Público de enero del 2021)

 

San José, 26 de julio del 2021.

  1. Introducción.

En los últimos días, en los medios de comunicación colectiva se ha difundido con gran interés lo que ha sido denominado como “Protocolo para la devolución expedita de fondos retenidos por entidades financieras” (en adelante “Protocolo”), de la Oficina del Consumidor Financiero (en adelante OCF), y en virtud del cual se asegura que las víctimas de defraudaciones electrónicas (o digitales) podrían recuperar su dinero en forma expedita y segura. Para ello, el citado “Protocolo” se sustenta en la circular administrativa 02-ADM-2021 “Disposiciones generales sobre el abordaje inicial en causas por estafa informática”, para compeler a las entidades financieras a adoptar su contenido y aseverar ante el público general la eficacia y efectividad de su contenido.

Comprendemos las motivaciones y preocupaciones de la OCF, de tratar de establecer la forma en que las personas víctimas de fraudes electrónicos (o digitales) protejan su patrimonio y tomen medidas efectivas tan pronto se percaten de haber sido objeto de una conducta delictiva. No obstante, respetuosamente no compartimos que esas inquietudes se traduzcan en una herramienta sustentada en una circular carente de sustento legal y, que de esa forma se generen falsas expectativas con los clientes del sistema financiero y, peor aún, se apele a argumentos (falacias) de autoridad para inducir a las entidades financieras a adoptar un protocolo que carece de sustento jurídico-legal en cuanto a la disposición del dinero se refiere.

  1. Objeto de análisis

En los primeros días de julio del 2021, la OCF comunicó a las entidades financieras invitación para “sumarse” al “Protocolo para la devolución expedita de fondos retenidos por entidades financieras”, dado que en su criterio el “Protocolo” “…que es uno de los diversos esfuerzos que realiza la OCF para promover una industria más sólida y próspera, a la vez que se suma a los beneficios que el sector brinda a la sociedad costarricense…”. En la introducción el citado “Protocolo” afirma:

“…Es oportuno señalar que no existe una disposición normativa que impida el bloqueo y la oportuna devolución de los fondos, por parte de la entidad financiera destino a la cuenta de la víctima. Inclusive, existen algunas entidades financieras que ya vienen aplicando protocolos internos para proceder de una manera similar con la devolución de los fondos retenidos. Una de las finalidades del presente Protocolo es precisamente unificar o generar un estándar básico de actuación por parte de las entidades financieras que lo acojan.

La importancia de promover un Protocolo como el indicado es que en la actualidad, la gestión común para que dicho dinero sea devuelto a la cuenta de la entidad financiera origen (en caso de que el dinero haya sido retenido), requiere una resolución de un juez penal que autorice tal movimiento a la entidad, proceso que resulta largo y tedioso para la víctima, junto con los costos asociados.

En la práctica, para lograr obtener dicha resolución pueden pasar varios años, provocando un grave e innecesario perjuicio al consumidor financiero, al no poder disponer del dinero que le fue sustraído, y además tener que incurrir en los costos de un proceso legal involuntario.

Por otro lado, hemos confirmado con los mismos miembros del sector, que los riesgos asociados a la devolución del dinero a las víctimas por parte de las entidades financieras, sin mediar esta resolución de un juez penal, pueden mitigarse, por cuanto el titular de la cuenta destino, en una abundante mayoría de los casos, es un mero testaferro del criminal, por lo que no tiene cómo demostrar el origen de los fondos, aunado al hecho de que se tiene a una persona reclamando en vía judicial el monto estafado.

El riesgo también se puede acotar mediante el establecimiento de un tope al monto que se puede devolver mediante esta diligencia, que si bien puede ser definido por cada entidad, la OCF propone la suma de ₡3.000.000, de conformidad con la información aportada por las mismas entidades financieras.

Una tercera forma de acotar ese riesgo lo constituye la circular administrativa 02-ADM-2021 emitida por la Fiscalía General de la República y dirigida a los fiscales, que le otorga un peso determinante al oficio que genera la fiscalía, y constituye un respaldo esencial para las entidades financieras…” (el destacado no es del original).

El citado “Protocolo” indica, en lo que se refiere específicamente a la “devolución” de dineros a las personas víctimas de supuestos hechos delictivos lo siguiente:

“…3. En caso de que el dinero se encuentre retenido, la entidad financiera de la cuenta origen le indicará a su cliente que, para proceder con la reversión del dinero retenido, se requiere presentar como prueba ante éste la denuncia penal y el oficio del Ministerio Público, en donde se autoriza la reversión del monto retenido a la cuenta origen. La entidad financiera de la cuenta origen le hará llegar la prueba por el medio más idóneo a la entidad financiera de la cuenta destino, en un plazo máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la información completa por parte del cliente.

4. Con dicha prueba se entendería que es suficiente para que la entidad financiera de la cuenta destino reverse el dinero retenido y lo transfiera a la cuenta origen, o a la cuenta que se indique, en un plazo máximo de diez días hábiles, esto de conformidad con la circular administrativa 02-ADM-2021 de la Fiscalía General de la República…” (el destacado no es del original).

Por su parte, la circular administrativa 02-ADM-2021 suscrita el 08 de enero del 2021 denominada “DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ABORDAJE INICIAL EN CAUSAS POR ESTAFA INFORMATICA” del Ministerio Público (en adelante MP), en su artículo 3º (Abordaje inicial en la investigación relacionada a las técnicas de ingeniería social), en su inciso 2) dispone:

(Para continuar leyendo,  descargar texto completo del artículo del Lic. Manfred Sáenz)

También para conocer el texto completo de los siguientes dos documentos, descárguelos a continuación:

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