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En trámite, nuevo proyecto de ley de impuesto a las personas jurídicas

Se publicó hoy en La Gaceta, el Proyecto de Ley No. 19.505 denominado Creación del Impuesto a las Personas Jurídicas.

Puede conocer su contenido, haciendo clic a continuación:   DESCARGAR PROYECTO DE LEY 19.505

Constatamos que el texto que se propone es idéntico al  de la Ley 9024, de la que fueran recientemente anulados los artículos 1, 3 y 5.   Si bien dicha declaratoria de inconstitucionalidad tornó inaplicable la norma, la Sala IV, dimensionó los efectos de su resolución, estableciendo la obligación de cumplir con el pago del tributo a partir de la entrada en vigencia de la norma en el año 2012, hasta el  período 2015, inclusive.

En la exposición de motivos de este nuevo Proyecto de Ley se establece la necesidad urgente de aprobar una normativa que subsane los errores alegados por la Sala Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de los tres numerales indicados.

«El contexto fiscal que se describió en el proyecto de ley N.° 16.306, presentado en julio de 2006, no solo no ha mejorado, sino que el día de hoy, más de 8 años después, la crisis fiscal en que se encuentra el país se ha profundizado y el déficit fiscal alcanza niveles que requieren medidas drásticas y urgentes.  También se mantienen las condiciones de escasez de recursos para atender los programas de seguridad ciudadana, combate a la delincuencia y apoyo al financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social, atravesando esta última, una crisis que raya en la violación de los derechos de las personas que se encuentran recluidas. (…)    La presentación de este proyecto de ley, pretende subsanar el error cometido al no haberse publicado el texto finalmente aprobado y recuperar los recursos que el estado requiere para programas de seguridad necesarios y se presenta el mismo texto, ya revisado en tres ocasiones por la Sala Constitucional, con la finalidad de que nuevos artículos no deriven en problemas de constitucionalidad y abrir una vez más la oportunidad de que los sujetos pasivos de este impuesto puedan regularizar su situación, para incrementar la recaudación de un impuesto tan necesario para la ciudadanía.» (Tomado textualmente de  la exposición de motivos – Expediente 19.505)

Llama nuestra atención que el texto de este proyecto de ley, idéntico en todo, como ya señalamos, a la Ley 9024, mantiene incluso los transitorios que en el 2012 concedieron:

a) Un plazo de tres meses para la disolución de sociedades, con lo cual se evitaron el pago del impuesto.

b) Un plazo de dos años a los representantes legales para renunciar a sus puestos mediante comunicación en el domicilio social de la persona jurídica.

c) Un plazo de seis meses para que las sociedades que hubieren estado inactivas en los dos años anteriores a la vigencia de la Ley, gozaran de exención en timbres e impuestos para transferir bienes muebles e inmuebles inscritos a su nombre.

Habrá que esperar para conocer el trámite que recibirá este nueva iniciativa en la Asamblea Legislativa.   Daremos el seguimiento debido para mantenerlos informados.

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Dirección para ingresar a página web de la DGT cambia este 16 de abril

A  partir del próximo jueves dejará de funcionar  la dirección electrónica http://dgt.hacienda.go.cr   De manera que para acceder a la información de la Dirección General de Tributación deberá ingresar al portal corporativo del Ministerio de Hacienda ( http://www.hacienda.go.cr/ ) dentro del cual quedará refundida.

Transcribimos a continuación para su mejor conocimiento, el aviso publicado en La Gaceta:

EL DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTACIÓN

RESUELVE:

“NUEVA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE INTERÉS TRIBUTARIO”

Artículo 1º—Sitio web para el ingreso a la información tributaria. A partir del 16 de abril del 2015, el sitio web por el cual debe ingresar todo interesado en obtener información general de carácter tributario es http://www.hacienda.go.cr

Artículo 2º—Cambio de la dirección electrónica en los documentos emitidos. Se debe considerar que a partir de la fecha antes indicada, en todos los diferentes documentos emitidos por la Dirección General de Tributación tales como directrices, oficios, instrucciones, resoluciones, en donde se haya mencionado que la dirección electrónica para el ingreso al sitio web de la Dirección General de Tributación es http://dgt. hacienda.go.cr, en adelante debe entenderse que se sustituye esa dirección electrónica, por la dicha en el artículo 1° anterior.

Artículo 3º—Vigencia. Rige a partir del 16 de abril del 2015. Publíquese.—Carlos Vargas Durán, Director General.—1 vez.—O. C. N° 3400023907.—Solicitud N° 30033.—(IN2015021107)

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Inician capacitaciones para uso de plataforma de garantías mobiliarias

A partir de esta semana, el Registro Nacional inició la capacitación de notarios, corredores jurados y público en general que deseen conocer  sobre el sistema informático para la inscripción de garantías mobiliarias, que entrará a regir el próximo 20 de mayo con la vigencia de la Ley 9246.

Justamente se publicó el día de ayer en La Gaceta, el Reglamento Operativo de esta plataforma.  Si desea conocer su texto puede descargo a continuación   REGLAMENTO OPERATIVO SISTEMA DE GARANTIAS

La  capacitación es impartida por funcionarios del Registro de Muebles y del Departamento de Informática,  en un aula acondicionada para que los interesados puedan acceder a la aplicación en ambiente de pruebas.     Para ello se requiere contar con tarjeta  de firma digital y su correspondiente lector.    La inscripción a los cursos debe realizarse directamente   en la página web del Registro Nacional (http://www.rnpdigital.com/capacitaciones.htm)

Nos pareció muy interesante el taller sobre todo por la posibilidad de realizar pruebas directamente en la aplicación.  Las dudas fueron atendidas en forma inmediata por los compañeros del Registro, expertos en el uso del sistema.  Además, quienes asisten al curso pueden luego continuar con la práctica desde sus propias oficinas o casas de habitación al quedarles habilitadas ciertas plantillas de prueba y recibirán un certificado de participación.

Es importante comprender que si bien el Registro Nacional asumió la administración de la plataforma, la inscripción de garantías mobiliarias  se produce de manera automática, es decir sin que exista calificación por parte de algún registrador o autoridad.    Los datos son directamente digitados por los interesados en las diversas pantallas que el programa ofrece.    Tampoco se requiere la actuación notarial.  La información no cuenta con validaciones de ningún tipo, de manera que si – por ejemplo – se introduce erróneamente un número de cédula de identidad o alguna descripción del bien pignorado, será responsabilidad de las partes realizar  las respectivas correcciones.   Ni siquiera se advierte sobre la existencia de otras garantías preexistentes sobre los bienes a pignorar.

Otro aspecto importante es que corresponde  a los «acreedores garantizados», como se les conceptualiza en la Ley de Garantías Mobiliarias, la inscripción de dichas garantías en el sistema informático.  De manera, que deberán contar necesariamente con firma digital para ello.    Una vez dentro de la aplicación existe la posibilidad de que estos acreedores garantizados autoricen a otras personas, por ejemplo, notarios públicos, secretarias, etc a ingresar también información relativa a las garantías mobiliarias tramitadas.

En el caso de personas jurídicas, que como sabemos no son susceptibles de contar con firma digital, deberán, sus personeros acudir al Registro Nacional previamente a solicitar que se les conceda una licencia especial de uso mediante la cual podrán generar ellos mismos permisos de uso de la herramienta para funcionarios de la empresa, banco, entidad financiera, etc.  Todavía no se están tramitando solicitudes de este tipo.

A partir del próximo 20 de mayo, únicamente las garantías que se otorguen sobre automóviles, buques y aeronaves seguirán siendo tramitadas en la forma tradicional, es decir, mediante la presentación al Diario de Muebles de las respectivas escrituras o certificados de prenda.     Las garantías que se requieran inscribir sobre cualesquiera otro tipo de bienes muebles, como por ejemplo, ganado, cosechas agrícolas, inventarios, cuentas por cobrar, menaje de casa, equipos de cómputo, por mencionar algunos, e incluso sobre equipo especial genérico, equipo especial agrícola, equipo especial obras civiles, remolques genéricos, remolques livianos, y semirremolques, deberán necesariamente hacerlo en esta  nueva plataforma automatizada.

Interesantes comentarios e inquietudes surgieron entre todos los asistentes al curso de capacitación.   Algunos señalaban que si bien, en apariencia, esta normativa incumbe únicamente lo referente a bienes muebles, también impactará negociaciones de inmuebles como es el caso de contratos de inquilinato o alquiler, los cuales podrían ser dados eventualmente en garantía mobiliaria por los arrendantes.  Se comentó entonces sobre la conveniencia de que en este tipo de contratos, lo mismo que en cualesquiera otros, por ejemplo de préstamo, de leasing, etc se incluyan cláusulas en las que expresamente se prohíba la constitución de garantías mobiliarias sobre dichos contratos, so pena de darse cuenta un día, el inquilino o deudor que ahora debe realizar los pagos a un acreedor distinto de aquel con el que suscribió el contrato.

También generó mucho interés el hecho de que la aplicación cuenta con un módulo de consulta gratuito que puede utilizar cualquier persona con acceso a Internet, sin que se requiera para ello, firma digital.     Las consultas pueden hacerse por nombre o número de identificación del «deudor garantizado».   Es decir que resultará muy fácil conocer los bienes muebles que una persona ha dado como garantía en respaldo de una operación financiera o contrato.   Evidentemente, se dijo, esta herramienta será de consulta obligada por los departamentos de crédito de las entidades financieras cuando realicen estudios sobre la solvencia de un algún solicitante de préstamos.   La búsqueda que no está contemplada es por «acreedor garantizado».  Por consiguiente, no será posible conocer los bienes que una persona tiene pignorados a su favor.

En cuanto al costo de uso de la aplicación, será establecido por la Junta Administrativa del Registro Nacional.   Si bien no se conoce aún cuál será esa tarifa, sí se tiene conocimiento que se tratará de un monto fijo, es decir, que no dependerá del valor de los bienes dados en garantía.

Finalmente, muy importante el plazo de tres meses con que contarán quienes tengan garantías inscritas actualmente en el Registro, que no sean sobre vehículos, buques o aeronaves, para trasladarlas al nuevo sistema de garantías mobiliarias.   Dicho plazo correrá a partir del próximo 20 de mayo y quienes lo aprovechen no tendrán que cubrir ningún costo por las inscripciones.

» Al vencimiento del plazo de tres meses, esas garantías mobiliarias mantendrán su prelación solamente si cumplen los requisitos de constitución y publicidad establecidos en ley. Transcurrido el plazo, las garantías mobiliarias serán efectivas y se establecerá su prelación a partir de la fecha en que se cumplan  los requisitos de constitución y publicidad establecidos en la presente ley.

 Para efecto de la prelación establecida en la ley, las prendas que se encuentren debidamente otorgadas en documento privado y que no hayan sido presentadas al Registro Público, antes de su entrada en vigencia, podrán ser inscritas en el Registro de Bienes Muebles, siempre y cuando se presenten dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia, con la respectiva razón de fecha cierta notarial consignada al documento dentro de ese mismo término.»  (Tomado textual del art. 25 del Reglamento Operativo del Sistema de Garantías Mobiliarias)

 

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Realice sus consultas sobre documentos en trámite registral por email

De la página web de la Dirección Nacional de Notariado (http://www.dnn.go.cr/tramites_servicios/)  nos permitimos retransmitir este comunicado sobre la posibilidad de realizar consultas de trámites pendientes de inscripción en  los diversos Registros mediante correo electrónico.

Es importante que en el ASUNTO/SUBJECT del email se indiquen las citas de presentación al Diario del documento que está siendo consultado, así como la matrícula de folio real de los inmuebles, o número de placa de los muebles, o del gravamen, etc.

Para descargar comunicado hacer clic a continuación   VER COMUNICADO

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REGISTRO INMOBILIARIO

JEFE DE REGISTRADORES:  Consulta sobre defectos que se consideren mal consignados o por falta de tramitación en el plazo de ley:  registroinmobiliario@rnp.go.cr

RECONSTRUCCION: Solicitudes de corrección de errores de inscripción a nivel registral o catastral: reconstruccioninmobiliaria@rnp.go.cr

ASESORIA JURIDICA: Consultas o dudas sobre expedientes administrativos: asesoriajuridicainmobiliario@rnp.go.cr

PROPIEDAD EN CONDOMINIO: Consulta sobre defectos:  condominios@rnp.go.cr

RECONSTRUCCION CATASTRO: Para corrección de errores de inscripción y cambios en base de datos: reconstruccioninmobiliario@rnp.go.cr

APELACION CATASTRO: Apelaciones de planos o dudas sobre el proceso de inscripción de un plano, falta de tramitación en término  apelacioncatastro@rnp.go.cr

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

JEFE DE REGISTRADORES:  Defectos que se consideren mal consignados o por falta de tramitación en el plazo de ley  regpersonasjuridicas@rnp.go.cr

RECONSTRUCCION: Solicitudes de corrección de posibles errores de inscripción: personasjuridicasreconstruccion@rnp.go.cr

 REGISTRO DE BIENES MUEBLES

JEFE DE REGISTRADORES: Defectos que se consideren mal consignados o por falta de tramitación en el término de ley o cualquier consulta general de vehículos: info.registrobienesmuebles@rnp.go.cr

 

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Integración paritaria de las Juntas Directivas de las Asociaciones

Recientemente la Sala Constitucional emitió el voto 004630-2014 mediante el cual analiza la constitucionalidad de la reforma que introdujera la Ley No. 8901, publicada en diciembre de 2010 a la Ley de Asociaciones No. 219, a la Ley de Asociaciones  Solidaristas No. 6970, a la Ley de Desarrollo de la Comunidad y a los artículos del Código de Trabajo referentes a las asociaciones sindicales, en tanto prescribió que en el supuesto de que el órgano de gobierno se encuentre conformado por un número impar de miembros, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no puede ser superior a uno.

La medida tuvo como objetivo garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gobierno de todas estas asociaciones.

En voto extenso y fundamentado, la Sala IV llega a las siguientes conclusiones:

1) Más que constituir una medida de discriminación inversa o compensatoria, con la reforma cuestionada se ha establecido una acción afirmativa de equilibrio entre géneros. Fórmula bidireccional, por cuanto asegura esa proporción igualmente a uno u otro género.

2) Sobre las acciones afirmativas en materia de género y los principios de libertad, igualdad, libertad de asociación y sindicación, se desprende que la Ley de Porcentaje Mínimo está acorde con la normativa internacional y constitucional, y constituye una medida legislativa de acción afirmativa que efectivamente resulta acorde con el principio de igualdad.

3) No se encuentra por ende que la medida de acción afirmativa tendente a lograr la paridad de género en los puestos de dirección de las asociaciones sea violatoria del derecho a la libertad, de la libertad de asociación o sindicación, pues esa medida opera como un límite o restricción válido al ejercicio de dichas libertades dentro de un sistema político democrático. En este sentido se declara sin lugar la acción planteada.

4) Sin embargo, una aplicación e interpretación rigurosa y literal de la Ley de Porcentaje Mínimo podría conducir a varios resultados indeseados, como lo sería: -la supresión de aquellas asociaciones que por su objeto, propósitos y carácter constituyen asociaciones de afiliación exclusivamente masculina o femenina, por ejemplo, ciertas asociaciones religiosas o algunas asociaciones feministas. -la paralización de asociaciones donde resulta imposible cumplir con la paridad, no por discriminación a uno u otro género sino por inopia de hombres o mujeres suficientes, por lo que debe interpretarse que esta exigencia de paridad es progresiva y escalonada, en el sentido de que, cada vez que se renueven las órganos directivos debe darse un avance –y nunca un retroceso- en la paridad de hombres y mujeres, siempre que ello sea posible fáctica y proporcionalmente según la integración total de la agrupación, ello para ir de la mano de los cambios sociales necesarios para que las mujeres puedan y estén en mejor capacidad para involucrarse en las directivas de las asociaciones.

 En consulta al Registro de Asociaciones sobre lo que tendrían que hacer aquellas Asociaciones que no logren cumplir con este  equilibrio en el nombramiento de sus directores, nos suministraron la siguiente sugerencia de texto a ser incorporado en el acta de Asamblea de Asociados:

«Se acredita que se hizo uso de los medios necesarios para publicitar y dar a conocer la fecha de inicio y cierre de postulaciones para conformar las nóminas en el proceso de elección, a efecto de garantizar una adecuada participación de género.   Sin embargo, a pesar de lo realizado, fue materialmente imposible cumplir con lo establecido en la Ley debido a la poca participación (femenina o masculina – según sea el caso) a la hora de la elección.   Por lo que solicitan al Registro se inscriba lo que fue la voluntad de los asambleístas.»   

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Dos votos recientes de la Sala Constitucional sobre temas laborales

Nos parece importante la divulgación de dos votos recientes de la Sala Constitucional sobre situaciones que con frecuencia se presentan en el ámbito laboral:

OTORGAR PERMISOS PARA ACOMPAÑAR A FAMILIARES A CITAS MÉDICAS ES FACULTAD DEL PATRONO

Expediente: 14-015714-0007-CO
Sentencia: 018314-2014
Recurso de amparo contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. El recurrente alega que se infringen sus derechos fundamentales, al no otorgársele permisos para asistir a citas de familiares. Indica que cuando se encuentra en el turno de noche tampoco le brindan permiso para acompañar a citas médicas a la bebé, con la justificación de que la cita es por la mañana; no obstante, no toman en cuenta que sale del turno a las 6:00 a.m. y debe recoger a la bebé en la casa, con horas de sueño disminuidas, que posteriormente pueden afectar su jornada laboral. En cuanto a este cuestionamiento, esta Sala considera que la autoridad recurrida no infringe los derechos fundamentales del recurrente con las actuaciones impugnadas. Al respecto, es preciso indicar que este tipo de permisos como producto del ejercicio de la facultad discrecional que tiene el patrono -quien a su vez tiene el deber de conjugar los intereses y necesidades particulares de sus empleados con la administración eficiente, efectiva y adecuada del servicio que se presta-, pueden ser controlados o restringidos, a fin de que dichas solicitudes no se conviertan en un obstáculo del desempeño de las funciones encomendadas y ello, para la Sala, no tiene la virtud de vulnerar derechos fundamentales del recurrente en este caso. En este sentido, la administración no está en la obligada a acceder a todas las solicitudes planteadas ni por el recurrente, ni demás servidores. Siguiendo el mismo orden de ideas, es preciso indicar que en el caso concreto, la autoridad recurrida bajo la fe del juramento indica que la Jefatura recurrida le ha brindado al recurrente, todo el apoyo necesario desde el inicio del embarazo de su esposa. Indica que se le tramitó un adelanto de vacaciones por 9 días, (para un viaje a Panamá para proceso de fertilidad), pues ya se había consumido todas sus vacaciones, además se le unió a la semana libre a la que tiene derecho, para que pudiera disponer de tiempo con su esposa. Además menciona que nunca se le han negado permisos para asistir a las consultas médicas. Así las cosas, la Sala no acredita ninguna lesión a los derechos del recurrente, ni su familia y cualquier disconformidad que tenga sobre este tema, constituye un diferendo ajeno al ámbito propio de competencia de esta Jurisdicción. Se declara sin lugar el recurso.

 
IUS VARIANDI: REUBICACIÓN O TRASLADO DEL TRABAJADOR
Expediente: 14-011820-0007-CO
Sentencia: 018294-2014

Recurso de amparo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El recurrente alega que trabaja en Alajuela y, se le comunicó que a partir del 1° de junio del año en curso se le trasladaría al Departamento Regional de Educación Vial de Cartago, sin comunicarle de previo las razones que justificaron la reubicación. De previo a conocer el fondo del asunto, es importante resaltar que esta Sala es un Tribunal especializado en la tutela de derechos fundamentales, no un Tribunal Laboral. Partiendo de lo anterior, conoce de aquellos asuntos, ciertamente relacionados con las condiciones de trabajo que, por extremos, lesionan no solo derechos laborales, sino también —e, incluso, de manera independiente— la esfera de los derechos fundamentales. El análisis de este Tribunal Constitucional, en el sub examine, se ciñe entonces a determinar la eventual infracción al derecho al debido proceso del recurrente en su traslado o reubicación hacia un nuevo cargo, así como a determinar la desmejora de sus condiciones laborales por la aplicación de un ius variandi abusivo por parte del Ministerio recurrido. De los informes rendidos por las autoridades recurridas, bajo la solemnidad del juramento, se desprende que en el traslado del recurrente no se vislumbra ningún perjuicio ni quebranto a los derechos constitucionales por las siguientes razones: 1. El funcionario público no posee un derecho absoluto a un puesto específico; 2. El traslado o reubicación —lo que no corresponde determinar en esta sede—, no implica un ejercicio abusivo de las potestades de la Administración, por cuanto el recurrente conserva el puesto que ocupa en propiedad (Profesional de Servicio Civil 1B Especialidad Vial), no se da una degradación de las funciones que venía desempeñando, no se desmejoran sus condiciones salariales ni la categoría de su puesto; 3. La administración respalda el traslado con el fin de dar un mejor manejo a la demanda excesiva en cuanto a la realización de pruebas de manejo. 4. Si bien es cierto se da una variación en cuanto a la zona geográfica, también es cierto que la distancia que debe recorrer no resulta irrazonable, aunado a que se le reconoce el monto de viático corrido. En consecuencia, el recurso debe desestimarse. Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Jinesta Lobo y Rueda Leal salvan el voto y declaran con lugar el recurso.

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Conozca la redacción completa del voto sobre el impuesto a las personas jurídicas

Gentilmente el Lic. Edgardo Campos, promovente de la acción de inconstitucionalidad que diera como resultado el voto 1241-2015 de la Sala Constitucional el pasado 28 de enero, nos hizo llegar anoche la redacción completa del mismo

Se trata de una resolución de 53 páginas.   Para descargarlo haga clic a continuación:   VER VOTO COMPLETO 1241-2015

En los RESULTANDOS se exponen con claridad la totalidad de argumentos que el Lic. Campos esgrimió en sustento de su recurso, y se  resumen  las respuestas a las audiencias brindadas por la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Justicia y Paz, así como lo que argumentó el Lic. Allan Garro Navarro, en su condición de coadyuvante de la acción.

En los CONSIDERANDOS, inician los señores Magistrados por justificar el hecho de que de la totalidad de reclamos presentados por el promovente contra la Ley 9024, en total nueve, solamente se acogieran los relativos a los artículos 1, 3 y 5.   Al constituir el «asunto base» del recurso, un trámite de ocurso registral que formulara don Edgardo contra la denegatoria de inscripción de un poder generalísimo de una sociedad morosa con el pago del impuesto, estimó la Sala que únicamente podía entrar al análisis de aquellos reclamos de constitucionalidad que efectivamente cumplieran con la condición de servir como medio razonable para amparar el derecho o interés que se consideraba violentado.

Por consiguiente se rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad en cuanto a los artículos 2, 3 en parte, 4, in fine, 6, 7 y 8  y se acoge solamente en relación con los numerales 1, 3 y 5 al considerarse infringido el principio de publicidad en el procedimiento legislativo.

Los señores Magistrados consideraron que entre el texto sustitutivo de esos tres artículos, aprobado en la Asamblea Legislativa el 30 de noviembre de 2010 y  el que originalmente había sido aprobado el 10 de agosto de ese mismo año,  sí se introdujeron modificaciones esenciales que obligaban a su necesaria publicación en el Diario Oficial.

«Como corolario del examen realizado, se concluye que los artículos 1, 3 y 5 de la Ley No. 9024, Impuesto a las Personas Jurídicas, son inconstitucionales a la luz de lo dispuesto en el artículo 73, inciso c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  Lo anterior, por cuanto en la formación de la ley en cuestión se violentaron requisitos o trámites sustanciales relativos a la publicidad del proyecto, principio que como se ha venido reiterando, es básico en un Estado Constitucional de Derecho, más aún cuando de materia tributaria se trata.»    (Tomado textual del voto 1241-2015)

DIMENSIONAMIENTO EN EL TIEMPO DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA

En relación con este tema que ha sido uno de los que más polémica ha generado transcribimos textualmente lo acordado por la Sala Constitucional:

«Ciertamente a tenor del artículo 9) párrafo 1  de la Ley de Jurisdicción Constitucional toda declaratoria de inconstitucionalidad, por principio, tiene electos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma impugnada, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe (eficacia ex tune). Empero, el párrafo del mismo numeral 91 de la ley del rito constitucional habilita a este Tribunal Constitucional para graduar o dimensionar en el espacio, tiempo o la materia sus efectos retroactivos, dictándose las medidas necesarias para evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz social.  En materia tributaria, resulta de primordial relevancia el dimensionamiento en el tiempo de un fallo estimatorio de inconstitucionalidad, habida cuenta. que su electo retroactivo podría generar graves dislocaciones tributarias o financieras, por tratarse de ingresos percibidos por la Hacienda Pública y, en la mayoría de los casos, presupuestado y ejecutados en presupuestos públicos sucesivos. Por lo anterior, se impone dimensionar o graduar en el tiempo la declaratoria de inconstitucionalidad, de manera que la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá un efecto prospectivo que se iniciará a partir del periodo fiscal 2016. De modo, que todos los contribuyentes deben pagar el monto correspondiente al periodo fiscal 2015 y, obviamente, los anteriores si se encuentran morosos, so pena de verse sometidos a las multas, intereses y demás sanciones previstas en la ley que ahora se declara inconstitucional»   (Tomado textual del voto 1241-2015)

 Finalmente nos permitimos destacar del voto en comentario, las razones adicionales de los Magistrados Armijo, Jinesta y Salazar en el sentido de que el impuesto a las personas jurídicas resulta inconstitucional por cuanto violenta la capacidad contributiva o económica de los contribuyentes al imponer una tarifa única para todas las sociedades, sin tomar en cuenta sus utilidades o ganancias, y en general, asimetrías.

«Cuando el legislador establece una capacidad contributiva general y abstracta referida a «sujetos-tipo» – las «personas jurídicas»- se quebranta , de manera evidente y manifiesta, el principio constitucional de la capacidad contributiva.   Debe tomarse en consideración que ningún interés o razón superior de orden fiscal, puede quebrantar la capacidad contributiva específica de los sujetos pasivos para concurrir en el sostenimiento de las cargas públicas, por más loable o apremiante que sea el fin del tributo o impuesto que se propone crear el legislador, en el caso concreto, la recaudación para financiar los programas de seguridad ciudadana y combate a la delincuencia.»    (Tomado textual del voto 1241-2015)

Agradecemos al Lic. Edgardo Campos el mantenernos al tanto de la tramitación de este importante recurso.  Transcribimos a continuación opinión de él sobre este voto, ahora que contamos con el texto completo del mismo:

«Según dispone el texto del voto completo al dimensionar los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad en el tiempo, «todos los contribuyentes deben pagar el monto correspondiente al período fiscal 2015 y, obviamente, los anteriores si se encuentran morosos, so pena de verse sometidos a las multas, intereses y demás sanciones previstas en la ley que ahora se declara inconstitucional».

En primer término, no conozco de ningún antecedente de la Sala en que se dimensionen los efectos de una declaratoria de inconstitucionalidad a futuro, pues estamos acostumbrados a que ello se haga hacia atrás por ejemplo contemplando no repetir lo pagado, pero -reitero- nunca hacia futuro.

En un segundo término, al dejar vigente la Ley completa hasta el 31 de enero del 2016 se crea un estado de incertidumbre generalizado y una desconfianza en el contribuyente; pero a la vez algunos contrasentidos. Uno de ellos es el tema de las personerías: suponiendo que el Registro Nacional (definido como la Administración Tributaria de este «impuesto») tenga la capacidad para contratar abogados externos por medio de una licitación y se interpongan los procesos cobratorios contra las más de 450 mil sociedades mororas, surge la interrogante de cómo se certificará su personería si ello está vedado por el texto de la misma Ley? tendrá entonces el Registro que cancelar el impuesto para cobrárselo posteriormente a fin de que la personería esté vigente?, o, lo que es peor, cómo se llevará a cabo la disolución de las empresas si para ello se debe cumplir el debido proceso y notificar a los representantes legales cuya personería debe estar apta para ser certificada?.

Quiero resaltar que tres Magistrados (faltó solamente uno) declararon inconstitucional toda la Ley por violentarse el principio de la capacidad contributiva. Este voto de minoría apoyó mi tesis de que la producción de riqueza en materia tributaria no debe presumirse sino que debe ser demostrada. Lastimosamente no prosperó tal postura.

Por último, quiero agregar que la falta de cumplimiento del principio de publicidad en la producción de nuestras leyes se pone nuevamente de manifiesto y me pregunto: cuántas leyes se habrán aprobado en este país en violación directa de tal principio al no publicarse de forma correcta las modificaciones que en Comisiones legislativas se le introducen?. Y los diputados (as) y sus muchísimos asesores?, y todo el staff de trabajadores legislativos que deben velar por tan elemental aspecto procedimental?  (Hasta aquí transcripción textual de comentario del Lic. Edgardo Campos)

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Tramitación de documentos de sociedades morosas con el impuesto a las personas jurídicas

Muchos se han estado preguntando si con la emisión del voto 2015-1241 que declaró parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 9024, el Registro Nacional ha reanudado la tramitación de documentos de sociedades morosas en el pago del impuesto a las personas jurídicas.

La inquietud surge en virtud de que en el POR TANTO del voto indicado se anula el artículo 5 de dicha Ley, que establecía como sanción la no inscripción de documentos a favor de contribuyentes morosos.

Consultamos a la Dirección Jurídica del Registro Nacional y nos indicaron que se mantiene la medida que desde abril del 2013 tomaron los distintos Registros, en el sentido de suspender la tramitación de documentos que involucren sociedades morosas con el impuesto a las personas jurídicas a la espera de conocer la redacción completa del voto señalado.

Por consiguiente no se están inscribiendo los documentos pero tampoco  les está siendo cancelada su presentación al Diario.

Lo que estableció la Sala Constitucional en resolución No.2013-004613 de abril de 2013 y que motivó a los diversos Registros a suspender la cancelación en la presentación de documentos , fue lo siguiente:

II. Sobre la gestión del accionante. (…) Ahora bien, el Tribunal aprecia que uno de los supuestos sancionatorios indicados por el accionante, -la cancelación de la presentación de un documento al Registro por estar involucrada una persona jurídica que está morosa-, tal cancelación tiene efectos inmediatos que no pueden ser pospuestos, pues cancelada la presentación, la prioridad del asiento que ocupó ese documento no se puede recuperar, ya que el sistema lo saca de la “corriente registral”, con lo cual se afecta, de manera inmediata, la “publicidad noticia” que el Registro suministra. En este sentido y con el objeto de evitar daños tanto a la parte interesada como a terceros, y en procura de resguardar la veracidad de la publicidad registral, se aclara que en relación con esa sanción, la cancelación de la presentación del documento deberá suspenderse. En consecuencia en los casos de aplicación de las normas cuestionadas el Registro no deberá cancelar la presentación de los documentos, sino suspender los trámites de inscripción, los que quedarán sujetos a lo que en definitiva se diga en la acción. (…)” 

Otra inquietud que ha surgido es si corresponde seguir pagando el importe correspondiente al impuesto a las personas jurídicas en las constituciones de sociedades mercantiles.   Como sabemos dicho importe es menor cada día toda vez que debe pagarse en forma proporcional al tiempo que resta entre la fecha de presentación de la escritura de constitución ante el Registro citado y el final del período fiscal.

Sobre el particular nos señalaron en el Registro de Personas Jurídicas que el voto de la Sala Constitucional es claro al establecer que el tributo correspondiente al presente período 2015 debe ser pagado, por dicho motivo, conjuntamente con los timbres exigidos para la constitución de sociedades debe continuarse cancelando el monto que al día de presentación del documento al Diario corresponda por este concepto.

Confiamos que la redacción completa del voto 2015-1241, que tanta polémica e inquietudes ha generado se produzca en los próximos días.   En la Sala Constitucional nos indican que no existe un plazo determinado dentro del cual deban los señores Magistrados concluir con esta labor.

Seguiremos al pendiente para informarles tan pronto se produzca dicha redacción.

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