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Carlos Camacho

No se relaje, el riesgo sigue ahí

Nuevamente don Carlos Camacho nos brinda sus oportunos comentarios sobre un tema que ha generado mucha preocupación, especialmente a las sociedades inactivas que en pocas semanas deberán declarar por primera vez en el formulario D.101  Declaración de Impuesto sobre la Renta.

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Muchos contribuyentes se confundieron, quizá en acción refleja a sus deseos, y creyeron que sus problemas del incremento patrimonial no justificado y la respectiva tributación al 30% de impuesto de renta habían desaparecido con la publicación de la resolución 30-2020 de hace una semana.

Sí, la resolución 30-2020 deroga la, en extremo conflictiva, resolución DGT – 75-2019, pero le traigo un balde de agua fría: ¡El riesgo sigue ahí!

Recomiendo, para una mejor comprensión del tema en sus profundas consecuencias, leer el presente artículo en conjunto con el de la semana anterior denominado: ¿Está consciente que su patrimonio está en riesgo? De La República del 10 de noviembre.

Mi intención no está en el balde de agua fría; más bien, pretendo hacer un llamado responsable y profesional a los contribuyentes. Les tengo la mala noticia que en realidad tal resolución no vino sino a enmendar problemas legales que ponían en riesgo la aplicabilidad de los predicados de la resolución 75-2019, para sanearla y aplicarla sin mayor tropiezo jurídico.

Es bueno saber qué fue lo que cambió para poder entender que, en realidad, la resolución que los contribuyentes creían apagaba su agobio, no es más que el maquillaje del lobo con piel de oveja. La nueva normativa disfraza la misma perversa pretensión de gravar su patrimonio acumulado a nivel de entidades jurídicas.

Sentido contrario a una norma de ablande de las consecuencias de la resolución que deroga, llega ésta a poner los cepos en las posibles condiciones abusivas de aquella navideña resolución del año 2019.

Los cambios los repasamos en sus elementos.

En el artículo primero, se establece la sustitución del procedimiento de inscripción por deber de iniciativa del contribuyente, que mayoritariamente había dejado sin considerar aquel calendario vencido de inscripción según digito final de la cédula jurídica, convirtiéndolo en una disposición de inscripción de oficio. Ya de esto si se pueden despreocupar los contribuyentes.

Esta inscripción de oficio se ha efectuado con el mismo dígito de actividad económica, con un cambio en el nombre de la actividad que es de orden cantinflesco, como muchas de las acciones de la actual Administración.

El nuevo nombre de la actividad es “persona jurídica legalmente constituida”, esto no deja de llamar la atención pues toda persona jurídica debe constituirse de forma legal, lo que constituye el asunto tautológico o dicho en sentido popular, cantinflesco.

Asimismo, la resolución de la semana pasada indica que se inscribirán aparte de las sociedades mercantiles, aquellas de otra naturaleza cuya inscripción no corresponda al Registro Público Mercantil.

Se mantienen los deberes establecidos en el artículo 22 del Reglamento de Procedimiento Tributario, en especial lo que concierne a: “(…)En esta debe consignarse toda la información que solicite la Administración Tributaria y que permita identificar en forma clara al obligado tributario, su actividad económica -principal y secundaria-, el domicilio de la actividad económica, el nombre del representante legal cuando proceda, la dirección del domicilio fiscal, dirección de la casa de habitación del representante legal y la identificación personal o social del que se inscribe, datos de establecimientos auxiliares, así como cualquier otra información adicional que determine la Administración Tributaria, mediante resolución general.”

En el artículo segundo, se entra en el análisis de una norma didáctica que es la división entre personas jurídicas consideradas como activas e inactivas, donde concentraremos la atención en aquellas consideradas como inactivas que son el motivo del revuelo nacional.

Se define en el artículo 2 de la resolución DGT-38-2020, qué son personas jurídicas inactivas:

“Las personas jurídicas que no hayan realizado actividades lucrativas o sustantivas en el período fiscal deberán presentar la declaración jurada del Impuesto Sobre la Renta, formulario D-101, que establece el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N° 7092 y sus reformas. Para tal efecto deberán incluir la información de activos, pasivos y capital social atendiendo las Normas Internacional de Información Financiera (NIIF) y la resolución DGT-R-029-2018”

Es aquí donde reparan el fiasco jurídico en el que se les habían salido los colmillos y afilados dientes de la confiscatoriedad. Eliminan el formulario D.135 y su claro y perverso fin de gravar el patrimonio por un maquillado D-101 en el que los contenidos son exactamente los mismos que se planteaban para el D.135.

Evitan en el fondo denominar aquello, en el estricto sentido como impuesto al patrimonio; un antijurídico evidentemente, pues los tributos son principio de reserva material de ley consagrado en nuestra Constitución Política en el artículo 121.13.

En la resolución de la semana anterior, la Administración se apertrecha de municiones de normas anti-elusión que pretenden dejar cerradas las puertas que algunos contribuyentes estaban pretendiendo abrir: en primera instancia el dar cuenta de ser activas para evitar caer en la obligación – medida que entendía mal el fondo de la norma – o el proceder con la desinscripción de la sociedad del Registro Único de Contribuyentes.

Respecto de la pretensión de los contribuyentes de aparentar la actividad, debemos recordar la combinación del artículo 1 del Reglamento de Impuesto sobre la Renta, en el inciso primero que indica la definición de actividad.

El contribuyente debe cumplir con la definición, que supone el ordenamiento por medios propios de los factores de la producción con ánimo de obtener un resultante lucrativo de dicha ordenación. Por tanto, no basta con inscribir una pretendida actividad, sino que se requiere de la sustancia, así como de dar cuenta de una actividad con ánimo de lucro.

Otra tendencia que se cierra en el ámbito de la resolución es precisamente la de pretender la desinscripción para evitar caer en la sujeción de las sociedades inactivas.

En el artículo 5 adicionado en la DGT 38-2020, se indica: “Las personas jurídicas no podrán desinscribirse como contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta en tanto existan y mantengan su vigencia jurídica, de manera que mantendrán su condición de contribuyentes sea que realicen o no actividades lucrativas o sustantivas”.

Es decir, o es activa con sustancia, o es inactiva y debe mantenerse inscrita con obligación de declarar, aspecto que cierra la puerta excepto por los casos de disolución o extinción por los motivos previstos en el pacto constitutivo o el marco normativo que las regula, no tiene como escapar.

Se crea además un nada inofensivo artículo 6 que versa sobre la imposibilidad de obtener patentes o licencias, a sociedades inscritas como inactivas o bajo el numeral 960113 personas jurídicas legalmente constituidas, lo que cierra posibilidad de contar con la titularidad de activos intangibles, tales como nombres comerciales, patentes de invención, diseños o cualquier otra que sea la ostentación de un derecho, que no puede entenderse registrado sin explotación, lo que lo devuelve a la casilla de los inscritos como persona jurídica con actividades lucrativas. Dicha titularidad conlleva obligaciones de precios de transferencia conforme el artículo 81 bis de la ley de impuesto sobre la renta, con la contraparte que explote aquel derecho, sea esta nacional o extranjera tal y como rezan las normas de precios de transferencia.

Finalmente, solo para denotar lo fiero del enfoque antielusión tenemos dos transitorios únicos -vaya control de calidad tienen estos fabricantes de resoluciones. El primero de los cuales indica:

TRANSITORIO ÚNICO. – En tanto se deshabilita la desinscripción en el Registro Único Tributario en el portal de ATV para las personas jurídicas, según indica el artículo 5 de esta resolución, la presentación de dicho formulario no surtirá efectos de desinscripción sino únicamente para indicar la fecha de fin de las actividades lucrativas previamente registradas, sin necesidad de notificación alguna al interesado”.

Es claro que nos quieren a todos en el canasto. Subyacen dos preguntas para su reflexión: ¿ha tomado acción sobre este riesgo que está por carcomerse su patrimonio? Asimismo, ¿está consciente de que, si no hace nada, nadie lo va a hacer por usted?

Les invitamos a no dejarse apantallar, ni por espejismos ni por la ignorancia de los que predican que no pasa nada, sí está pasando, está por pasar y será materia de dolorosos procesos poder demostrar documentalmente el origen fiscal de su patrimonio.»

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¿ESTÁ CONSCIENTE QUE SU PATRIMONIO ESTÁ EN RIESGO?

Nos permitimos transcribir a continuación, interesante artículo del Dr. Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho, experto en servicios de auditoría, consultoría contable y asesoría tributaria, publicado en La República.NET

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«Entramos en la recta final de preparación para el próximo cierre de un período fiscal absolutamente sin precedentes. Al cierre 2020 le aplica un nuevo cuerpo normativo en materia de imputabilidad de ingresos y restricciones de gastos, que indudablemente hace que despierte hasta al más trasnochado de los contribuyentes.

En las últimas semanas los contribuyentes han ido cayendo en cuenta también, del peligroso efecto de una imposición que recae concretamente sobre sus patrimonios por años acumulados, so pena de tener que tributar por los mismos a una tarifa del 30%, como tarifa general del impuesto sobre la renta.

Concretamente, el foco de atención es el de las “inofensivas” sociedades inactivas, en las que el costarricense y no pocos extranjeros, han descansado en guardar sus bienes, acumulados a través del tiempo, sin más que cuidar algunos deberes tales como: el pago del impuesto de las casas de lujo en el caso que les aplicara, el impuesto de bienes inmuebles, así como el impuesto de las sociedades inactivas.

Sinn embargo, a la pregunta recurrente sobre si todas estas cargas tributarias – ya honradas y cumplidas – son eximentes o no, de la posibilidad de aplicación por parte de la Administración Tributaria del artículo 5 de la ley de impuesto sobre la renta, la respuesta es no.

Estamos ante cargas tributarias que, si bien pesan sobre los mismos sujetos, tienen otro objeto de imposición y gravan otro tipo de hechos generadores distintos a aquellos que puedan resultar del incremento patrimonial no justificado.

Puede esto resultar en una imposición tan gravosa que llegue a ser confiscatoria; eso corresponderá a las Sala Constitucional decirlo, pero lo que es claro es que, en la fase actual, unas cargas no eximen de esta otra más gravosa, por cierto, que todas las anteriores en su conjunto.

La fuente de esta preocupación surge de la nueva obligación de toda sociedad que “aunque no tenga actividad”, debe presentar sus declaraciones anuales; empezando, como todo el resto de las reglas en materia de renta que resultan de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, al final del presente año 2020. El ajuste hacia el nuevo periodo fiscal con cierre al 31 de diciembre próximo, con fecha de presentación el 15 de marzo de 2021.

La obligación resulta del nuevo texto reformado de la ley de impuesto sobre la renta en su artículo 2, que obliga a todas las sociedades inscritas en registros públicos a presentar declaración de impuesto sobre la renta, que terminó siendo, según la resolución 75-2019, una declaración – como ya hemos aclarado – del patrimonio de las empresas.

La Administración tributaria hasta “ha ofrecido ayuda al contribuyente” para que, llevando cruz y clavos, le preparen su mortuoria declaración de patrimonio.

¿Dónde radica la preocupación?

En la capacidad jurídica de aportar en el momento que lo requiera la Administración Tributaria, los documentos que acrediten que el patrimonio yacente en las sociedades de mera tenencia de bienes cumple con alguno de los siguientes supuestos:

a. Que provienen de rentas gravadas que ya pagaron los respectivos impuestos sobre la renta – tanto de utilidades como de renta disponible o dividendos, o

b. Que los recursos provienen de actividades económicas declaradas pero que, por sus características, ya sea en Costa Rica o su país de origen, hayan tenido la consideración de rentas exentas, o

c. Que provengan de rentas que ya en Costa Rica, o el país de origen, se consideran no afectas a la imposición por una condición de no sujeción legal.

En el anterior a) b) c), reside el dolor de cabeza de muchos contribuyentes; quienes consideraron que la tenencia de bienes en las sociedades, aparte de ser lo más recomendado y recomendable, no tenía obligaciones legales otras que las ya mencionadas, pero que tienen como objeto diversas manifestaciones de hechos generadores, por lo que no eximen de la aplicación de la norma de incrementos patrimoniales injustificados.

El problema que se plantea en la vida práctica es el obtener prueba fehaciente de que los bienes son resultado de alguno de todos los supuestos de cumplimiento tributario mencionados. Este es el causante del dolor de cabeza y cada situación varía en condiciones muy variopintas. Vamos a analizar algunos supuestos concretos que son comunes de encontrar y que apabullan a los más diversos contribuyentes de todo tamaño.

Empezamos por el caso de un profesional liberal, que, en el ejercicio de su profesión a título personal, acumuló en sus declaraciones de impuesto sobre la renta suficiencia de recursos para explicar el patrimonio que tiene en sociedades de las que es último beneficiario – según el registro de beneficiarios finales que está depositado en el Banco Central de Costa Rica. El profesional, probando haber tributado y acumulado un valor de renta disponible después de impuestos, que sea suficiente para justificar sus gastos de vida, así como haber ahorrado para comprar digamos un inmueble de alto valor en el que reside, enfrenta un engorro administrativo de recabar las pruebas, pero por medios directos o indirectos está en condiciones de poder cumplir en fase de fiscalización con las obligaciones de su sociedad inactiva.

Hemos hecho este ejercicio y hemos invitado a varios contribuyentes a hacerlo y el resultado es una muy diversa casuística. Por mencionar algún ejemplo; el profesional antes dicho, tenía rentas omisas en sus declaraciones de impuesto sobre la renta – inclusive sobre esta situación la propia Contraloría General de la República da cuenta en diversos estudios anuales de cumplimiento y pago de impuesto sobre la renta – de lo risible de las cargas que soportan los profesionales liberales, no todos, pero sí en el conjunto. He ahí una beta de problemas que hay que resolver y pronto.

Estas rentas no declaradas, que se fueron guardando en forma de inversiones bancarias, bursátiles, inmobiliarias o mobiliarias, resultan emerger en el patrimonio de sociedades que, por no poder dar cuenta de devengos por cuenta propia de dichas fuentes de recursos, que expliquen el patrimonio en ellas “guardado o custodiado”, llevarán a analizar la condición de cumplimiento del socio.

Al analizarlo se encuentra con que los valores declarados son insuficientes para dicha justificación.

De esa diferencia, es la que deben sobrellevar la carga del incremento patrimonial no justificado las empresas que hayan acumulados bienes de estas personas profesionales del ejemplo, que bien aplica para empresarios o beneficiarios de regímenes como el régimen simplificado abusado entre otros muchos casos.

En otro de los supuestos que es transversal como ejemplo encontramos el empresario que, aunque declarando todas sus rentas en el país por los negocios locales, resulta que obtenía unas bonificaciones por los productos que distribuía en Costa Rica, pero, como las mismas provenían del extranjero, le era conveniente entender que aquello era no sujeto al impuesto costarricense.

Las bonificaciones no fueron declaradas, pero sí invertidas en bienes muebles o inmuebles, o inversiones financieras, en sociedades de mera tenencia de bienes, donde hoy cuenta con un patrimonio que, de dar la explicación arriba indicada, caería en el problema del concepto de la fuente generadora de rentas para la correcta aplicación del principio de territorialidad.

Es decir, se topa con que su intento de entenderse no sujeto al impuesto costarricense, es ahora, que, al revelarlo, se identifica que deberá tributar por aquellas rentas, entendidas como “no sujetas”, pero que, debido a la extensión del principio de territorialidad a los supuestos de vinculación a la estructura económica o jurídica del país, eran sujetas a imposición en el país.

En el artículo 5 hay una excepción a la aplicación de la sujeción del incremento patrimonial no justificado, pero se debe ser capaz de probarla por los medios lícitos en derecho, tal es el caso de la repatriación de capitales.

Cuidado aquí por dos motivos:

Primero, por el hecho de tener que probar que los eventos han tributado conforme las normas del país de origen, así como la obligación legal de entender que la repatriación debió ser objeto de actos bancarios que se deben poder probar en tal sentido, cayendo en otras zonas de gran peligro de pretender que se justifique como resultado de repatriaciones de capital, hechas “en efectivo.”

¡Vaya lío en el que se puede poner el contribuyente que lo pretenda! Entre otras cosas, en materia de lavado de activos.

Otros supuestos pueden ser quienes, sin contar con esencia o sustancia material demostrativa de actividad económica, puedan llegar a argumentar que sus rentas provienen de participaciones pasivas de entidades extranjeras que provocaron ganancias en remansos – paraísos – fiscales donde no había obligación de tributar.

¡Cuidado aquí con las transacciones que, en vinculación económica, jurídica o presunta resulten estar ligadas con actividades costarricenses que mermaron la base imponible del pagador local del impuesto por estas “sociedades de papel”!

Recuerden los penosos “papeles de Panamá” que fueron seguidos de diversas otras investigaciones de jurisdicciones, en especial en el Caribe, donde desde la realeza de Europa, hasta políticos costarricenses actuales y pretéritos salieron en las listas de estas utilizaciones convenientes de “sociedades de papel”.

Por último, no podemos dejar de mencionar los casos de quienes adquirieron bienes por medio de sociedades, como se dio en usar y abusar en materia de inmuebles previo a la remediación del concepto de traspasos indirectos. Resulta fundamental tener en consideración este aspecto a la luz de sociedades que ni siquiera fueron decisión de su actual propietario-beneficiario final- sino de quien, mediante su enajenación, pretendió o logró evadir los impuestos tanto de traspaso, como de renta en muchos casos, a vista y paciencia de la Administración Tributaria.

Ante esta panorámica, lo que podemos decir es que la casuística es tan diversa, que lo verdaderamente sano como sociedad, para evitar un descalabro de lucha de clases en momentos tan tensos como los actuales, es dar paso a la norma que hemos promovido desde hace varios años en relación con un “puente de plata.”

Una norma que promueva una regularización voluntaria, con costo fiscal, no una amnistía que sería descarada e inmoral, sino una vía que promueva en paz social el cumplimiento extemporáneo, pero viable financiera y jurídicamente, de las omisiones pretéritas que tanto eran responsabilidad de un sistema de agujeros fiscales por doquier, como de una Administración Tributaria cómplice por actividad negligente, como por la permisiva condición de actos de corrupción de sus funcionarios, sin mayor consecuencia para el corruptor ni el corrupto.

Lo que planteamos es que, mediante una norma previa a la entrada en vigor de la regla draconiana de gravar el patrimonio al 30%, se dé una oportunidad – última y definitiva – de regularizar y actualizar activos, así como pasivos, para determinar patrimonios fiscalmente regularizados, como se ha hecho en todos los países donde la Administración fue tolerante, siendo hasta cómplice, de las situaciones descritas.

Mediante una ley urgente en la que se logre recaudar, de la regularización y actualización de manera civilizada y con reglas claras, unas tarifas razonables que hagan accesible la inclusión fiscal de situaciones que, previo a estas normas no desvelaban a nadie y ahora no dejan a nadie dormir.

De optar por este camino, la norma la hemos escrito y descrito ante varias autoridades de Hacienda y el Congreso, ya que requieren de acción inmediata de orden legislativo, en lugar de destruir más aun la base de la riqueza nacional y la pérdida de fuentes de certeza jurídica tan importante en las bases de un Estado de derecho.

En Grupo Camacho Internacional estamos listos para ayudarles en la valoración de su situación concreta que puede complicada o simple, es la suya, es la que realmente importa. Hay que salvar su patrimonio y al hacerlo, debemos emplearnos a fondo en el cuidado de no hacerlo de forma burda, mucho menos ilegal. hay esperanza, lo que no queda es tiempo.»

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Ahora es tiempo

Agracemos a don Carlos Camacho, socio director de la firma de consultoría Grupo Camacho Internacional, su artículo sobre las nuevas obligaciones tributarias que las sociedades inactivas tendrán que asumir a partir del próximo año.

Sobre este mismo tema, expertos de esta prestigiosa firma impartirán una capacitación virtual el próximo 29 de octubre a las 5:00 p.m. Interesados en suscribirse pueden hacer clic en el siguiente link: ¡Mucho cuidado! Declaración de Sociedades Inactivas. El riesgo detrás de la obligación

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«Los nuevos retos y sorpresas por la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no se acaban… ¡Aún casi dos años luego de aprobada en la Asamblea Legislativa! Empresas, empresarios, personas físicas y por supuesto, inversionistas locales y extranjeros continuamos adaptándonos a la nueva normativa.

Una sorpresa para la que se acaba el tiempo es la inclusión en el artículo 2 de la ley de impuesto sobre las utilidades de una nueva regulación, en su inciso a) indicando la obligatoriedad de declaración para:

“a) Todas las personas jurídicas legalmente constituidas, con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa, las sociedades de hecho, las sociedades de actividades profesionales, las empresas del Estado, los entes colectivos sin personalidad jurídica y las cuentas en participación que haya en el país”

Esta declaración de impuesto sobre la renta, en tesis de principio, podría verse como mera tramitología pues uno declara renta cuando la hay; no así cuando la actividad no cumple con los supuestos de organización de bienes de capital, trabajo, inteligencia o gestión para lograr un resultado. Muchas personas jurídicas, que no llevan a cabo dicha condición de actividad, cuando enfrentan la norma del artículo 2 a), pasan a veces despistadas de las consecuencias que esto puede acarrear.

Vale la pena insistir que en los próximos meses, hasta el 31 de diciembre de este inolvidable 2020 – un largo año fiscal de transición, entre otras calificaciones que cada uno puede aportar desde su óptica propia, debemos revisar si tenemos sociedades que caen en el supuesto de inactivas; con particular énfasis en aquellas que son sociedades de mera tenencia de bienes.

Una entidad de mera tenencia de bienes conlleva la obligación de declarar, donde lo que es objeto de declaración es precisamente los bienes que tiene, ya sean estos muebles o inmuebles. Estos bienes deben estar apropiadamente contabilizados, sean locales o extranjeros, ya que la distinción no alcanza al patrimonio, cuando a territorialidad se refiere.

Muchos contribuyentes, con el sesgo de la tradición fiscal, caen en el equívoco de considerar que, si no tiene que declarar, no tienen que llevar contabilidad, obviando que el deber de contabilidad deviene de las normas del Código de Comercio, no así de las normas fiscales, que solamente se valen de la existencia de la base contable para determinar a partir de valores ciertos, las bases imponibles de diversos tributos.

Es por eso que hoy debemos asumir con conciencia lo que la Administración Tributaria está esperando de contribuyentes con sociedades de mera tenencia de bienes: una declaración de patrimonio con fecha 31 de diciembre 2020 habiendo cumplido de previo – o sea ya – con la primera obligación de inscribir el código de actividad 960113 “personas jurídicas constituidas en el país que no desarrollan actividad de fuente costarricense”.

La declaración anual de estas sociedades inactivas, donde el asunto de riesgo que queremos subrayar reposa en las que siendo inactivas son tenedoras de bienes, deben se presenta en el formulario D.135 “Declaración patrimonial para personas jurídicas inactivas.” Para completarlo el contribuyente cuenta con el mismo plazo que los contribuyentes de renta, es decir hasta el 31 de marzo de 2021.

Tenga consciencia de la consecuencia tributaria de esta declaración: Quien tiene sus bienes en sociedades de estas características podría ser sujeto a un impuesto sobre la renta del 30% del valor de su patrimonio, que no sea susceptible de ser fiscalmente justificado.

Un patrimonio está fiscalmente justificado cuando proviene de fondos que sean resultado de rentas disponibles. Es decir, de rentas que hubiesen pagado en su momento el impuesto sobre la renta respectivo a la generación de dicha manifestación de riqueza, o que no correspondía a fuentes que, por la naturaleza de los fondos, no les alcanzaba la obligación legal de haber tributado, ya por exención o por no sujeción.

El asunto es un tema probatorio. Es decir, la cuestión fiscal no se refiere a la licitud de la actividad de la que provienen los fondos, aspecto que es fiscalmente irrelevante, si no a poder probar documentalmente la fuente generadora de las rentas que le dieron origen a dicho patrimonio.

Siguiendo la lógica jurídica de la integración de la norma, si una entidad costarricense se inscribe bajo la categoría indicada, se supone que las fuentes de la renta no son costarricenses. Ahora bien, como la cuestión es de forma, debemos entender que, en una sociedad inactiva, los bienes no resultan de su actividad, por lo que la norma del artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta, trataría las partes que no sean susceptibles de probar origen fiscal, como incrementos patrimoniales no justificados, sujetos al 30% del impuesto sobre la renta.

El tema obliga a acción a los contribuyentes con bienes en sociedades inactivas, quienes deben enfrentar la obligación de declarar y justificar, ante una fiscalización, las fuentes fiscales de sus bienes en custodia de sociedades que ahora son transparentes para la Administración Tributaria; como resultado del registro de beneficiarios últimos.

Nótese que, además, no aplican reglas de prescripción establecidas en el artículo 8 modificado del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Una veda a la posibilidad de decir, esto no es conmigo, la sociedad la he tenido por 20 años y eso está prescrito.

La mala noticia es que no lo está y que dicha imputación de prescripción surge a partir del momento de la determinación hecha por la Administración en fase de fiscalización.

Es recomendable que los contribuyentes se asesoren apropiadamente. Deben contar con que las normas de transparencia fiscal internacional ponen de manifiesto información relevante en materia tributaria, que incluye en el análisis particularizado de cada caso, los activos locales y los que se tengan en el extranjero, so pena de que, de detectarse por información de terceros, incluida la información proveniente del intercambio internacional se puede llegar a encausar la omisión, dependiendo de la cuantía, por vía penal tributaria. Una vía recién estrenada por la Administración, con su primer caso finalizado 16 años después del inicio del proceso.

A pesar de todas las dificultades y angustias propias del 2020, es fundamental concientizar este riesgo que recae en cabeza del ente jurídico o, a la vez, en el beneficiario último que se haya indicado en el registro de beneficiarios finales. Un registro que se ha puesto en marcha en la mayor parte de los países, incluida la novedosa condición en nuestros vecinos Nicaragua y Panamá.

Se ha acabado la era del oscurantismo fiscal. Hay que actuar para lograr trasparentar los patrimonios, labor nada menuda, pero indispensable a fin de evitar que le tomen por una desagradable sorpresa que llegue a agravar la ya de por sí difícil situación que enfrentamos todos en este complejo momento de la historia económica y vital de cada uno.

Cuando se combinan estos factores con un gobierno que esta sediento de recursos, no es bueno apuntarse a la tesis peregrina, de eso no me va a pasar a mí. Que se acompaña de la otra, que escuchamos con frecuencia, yo no soy tan grande, no soy de interés para Tributación.

Con la ayuda de la tecnología, el potencial recaudatorio de lo descrito es potente y no importando su tamaño, imagino que a nadie le resulta siquiera pensable perder el 30% de su patrimonio.»

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Alerta sociedades inactivas

Nos permitimos transcribir a continuación, interesante artículo del Dr. Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho, experto en servicios de auditoría, consultoría contable y asesoría tributaria, publicado recientemente en La República.NET

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«La ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 4 de diciembre recién pasado plantea diversidad de retos y sorpresas a empresas, empresarios, personas físicas y por supuesto a inversionistas tanto locales como extranjeros. La inclusión en el artículo 2 de la Ley de Impuesto sobre las Utilidades de una nueva regulación, en su inciso a) indicando:

“a) Todas las personas jurídicas legalmente constituidas, con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa, las sociedades de hecho, las sociedades de actividades profesionales, las empresas del Estado, los entes colectivos sin personalidad jurídica y las cuentas en participación que haya en el país” Tienen el deber de presentar su respectiva declaración de impuesto sobre la renta.

¿Cuál es la relevancia de esta norma, qué nuevas luces pueden llegar a vislumbrarse de su aplicación?

Las entidades de cualquier naturaleza, en especial aquellas que sean tenedoras de bienes o derechos dentro o fuera el país, tienen tremenda tarea por el frente, más que de orden operativo, de carácter estratégico. El motivo es, en especial el deber probatorio del origen de los recursos de la entidad que se han generado la causa económica de dicha riqueza, para justificar la existencia de los bienes de los que dichas entidades son titulares.

Vamos a tratar de empezar por lo sencillo:

El artículo 5 de la ley de impuesto sobre la renta, así reformado desde la Ley de Justicia Tributaria de 1995, indica que:

“También forma parte de la renta bruta cualquier incremento del patrimonio que no tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y declarados, a partir del período fiscal siguiente a la vigencia de esta ley.”

Por tanto, una entidad que tenga un bien inmueble con un valor de un millón de unidades monetarias de valor, cuyo capital social sea de diez mil unidades monetarias, tiene un incremento patrimonial de novecientos noventa mil unidades monetarias. Dicho incremento de patrimonio puede o no ser justificado. Si lo es y el contribuyente tiene medios probatorios que soporten que la proveniencia de los fondos aportados ha sido sometida a la tributación correspondiente, o que estaban exentos de dicha obligación, se debe entender que no está justificado y por ende tributaria por el impuesto sobre las utilidades a una tarifa del 30%.

Esto ya ha sido así por los últimos veinticuatro años, excepto que no había medios de determinación constatable de los bienes de los que las entidades inactivas eran titulares, así como no había obligación de declarar a efectos del impuesto sobre la renta, lo que dejaba un gran orificio a la evasión fiscal en algunas ocasiones. Muchos contribuyentes arguyen que es sencillo, es cuestión de decirle a la Administracion que este patrimonio es resultado de sus ahorros de la vida, pero si esto solo se argumenta y no se logra probar con los medios que en derecho corresponde, esto se convierte en una buena salida, pero las posibilidades efectivas de salir airoso en un posible litigio son ínfimas.

Si conjuntamos las dos reglas, la anterior y la nueva del deber de toda entidad y le agregamos la disposición transitoria de que se transcribe en el párrafo anterior, tenemos la fórmula de la consecuencia fiscal de la cándida norma del artículo 2, transcrito arriba.

El transitorio relativo a la amnistía fiscal, en el inciso g) indica:

“g) Los contribuyentes que tomen la decisión de registrarse ante la Administración Tributaria podrían declarar y registrar incrementos no justificados de patrimonio, con lo cual deberán reconocer una tarifa única del quince por ciento (15%), cuya base imponible será el valor de mercado del patrimonio, pudiendo la Administración Tributaria verificar el valor de los bienes que se están regularizando.

No podrán regularizar incrementos injustificados de patrimonio provenientes de actividades ilícitas, en todo caso dichos incrementos podrán ser fiscalizados y denunciados ante las autoridades correspondientes.” (el subrayado no es del texto original)

Esto supone que la intención del legislador es activar la tributación efectiva de los incrementos patrimoniales no justificados ya en fase de amnistía al 15% o dando herramientas e impulso a la Administracion Tributaria, para que contando con las declaraciones respectivas se determinen en fase autodeterminativa la obligación del impuesto sobre la renta respectivo, o en fase de fiscalización, con el amplio acceso a la red de fuentes de información relevante en materia fiscal tanto local como internacional, para que dichos incrementos patrimoniales constituyan renta bruta que tributará al 30%.

Hemos de tomar en consideración, que el estándar común de reportes financieros-conocido por sus sigla en inglés CRS- entró en su segundo año de aplicación en setiembre de 2018, momento en el que Costa Rica entrega y tiene accesible información de sus residentes fiscales para efectos de detectar activos financieros que se encuentren en titularidad de estas entidades nuevas declarantes, que de aparecerles el afloramiento de un nuevo patrimonio, lo harían sujeto a la imposición sobre la renta local, si no tiene los medios probatorios efectivos para demostrar la condición de no sujeción prevista en el propio artículo 5 de la ley de renta, o si el mismo no está efectivamente excluido de la renta bruta según lo establecido en el artículo 6 de dicha ley.

Que no le sorprendan, que no sea usted el último en enterarse que la Administracion Tributaria ya conoce los activos que su entidad tiene dentro y fuera de fronteras costarricenses, donde la omisión de la declaración podría calificar eventualmente como un medio idóneo de inducción a error a la Administracion, con lo que lo rojo se hace colorado, sea que aparte de tener un problema impositivo, tiene consecuencias potencialmente punitivas en el ámbito penal tributario. Tome acciones de prevención, el tiempo es corto y para agravar las cosas, estas noticias coinciden y no por mera coincidencia, con la entrada en vigor del registro de beneficiarios últimos a partir del próximo mes de marzo.»

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Sociedades anónimas dejarán de existir el 1 de enero

Con este llamativo título, don Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho, experto en servicios de auditoría, consultoría contable y asesoría tributaria, nos comenta sobre un tema que ha generado mucha inquietud en las últimas semanas.  Agradecemos a don Carlos su autorización para difundir este artículo publicado también en la  La República.NET

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Otros comentarios en este blog sobre el tema del Registro de Accionistas y Beneficiarios finales puede hacer clic a continuación:
En consulta pública resolución sobre Registro de Accionistas
Firma digital será necesaria para cumplir obligación Registro de Accionistas
Nuevo Reglamento Registro de Accionistas y Beneficiarios finales

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«Como parte de las herramientas para luchar contra el fraude fiscal, las sociedades anónimas dejarán de existir a partir del 1° de enero de 2019.

Se trata de la implementación del Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales, allí deben quedar inscritos los dueños, persona física y que sea beneficiaria final, de cualquier sociedad o estructura jurídica costarricense.

Deberán reportarse los socios con participación igual o mayor a un 15% del capital social; obligación que tendría que cumplirse anualmente, o bien, cada vez que algún accionista igualase o superase dicho rango de participación.

Con esto prácticamente se pierde la condición de anónima de una sociedad, porque se tiene que dar obligatoriamente esa información, que será manejada por la Dirección de Tributación, Banco Central y el Instituto de Control de Drogas.

Esta nueva normativa tendrá un gran impacto, porque no solo se trata de llenar un formulario, lo más importante es que la información que se brinda debe ser verídica, pues de lo contrario las empresas enfrentarán severas sanciones.

Para el caso de sociedades o personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, será el representante legal o autorizado quien debe proveer los datos sobre la totalidad de las participaciones que posean esas personas jurídicas, hasta llegar a identificar a los beneficiarios finales.

El plazo ordinario de presentación de la declaración es una vez al año, del primero al 30 de abril.

No obstante, aún parece que existen dudas sobre la implementación de dicho reglamento, tal y como ocurrió con el arranque de la obligatoriedad de la factura electrónica.

¿Cuándo le corresponde?

Las sociedades deben presentar la declaración, dependiendo del número de su cédula jurídica, funcionará así:

Marzo 2019      Cédulas jurídicas terminadas en 0

Abril 2019         Cédulas jurídicas terminadas en 1

Mayo 2019         Cédulas jurídicas terminadas en 2

Junio 2019        Cédulas jurídicas terminadas en 3

Julio 2019          Cédulas jurídicas terminadas en 4

Agosto 2019        Cédulas jurídicas terminadas en 5

Setiembre 2019  Cédulas jurídicas terminadas en 6

Octubre 2019       Cédulas jurídicas terminadas en 7

Noviembre 2019  Cédulas jurídicias terminadas en 8

Diciembre 2019   Cédulas jurídicas terminadas en 9

Preste atención a la disposición

Expertos en temas tributarios consideran que el registro único será una herramienta importante para luchar contra la evasión.

Luis Diego Barahona

Director de Legal e Impuestos

PwC

El Banco Central de Costa Rica administrará esta información. La ley le exige que la administre garantizando siempre y adecuadamente su autenticidad, integridad, confiabilidad, confidencialidad, entre otros.

La documentación que sustente la declaración jurada, deberá ser conservada en original por parte de los sujetos obligados en caso de ser requerida por la autoridad.

Carlos Camacho

Socio director

Grupo Camacho

El reglamento de registro de accionistas llega a poner las reglas de orden en relación con los deberes de todas las entidades, nacionales o extranjeras operando en el país, de hacer del pleno conocimiento de la Administración Tributaria y del ICD, los beneficiarios últimos de las entidades, con o sin personería jurídica propia.

Ivannia Méndez

Gerente legal

Grant Thornton

No es solamente subir la información al sistema, sino tener el total de documentos que la sustentan.

Los obligados al suministro de la información deben resguardar toda la documentación que respalde lo declarado en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales y deben mantenerla a disposición de la Administración Tributaria y del Instituto Costarricense sobre Drogas, para los procesos de control.»

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¿Qué acciones deberíamos estar tomando?

Transcribimos esta semana un nuevo artículo de don Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho, experto en servicios de auditoría, consultoría contable y asesoría tributaria, publicado hoy en La República.NET en relación al plan fiscal que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa.

Aprovechamos para recordarles el Seminario que don Carlos impartirá nuevamente el próximo 24 de julio, a solicitud del público, sobre la aplicación de la factura electrónica y las consecuencias del IVA en la práctica jurídica. Interesados pueden obtener información más información aquí.

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«En las últimas columnas hemos concentrado nuestro análisis a qué está ocurriendo en el entorno empresarial costarricense, en especial en el ámbito regulatorio, tanto en relación con los procesos de reforma fiscal, como las regulaciones relativas a las actividades no financieras reguladas. Es un buen momento para hacer la conexión a la cotidianidad de la empresa y el empresario, para determinar qué acciones debemos estar tomando a la luz de los cambios del entorno regulatorio, a fin de poder tomar la mejor ventaja legal posible de las condiciones transitorias que se presentan con el “efecto anuncio” de una reforma fiscal significativa y la entrada en vigor de las acciones respecto de las entidades no financieras reguladas.

Solo como reporte de avance del plan fiscal, es importante indicar que el procedimiento abre dos días para recepción de mociones en la comisión respectiva, el primero de los cuales ocurrió el pasado jueves 5 de los corrientes, debemos entender que estos son días legislativos, es decir, que no son días consecutivos sino jornadas de sesiones especiales, corresponde ahora después de recibidas las mociones presentadas por todas las partes interesadas, a dicha comisión efectuar un escrutinio y valoración de las admisibilidad de las mismas hasta que se agote esta fase, no se abrirá al segundo día de mociones al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanza Públicas. Esto se espera ocurra antes del final de julio, de ser así, se abre la posibilidad de una votación por convocatoria especial a primer debate, en el mes de agosto, que debemos recordar es uno de los periodos de sesiones extraordinarias donde el Poder Ejecutivo es el que maneja la agenda legislativa. De lograrse la etapa de comisión en el mes de julio, en agosto se podría tener una votación de primer debate, lo que es una prioridad nacional y sería natural que el Ejecutivo convocara prioritariamente este proyecto hasta su aprobación. Hemos de recordar que estos cálculos son una cábala de difícil predicción, ya que la dinámica legislativa es multidireccional y logra grandes acuerdos como desmorona los existentes en materia de un guiño de ojo.

Dadas estas condiciones del entorno, ¿qué debe estar haciendo el empresario hoy ante estos cambios que se avecinan? Ya en el plazo dicho o en uno mayor pero siempre anterior al final del año. Sin duda, la primera acción es conocer qué hay en el proyecto presentado, yendo más allá de lo que los medios publican, pues la complejidad y profundidad de la reforma, son de tal dimensión que quien quiera darse por enterado y tomar decisiones con lo que se conozca en prensa, está dejando sus decisiones y patrimonio a la deriva.

En materia de IVA los contribuyentes todos, en especial los nuevos, deben tener un plan de acción técnicamente elaborado, con la ayuda de expertos que estén profundamente sumergidos en el día con día de la reforma y no de conocedores de segunda mano, de cuáles serán las acciones operativas, financieras, estratégicas y comerciales que establecerán a fin de sacar la mejor ventaja y mitigar de manera más efectiva los impactos en los costos, el procesamiento de la información, las necesidades de capital de trabajo, así como la métrica de los efectos de elementos técnicos de la regulación del IVA, como las de las reglas de prorrata especial y prorrata general, así como el tratamiento y control de las acciones relativas a la inversión del sujeto pasivo en el consumo de servicios de no residente y el efecto financiero del mismo. No hay un plan de talla única, cada empresa, profesional y empresario tiene diversidad particular de situaciones que hacen de su casuística un asunto distinto en planeación de las particulares situaciones que están a punto de enfrentar y cómo manejarlas al menos con el menor impacto negativo, cuando no sacando alguna ventaja competitiva por cambios funcionales que se pueden llevar a cabo en razón del conocimiento del cuerpo principal del proyecto, no caigamos en la falacia del desconocimiento ilustrado, esta versa sobre que aún no es tiempo de estudiar la norma, pues aún está en proceso de cambio, ciertamente es así, pero la falacia consiste en que no está todo por construir, el cuerpo vertebral de las normas tiene hoy suficiente perfil para definir las grandes líneas estratégicas, dejando alguna de las operativas para cuando ya se tenga texto aprobado. Pero aprobado el texto, toca actuar, no empezar a conocer, ni a planear, pues puede ser demasiado tarde.

En materia de impuesto de ganancias de capital, es fundamental entender la mecánica de este impuesto, saber cuándo una renta será tasada al 15%, como tal ganancia de capital y cuándo por el contrario dichas manifestaciones de valor incremental materializado, se gravan al 30%, cómo se pueden afectar mediante estructuraciones y reorganizaciones empresariales y de grupos económicos, el apalancamiento tarifario, a la luz de la nueva realidad de dura asimilación que incomoda y es que la habitualidad o no de los actos no los deja fiscalmente inmunes ya más, solo habrá que ver si se trata de una u otra tipología de rentas que se puede llegar a mitigar el posible efecto de dichas ganancias. Esperar a ver el texto final es innecesario, ya sabemos que va a doler, todo lo que podemos es mitigar el dolor o soportarlo indefectiblemente, es una opción libre, hasta que sea tarde donde ya no habrá opción.

Respecto de renta, el proyecto ha tomado una serie de medidas incrementales en los diversos textos, que lo hacen cada vez más integral en materia de este impuesto, lo que debemos tener claro los contribuyentes, es que no es para aliviar nuestras cargas tributarias directas, mucho menos para reducir los de por sí altos niveles de costo de cumplimiento, como presiones fiscales indirectas. Por el contrario, la tendencia es aumentar las normas antielusivas, mediante reglas de apalancamiento deducibles con límites a la deducibilidad de la carga financiera aumentando el costo efectivo del financiamiento, eliminar la deducción de los gastos con jurisdicciones de tributación laxa, la versión tica de “diverted tax”, así como aumentar el espectro de las obligaciones ahora de orden legal de las transacciones intragrupales dentro y fuera del país conforme se crea la ley de precios de transferencia. Este aspecto debe ser de atención especial para todos los contribuyentes con transacciones con vinculados jurídicos, económicos o presuntos en especial ante el anuncio de la semana anterior de la capacitación intensiva recién concluida por funcionarios de la Administración Tributaria, impartida por expertos de primer nivel del CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias) y la SAT (Servicio de Administración Tributaria) de México.

En realidad, lo que el empresario y el profesional deberían estar haciendo es estudiando, diseñando estrategias y dimensionando la gestión de los riesgos resultantes del embate de los procesos de cambio. Para aquellos que digan que es poco sensato hacer nada pues es probable que la reforma no pase, les tengo una noticia más alarmante, los planes que habría que hacer son de salvataje de empresas, enfrentar una devaluación e inflación galopantes, debiendo entrar en medidas de contención del gasto empresarial, de la reducción de las inversiones, los recortes de la grasa empresarial, con el cuidado técnico de evitar cortar arterias y perder lo que por años hemos acumulado, es decir, para uno u otro de los escenarios, debemos estar planeando, que no nos tome desprevenidos pues los cambios pueden tornarse en realidad por activa o por pasiva. ccamacho@grupocamacho.com «

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Texto sustitutivo del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

Nos permitimos transcribir a continuación,  un completo artículo que el Dr. Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho, experto en servicios de auditoría, consultoría contable y asesoría tributaria, publicó recientemente en La República.NET  en relación al Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 20.580

Agradecemos a don Carlos su colaboración en mantenernos informados sobre estos temas que, en el momento de ser aprobados, impactarán sin lugar a dudas  las prácticas financieras y contables de los profesionales en Derecho.  Agradecemos también que nos facilitara el texto sustitutivo de este  Proyecto de ley.  Puede descargarlo haciendo clic a continuación:  VER TEXTO PROYECTO DE LEY 20580)

Aprovechamos para recordarles el Seminario que don Carlos estará impartiendo el próximo 24 de julio, a solicitud del público, sobre la aplicación de la factura electrónica y las consecuencias del IVA en la práctica jurídica.  Interesados pueden obtener información más información aquí.

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«Es evidente la huella que ha tenido la entrada en acción de la nueva jerarquía del Ministerio de Hacienda, en especial cuando se ve el nivel incisivo con que el texto presentado la semana pasada a consideración de la Asamblea Legislativa, se adentra en reformas que si bien deben ser mejoradas aún, aportaran indudablemente al menos del doble de lo que originalmente se previó para el plan de medidas tributarias, que en conjunto con las medidas iniciales en el área de gastos, significan pasos en la dirección correcta para la solución endémica de la condición fiscal del país.

Aunque concuerdo con las manifestaciones hechas por los diputados sobre la urgencia de las medidas para la reducción del gasto, creo que es indudable el cambio de ritmo y dirección que ha dado el Ministerio de Hacienda, aspecto que por sí mismo debe provocar tanto la certeza a los diputados de que este plan de impuestos —con las correcciones necesarias— es el que hay que aprobar sin más dilación, ya que la espera a las medidas de contención más agresivas del gasto, requerirá más tiempo y profundidad para que las exacciones al Estado sean inteligentes y eviten en la medida de lo posible los previsibles problemas sociales que conlleva una reforma del Estado como la que necesita Costa Rica.

Tanto los organismos internacionales como los diputados y los agentes económicos privados, debemos jugar con un riesgo, el menor en las condiciones existentes, siendo este el de dar lugar a la reforma tributaria con una vigilante actitud de urgencia para la reforma integral del Estado que logre la necesaria condición de efectivo equilibrio de largo plazo de las finanzas del Estado, aspecto que es una aspiración legítima tanto del Estado mismo como de sus ciudadanos y agentes económicos libres. El riesgo mayor es esperar a lo perfecto, siempre enemigo de lo bueno, por lo que el riesgo calculado como menor en señales y efectos concretos es la aprobación de la ya de por sí tardía reforma impositiva.

Sobre los cambios más importantes en el texto sustitutivo debemos dividirlo en tres partes, las modificaciones al IVA, las normas de novedosa aparición para cumplir con las normas BEPS, así como las que van directo a las arterias de la recaudación.

Respecto del IVA, debemos insistir que se han de incluir medidas correctivas en la acreditación plena del IVA de la canasta básica, según la que la neutralidad a la sujeción a tarifa reducida se logre, esto debe ser reformado en la comisión de estudio del proyecto para que se haga una acreditación tal como la que está permitida en las ventas al Estado y las de las exportaciones, ficciones jurídicas ambas que permiten evitar el aumento en los costos de estos y parece de recibo que lo sea en el caso de la canasta básica tributaria. Por otra parte, se eliminan los transitorios que beneficiaban temporalmente actividades lúdicas de turismo, las que entrarán de una vez a tarifa plena, así como aquellas complejas normas de tarifas escalonadas en relación con los servicios al sector construcción. Sin duda estas dos últimas normas calzan también en la categoría de a la aorta recaudatoria, visto el impacto de estas actividades en la generación de valor económico agregado de la economía, como es característico casi a todo servicio.

Respecto de las normas de cumplimiento de BEPS, debemos remarcar dos en particular: las que regulan las capitalización exigua o reglas de subcapitalización, las que de todas formas hay que revisar con atención a la realidad propia de las condiciones del contribuyente, en especial en aquellas actividades más sensibles al financiamiento, entre más primarias son las actividades económicas sus niveles de requerimiento de recursos de terceros, préstamos en regla general, son necesarios, por tanto, reglas iguales a sectores distintos pueden quebrantar el principio constitucional de igualdad entre iguales, aspecto que se torna crítico en las actividades de orden agrícola e industrial, de menor impacto en comercio y servicios, siendo variable en la nueva generación de la economía digital y la investigación relacionada con esta. Se crean reglas de transacciones híbridas donde se confunden las reglas aplicables a las entidades extranjeras controladas con las relacionadas a las disparidades de los híbridos, aspecto que va a requerir una de dos opciones: o que se hagan reformas sustantivas para que la norma sea aplicable o dejarla para otro momento donde la Administración esté en mejor capacidad de distinguir una acción de la otra, ambas del mismo cuerpo normativo de BEPS. La que parece una peligrosa aventura que no consideramos opcional es la de aprobar una norma cuya confusa redacción y mezcla conceptual abre las puertas de una corrida de litigios evitables, que ya de por sí hoy saturan los estrados judiciales.

En relación con aquellas medidas que van a las arterias recaudatorias, destaca la eliminación completa de la exención de las cooperativas con independencia a su actividad y tamaño del impuesto sobre la renta mediante la derogatoria del articulo 3 d) de la actual ley 7092 de Impuesto sobre la renta, esto agregará a la potencia recaudatoria del proyecto al menos dos o tres puntos porcentuales del PIB, lo que podría aliviar de manera importante el efecto en la corrección del déficit de las finanzas públicas en una medida singular. Se les permitirá el alivio en la base imponible de cálculo de la obligación tributaria en renta, la deducibilidad de las reservas especiales que por disposiciones legales diversas se les han incorporado a las cooperativas, en una norma análoga a la que se le ha incluido en el mismo proyecto a las reglas de las entidades financieras. A la vez se hace una significativa eliminación de la dispersión tarifaria del impuesto de remesas al exterior, quedando todas las rentas de no residentes en dos tarifas, la del 15% y 25%, aspecto que toca de manera sensible temas como telecomunicaciones, transportes, seguros y reaseguros, dejando en mejores condiciones temas como las rentas empresariales de los no residentes, las de difusión de novelas y otros de índole lúdica, aspecto que simplificará en mucho la condición litigiosa de ciertas prestaciones de no residentes y causará un significativo impacto en el orden recaudatorio. Por último, se mantiene una condición pesada sobre las rentas del trabajo con tarifas del anterior 15% al 25%, aspecto que debe reconsiderarse con una posición más integral a la persona física con normas de renta global progresiva que permitan una mayor justicia tributaria material en las personas físicas que contribuyan en concordancia con los principios de capacidad contributiva actual y real, efectiva y progresiva, según la diversidad o singularidad de sus rentas, de forma que la equidad el sistema en las personas supere las meras formas de las actuales cédulas del impuesto a las que nos cuesta superar con el consiguiente efecto regresivo en la tributación de los asalariados en especial.

Vemos y destacamos muchos esfuerzos en la dirección correcta, muchísimos mejorables por medio del trabajo legislativo que resta, es importante que las mociones de fondo a estudiar se adecuen a este nuevo texto y que el mismo sea la piedra sobre la que se construya evitando estar en un continuo proceso de cambio de textos que solamente demorarán más aún las fases procesales restantes de este expediente.  ccamacho@grupocamacho.com «

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Los profesionales en Derecho y el impuesto al valor agregado

Don Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho, con más de 39 años de experiencia en servicios de auditoría, consultoría contable y asesoría tributaria, pone a nuestra disposición este interesante artículo sobre un tema, que de aprobarse en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley 20.580, impactará sensiblemente a los profesionales y sus prácticas financieras y contables.

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«Costa Rica enfrenta una crisis fiscal sin precedentes en la magnitud, gravedad e inflexibilidad para las soluciones que requieren un reacomodo el tema fiscal que pase por una correcta asignación de los recursos de la recaudación, repensando, dimensionando apropiadamente las funciones y el tamaño del Estado, así como mejorando la calidad y la cantidad de los recursos con los que se financian las finanzas públicas.

La peligrosa condición del déficit continuado en el tiempo, requiere de acciones de orden inmediato dado que por motivos diversos, en especial las implosiones de dos reformas anteriores en la mesa de la Sala Constitucional, son indudablemente, factores que han agravado la condición acumulativa de las dimensiones del total de endeudamiento, que solo merma el acceso al crédito por parte del sector privado, entrando ya el país en los últimos años en una peligrosa espiral recesiva, que sentimos consumidores, agentes activos de la economía, negocios y profesionales liberales.

Si bien no hay reformas tributarias perfectas puesto que imperfectos somos todos los partícipes del sistema tributario, el planteamiento del Poder Ejecutivo sometido al conocimiento por medio de la vía del articulo 208 bis del Reglamento Legislativo, ofrece un buen inicio, pero es insuficiente para resolver la necesidad de cortar a la mitad el déficit fiscal, conforme las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito, las calificadoras de riesgo y la propia OCDE.

Es así como la propuesta en curso legislativo no es la mejor de las opciones, pero la peor de las opciones es sin duda, dejar las cosas sin solución coherente, propiciando que sea la merced del mercado la que lleve a cabo los ajustes, eventualmente violentos de la economía con el perjuicio de todos los miembros de la sociedad en su conjunto, en especial de manera regresiva con efectos sobre los mas desposeídos y los dependientes de ingresos fijos sean en el sector público o privado.

Nos toca ahora enfrentar a todos los miembros de la sociedad, a cada quien según sus capacidades las consecuencias del reparto de la solución, que pasará por una de las consecuencias menos populares que es enfrentar los impuestos, cuya significación nos habla de actos que debemos cumplir, no que aceptar, ni que gustar, pero estar preparados para hacerlo, haciéndolo con apego a la norma, evitando onerosidad consecuencia del incumplimiento voluntario o no, es lo único sensato que en la vida en sociedad corresponde como parte racional del sistema social.

Los retos que implica la posible entrada en vigor de un impuesto de valor agregado (IVA), resultante de la aprobación del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, merecen la atención temprana de este témpano que se acerca con efectos más allá de la simple subida de los valores en la facturación de los prestadores de servicios, sean estos personales o profesionales.

Si tomamos como ejemplo, el sector de servicios legales, tenemos dos grandes componentes de familias de ingresos: los que se derivan de los servicios de notariado, y los que se derivan de la prestación de servicios de asesoría y litigio en las diversas formas y ramas del Derecho.

Para empezar, ya todos los profesionales estamos obligados a contar con el servicio de factura electrónica, aspecto fundamental para efectos de un control efectivo de la dinámica del IVA.  Ahora bien, existen relaciones profesionales bajo diversas formas de contratación, por lo que resulta  también fundamental distinguirlas para tomar algunas decisiones sobre dichas prácticas profesionales, dadas las consecuencias de orden financiero del impuesto en cuestión.

Todos los servicios prestados por los profesionales del Derecho estarán sujetos a una tarifa general del 13% de impuesto sobre valor agregado. Sin embargo, puede que el cliente tenga una condición de ser exento por alguna razón subjetiva según la norma legal. De ser así, tenemos un primer componente de complejidad en la liquidación del impuesto; éste se conoce como la pérdida del derecho proporcional de los IVA que haya soportado-pagado-el profesional por los costos y gastos gravados con IVA que sin esta excepción, implicaría el derecho pleno de deducción.

La otra característica del mercado de los servicios profesionales es la costumbre predominante del cliente de tomarse algún tiempo para pagar, implicando ello un reto de financiamiento para el profesional, entre el momento de tener el deber legal de presentar la declaración y el momento de pagarlo. Tendrá el profesional que financiar el impuesto, por cuanto el hecho generador de la obligación del impuesto en servicios, es la prestación del servicio o la facturación del mismo, lo que suceda primero.  Lo anterior implicará para el profesional, el tener que llevar a cabo una exhaustiva evaluación del impacto en su flujo de caja. Se trata de evitar «morir de éxito». Ya que un cliente grande con términos de pago normalmente largos, será un gran reto, en especial por los elementos probatorios de algunos de los servicios.

Así por ejemplo, en el servicio de notariado se dan dos aspectos que confluyen, por una parte está la tabla de referencia de honorarios, que será la base sobre la que se tasará el IVA. Asimismo, por el propio control de los actos notariales, la fecha cierta del protocolo, hace que la misma dé eficacia de hecho generador al impuesto, con independencia si el cliente ha cancelado o no los respectivos honorarios. Aún en el caso de los clientes mejores pagadores, una operación notarial del día 31 del mes, es poco probable que esté cancelada para el día 15 del mes siguiente, pero el profesional sí que deberá pagar el impuesto correspondiente a dicha operación.

Lo anterior obligará a tener nuevas prácticas de gestión contable, financiera y de control de costos y gastos enfrentando un nuevo elementos disruptivo adicional. Hoy los profesionales del Derecho, por regla general, tienen contacto con su contador una vez al año, para la preparación de su declaración del impuesto sobre la renta. Esta práctica, deberá cambiar por dos motivos, primero por la frecuencia mensual de la liquidación del impuesto de valor agregado, así como las once “fotos” que tendrá la Administración Tributaria del contribuyente con estimaciones muy cercanas a la realidad de la obligación en el impuesto sobre la renta. Es decir que el IVA, aparte de sus fortalezas inherentes a la potencia recaudatoria inmediata, tiene potencia de control en el impuesto sobre la renta, lo que obligará a adquirir nuevos hábitos de planificación fiscal, financiera y patrimonial para poder evitar desafíos en los procesos de posibles fiscalizaciones, las cuales se hacen más sencillas por los medios de cruce automático de información, habida cuenta de que toda ella, estará ya en poder o a la disposición inmediata de la Administración Tributaria.

Para los servicios de asesoría, por la forma como está construida la norma, en el caso de las igualas de pago o los conocidos “retainer”, aunque estos honorarios no se hayan consumido por parte del cliente, siendo que el hecho generador del impuesto es la prestación del servicio o la facturación (lo que se dé primero)m es también una disociación temporal entre los costos por incurrir en servicios por prestar y sus respectivos elementos correspondientes en el IVA de cada mes, en donde los posibles gastos de generar en efecto el devengo del ingreso, vendrá en un momento posterior, generando el derecho de acreditación de dicho impuesto hasta entonces y bajo los términos y condiciones de la regla de prorrata que le corresponda.

Pensemos por último en los casos de cuota litis, que se va devengando en el proceso de las diversas fases que se dan en los servicios de litigio. Esto implica retos significativos de determinación de las bases imponibles del IVA, con condiciones inciertas, pero sin excepciones previstas en la norma legal tal y como ha sido planteada a la Asamblea Legislativa.

Con estos elementos introductorios, hacemos un esfuerzo por sintetizar los aspectos fundamentales que visualizamos como retos del impuesto por nacer, pero no son los únicos. No de forma gratuita, el IVA se ha ganado su apelativo de ser un impuesto sencillo, potente, pero de prolifera casuística que deberá ser resuelta en plazos muy cortos dada la condición de liquidación y pago del impuesto en los quince primeros días del mes siguiente al cerrado.

La mesa está servida para el diálogo de cómo prepararse y cómo deben orientarse las situaciones que se asoman a la vuelta de una posible aprobación de esta normativa.”

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