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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Documentos inscritos en Ventanilla Digital deberán descargarse de la aplicación

Desde hace algunos días,  para acceder al texto de los documentos ya inscritos mediante  Ventanilla Digital, los notarios deben ingresar necesariamente a la plataforma para descargar los archivos PDF  dentro de la carpeta  Histórico de Documentos en la cuenta de cada notario.   Anteriormente, los archivos con los documentos inscritos  eran enviado por correo electrónico a cada notario.

Ahora lo que recibirá en su correo electrónico es la notificación de que el documento ya se encuentra inscrito,  contando a partir de ese momento con un plazo de tres meses calendario para ingresar a la plataforma a descargar el archivo PDF correspondiente.

Por esta razón es muy importante que verifique que la dirección de email anotada en su cuenta personal dentro de Ventanilla Digital se encuentra correctamente digitada y es la que usted consulta con regularidad.

 

 

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Ya no será necesario adjuntar informe de cambio de características de vehículos

En virtud del acuerdo suscrito entre el Registro Nacional y la empresa RITEVE S y C,   a partir del  1 de setiembre del presente año,  no es necesario que los interesados en solicitar el cambio de características de sus vehículos aporten la impresión en forma física del Informe de Cambio de Características (ICC), toda vez que ahora la información es compartida directamente entre ambas instituciones por medios electrónicos.   En lo demás se mantienen los mismos requisitos establecidos para este tipo de solicitudes.   En el caso de informes de cambio de características de fecha anterior al 1 de setiembre, conservan validez plena.

 

 

 

 

 

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Traspasos destinados a vivienda: mucho cuidado con su tasación en el BCR

Una consulta frecuente de estimados usuarios de nuestro sistema Master Lex Cálculos, se refiere a la tasación de timbres en los traspasos de inmuebles destinados a vivienda.   La duda surge cuando obtienen resultados distintos a los que aparecen en el sistema de tasaciones del Banco de Costa Rica.   Lamentablemente muchas veces nos consultan después de haber realizado el pago de timbres, debiendo iniciar las gestiones para recuperar lo pagado en exceso ante las diversas instituciones receptoras de timbres.

A pesar de que hemos advertido repetidamente sobre esta situación, nos parece importante hacerles nuevamente este atento recordatorio.

Mediante reforma introducida al art. 14 de la Ley de Creación del Timbre Agrario por la Ley 9036 de Transformación del Instituto de Desarrollo Rural (INDER)  se establecieron tarifas reducidas del timbre agrario cuando se traspasan inmuebles destinados a vivienda.

Es así que aquéllos traspasos con una estimación inferior a  ¢65,801,000 deben pagar  ¢1 colón por cada ¢1000 colones de timbre agrario, y aquéllos que sobrepasan ese límite pero valen menos de ¢133,000,000 pagan ¢1.25 colones por cada ¢1000 colones.   Por el contrario, los inmuebles que no tienen como destino la vivienda, cancelan siempre de timbre agrario ¢1.50 colones por cada ¢1000 sin importar la estimación del traspaso.

Estas tarifas diferenciadas provocan que si una persona requiere realizar el traspaso de una vivienda pero elije incorrectamente la opción a utilizar en el sistema del BCR,  termine pagando sumas bastante cuantiosas de timbre agrario en forma innecesaria.

Es importante, por consiguiente, que tome nota que si el traspaso que requiere tasar es de una vivienda, debe elegir dentro del listado de opciones del BCR, las opciones denominadas VENTA DESTINADA A VIVIENDA o bien DONACION DESTINADA A VIVIENDA.

¿Qué traspasos califican como «destinados a vivienda»?

En consulta que hicimos hace algún tiempo a la Coordinación del Registro Inmobiliario nos recomendaron estudiar el contenido de la Circular RIM-023-2012. Puede descargar su texto haciendo clic a continuación: VER CIRCULAR RIM-023-2012

Califican como inmuebles destinados a vivienda aquéllos que en su asiento registral expresamente indiquen tal naturaleza, por ejemplo:  lote con casa .   Las propiedades afectadas al régimen de habitación familiar se consideran igualmente como destinadas a vivienda.   En ninguno de estos casos, resulta necesario que el notario dé fe de dicha condición.

Los «lotes para construir» según nos indicó la Coordinadora de Registradores podrían destinarse a locales comerciales, por lo que no corresponde aplicar las tarifas más beneficiosas del timbre agrario.   En cuanto al traspaso de filiales, lo que debe observarse es el destino del condominio como tal, por ejemplo, si el condominio está destinado a uso habitacional, eso significa que no podrá tener un destino diferente, como por ejemplo comercial. En el caso de que el condominio esté destinado a uso habitacional y comercial, entonces deberá verse la naturaleza de la filial descrita en el Registro, generalmente ahí se indica el destino específico de esa filial y en caso de no decirlo, deberá rectificarse la naturaleza, teniéndose el cuidado de que dicha rectificación se ajuste al destino general del condominio.

En ningún caso es pertinente que el notario dé fe expresamente de que la filial sirve como vivienda, porque no le consta esta situación  y por ello, es el propietario quien debe manifestarlo solicitando la rectificación de naturaleza, acto que por supuesto deberá cubrir los derechos y timbres correspondientes.   Así lo encontramos establecido en la Circular en comentario: «… si en un mismo instrumento se rectifica la naturaleza de tal forma que se le asigne o vincule su dedicación a vivienda, el traspaso será objeto del beneficio que en ese sentido contempla la reforma hecha por la Ley del INDER  (el documento deberá cancelar los correspondientes Derechos de Registro por la rectificación de naturaleza).» 

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Declaración de fideicomisos en el RTBF vence este 31 de octubre

Con la publicación de la Resolución N° DGT-ICD-R-012-2021 en marzo del presente año se estableció la obligación para todos los fideicomisos privados, nacionales o extranjeros,  de cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.  Unicamente no deben hacerlo los fideicomisos públicos.

Si su vehículo o casa de habitación están inscritos a nombre de un Fideicomiso, también deben cumplir con esta declaración.

Los fideicomisos o cualquier otra denominación equivalente son «contratos o figuras jurídicas mediante los cuales una persona destina bienes, derechos, negocios, etc., a un fin lícito determinado, con diferentes finalidades y encomendando la realización de ese fin a una institución o persona fiduciaria de su confianza, por un plazo o condición determinada.»   

(Tomado de la presentación que sobre este tema se encuentra publicada  en la página web del Ministerio de Hacienda.)

En la Resolución N° DGT-ICD-R-020-2021 se amplió el plazo para cumplir con esta obligación, estableciéndose como fecha límite el  31 del presente mes de octubre. 

Resulta indispensable, como primer paso, que los fideicomisos obtengan un código identificador en el Registro Nacional, pues solo de esta manera podrán luego acudir a un notario público que inscriba el fideicomiso dentro de la plataforma Central Directo.     Esta fue la razón principal de la prórroga en el plazo, originalmente establecido para el 30 de junio,   dado que muchos fideicomisos no contaban con este código identificador.

Adicionalmente a la inscripción del fideicomiso, el notario es el encargado de acreditar al fiduciario para que pueda ingresar a la plataforma a cumplir con la declaración de beneficiarios.  Si el fiduciario es un extranjero sin DIMEX/DIDI deberá designarse necesariamente una persona autorizada que realice la gestión.   

Una vez que el notario concluye con la inscripción del fideicomiso y acreditación del responsable dentro de la plataforma Central Directivo, ya podrá ese apoderado o autorizado presentar la declaración utilizando firma digital.

Información que deberá suministrarse:

– Datos identificativos del Fideicomiso
– País de constitución
– Objeto del contrato
– Cuantía y moneda
– Fecha de creación
– Fecha final del fideicomiso
– Actividad económica
– Tipo de fideicomiso

Así aparecen resumidas las acciones que deberá realizar el Fiduciario en la página web del Ministerio de Hacienda:

1. Descargar, instalar y activar Firmador
2. Se suscribe en Central Directo (acuerdo de uso)
3. Se inscribe como usuario en RTBF (acuerdo de uso)
4. Registrar correo para notificaciones
5. Agregar y completar nueva declaración
6. Firmar digitalmente la declaración jurada y realizar el envío
7. Revisar estado de declaración paso de “En proceso” a “Enviada”
8. Revisar comprobante de envío en su buzón de correo electrónico.

En caso de incumplimiento

Nos permitimos transcribir texto del art. 84 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios:

«Artículo 84 bis.- Incumplimiento al deber de suministrar información sobre transparencia y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. La Dirección General de Tributación impondrá al obligado que incumpla el suministro de información establecido en el capítulo denominado «Transparencia y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas», de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica o estructura jurídica, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.»

 

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Suspenden norma para aplicación práctica del Código Procesal Civil

Se publicó esta semana en el Boletín Judicial, la Circular 209-2021 de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se pone en conocimiento de los jueces y juezas que tramitan la materia civil, la prevención efectuada por la Sala Constitucional  sobre la admisión para estudio de la acción número 21-009516-0007-CO que pretende se declare la inconstitucionalidad del artículo 2.18 del Reglamento de Normas Prácticas para la aplicación del nuevo Código Procesal Civil, por estimarlo contrario a los artículos 11, 34, 39, 41 y 129 de la Constitución Política.

El numeral cuestionado se lee así:

2.18. Procesos listos para el dictado de la sentencia.

En los procesos ordinarios en que ya se haya otorgado el plazo para alegar conclusiones a la entrada en vigencia del nuevo código, y en aquellos que conforme a la legislación anterior no tuviesen previsto ese trámite, se emitirá la sentencia de manera escrita con las formalidades y contenidos previstos en el nuevo código.

Reclama  el accionante que esta disposición contradice lo establecido en el transitorio III del Código Procesal Civil, que dispone que:

“A partir de la entrada en vigencia de este Código, los procesos ordinarios y abreviados de mayor cuantía, en los cuales no haya iniciado la fase probatoria, pasarán al tribunal colegiado de primera instancia”.

Alega que la norma impugnada violenta el artículo 11 de la Constitución Política, el cual consagra el principio de legalidad, en tanto un reglamento en ningún caso puede estar en contra de lo dispuesto por el legislador en la propia Ley, pues transgrediría además los artículos 34, 39, 41 y 129 constitucionales

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Así se lee la  Circular 209-2021 de la Corte Suprema de Justicia:

 

SECRETARÍA GENERAL
CIRCULAR N° 209-2021
ASUNTO: Se hace de conocimiento de los jueces y juezas que tramitan la materia civil, sobre admisión de la acción de inconstitucionalidad, para declarar inconstitucionalidad del artículo 2.18 del Reglamento de Normas Prácticas para la
aplicación del nuevo Código Procesal Civil.
A LOS JUECES Y JUEZAS QUE
TRAMITAN LA MATERIA CIVIL
SE LES HACE SABER QUE:

La Corte Plena en sesión N° 36-2021 celebrada el 30 de agosto de 2021, artículo IX, dispuso hacer de conocimiento de los jueces y juezas que tramitan la materia civil, la prevención efectuada por la Sala Constitucional sobre los efectos jurídicos de la interposición de la acción contenidos en los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con motivo de que fue admitida la acción de inconstitucionalidad para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2.18 del Reglamento de Normas Prácticas para la aplicación del nuevo Código Procesal Civil, por estimarlo contrario a los artículos 11, 34, 39, 41 y 129 de la Constitución Política.

San José, 17 de setiembre de 2021.
Lic. Silvia Navarro Romanini
Secretaria General

 

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Aprueban Ley para sustitución del Fondo Notarial por Póliza de Responsabilidad Civil Profesional

Se aprobó ayer en segundo debate el Proyecto de Ley 22.313 denominado:  REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 9, Y ADICIÓN DE UN INCISO E) AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 7764, CÓDIGO NOTARIAL, DE 17 DE ABRIL DE 1998, PARA ESTABLECER EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA PROFESIONALES EN NOTARIADO HABILITADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA NOTARIAL      (Puede ver la redacción final aquí

Según se establece en los TRANSITORIOS de esta nueva norma,  la Dirección Nacional de Notariado comunicará a la Operadora BCR Pensiones la rescisión del convenio suscrito con al menos tres meses de antelación a la fecha de resolución.  La Operadora de Pensiones del Banco de Costa Rica contará a su vez con un plazo de hasta tres meses para devolverle a cada notario, previa solicitud, la totalidad del monto que tuviere a su favor según los aportes  individuales que cada uno hubiere realizado más los rendimientos financieros generados.   Para tal efecto, será indispensable que los notarios aporten a la Dirección Nacional de Notariado, el comprobante del pago de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional.

En el caso de notarios inhabilitados o fallecidos,  corresponderá a la DNN establecer los requisitos correspondientes.

La DNN tendrá además la obligación de realizar publicaciones en medios de comunicación con el fin de informar de los alcances de esta ley e instar a quienes ejerzan el notariado, al retiro de los recursos económicos que tenga a su favor en el Fondo de Garantía Notarial.

Se establece en cuatro años el plazo para que las personas beneficiarias se apersonen a hacer el retiro del monto que les corresponda. Transcurrido este plazo, el dinero que no haya sido retirado se destinará al fortalecimiento de los procesos o las actividades sobre el financiamiento de las actividades y estructura interna necesarias para la ejecución y el funcionamiento del Área de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Dirección Nacional de Notariado.

Características de la póliza de responsabilidad civil profesional

  1. Se podrá adquirir de forma anual con alguna de las entidades aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica  (SUGESE).
  2. La responsabilidad es individual, no es gremial ni solidaria.
  3. El monto mínimo de cobertura por período póliza será el equivalente a 55 salarios base de un oficinista 1 definido en el artículo 2 de la Ley 7337.
  4. Anualmente deberán los notarios reportar a la DNN, el pago anual de la póliza con un mes calendario de antelación al vencimiento anual periódico del año anterior. 

Se prevé la posibilidad de que tanto la DNN como el Colegio de Abogados contraten con alguna entidad aseguradora autorizada por la SUGESE la suscripción de pólizas colectivas o grupales o ambas, siendo optativo para cada profesional de notariado suscribir la póliza bajo esta modalidad.

Inhabilitación temporal en caso de no suscripción de la póliza

Muy importante tomar en cuenta la adición de un nuevo inciso e) al art. 13 del Código Notarial relativo a las causales de inhabilitación de los notarios.   Anteriormente no se encontraba prevista esta causal.  Así deberá leerse el texto de esta norma:

Artículo 13.- Inhabilitación

Los notarios públicos serán inhabilitados temporalmente cuando:

a) Sean suspendidos disciplinariamente por el órgano competente.

b) Surja algún hecho que conforme el artículo 4 impida el ejercicio de la función notarial, en tal caso, la suspensión se mantendrá mientras dure el impedimento.

c) Abandonen el país por más de seis meses. En esta circunstancia, la suspensión se mantendrá durante toda la ausencia.

d) Lo soliciten voluntariamente.

e)  No se encuentren al día con el pago anual de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional.

 

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Competencia de la juridiscción laboral en procesos contra la CCSS

Mediante voto 008539-21 del pasado 28 de abril, la Sala Constitucional rechazó la acción de inconstitucionalidad que pretendía se declarara la inconstitucionalidad del artículo 430, inciso 4 del Código de Trabajo, así como de la jurisprudencia de la Sala Primera según la cual, es la jurisdicción laboral (y no la contenciosa administrativa) la competente para conocer algunas cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de la legislación de seguridad social y sus reglamentos.

Transcribimos a continuación para su mejor conocimiento el inciso 4) del art. 430 del Código de Trabajo:

“Artículo 430.- Los juzgados de trabajo conocerán en primera instancia de:  (… ) 4) Las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de la legislación de seguridad social y sus reglamentos, así como las relacionadas con las cotizaciones al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y las cotizaciones establecidas en la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000.»

Algunos alegatos del accionante fueron los siguientes:

«Manifiesta  (el accionante)  que, con sustento en esas disposiciones, el Tribunal  Contencioso Administrativo declina su competencia cuando se trata de actos administrativos emitidos por la Caja Costarricense de Seguro Social, referentes a inspecciones realizadas por sus funcionarios, a fijación de cuotas obrero patronales, a determinación de adeudos, entre otros. Manifiesta que, todo lo anterior, pese a que, con anterioridad, la Sala Constitucional, en la sentencia No. 2010-17900, declaró la inconstitucionalidad del artículo 402, inciso d), del Código de Trabajo, cuyo contenido era similar al cuestionado en esta ocasión. Señala que esta materia es contenciosa y no laboral, de acuerdo con lo expuesto por la Sala Constitucional en la sentencia supra referida. Manifiesta que la pauta jurisprudencial de la Sala Primera que impugna en esta oportunidad, ha sido plasmada en numerosos votos, entre esos, los Nos. 804-C-S1-2013, 469-C-S1-2014, 1408-C-S1-2015, 1413-C-S1-2015, 1421-C-S1-2015, 1420-C-S1-2015. Argumenta que, en los procesos jurisdiccionales que sirven de asunto base de esta acción, se discute la legalidad de sendas actuaciones administrativas de la Caja Costarricense de Seguro Social, relativa al cobro de las cuotas-obrero patronales, considerando que se trata de una competencia que, con arreglo a los artículos 11 y 49 de la Constitución Política, debe ser conocida por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y no en la sede laboral, dada la necesidad de contar con jueces especializados en la materia, tal y como lo determinó la Sala Constitucional en la sentencia supra mencionada.
Considera que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la única competente para controlar la legalidad de la función administrativa. Estima que la situación cuestionada en esta ocasión, vulnera el principio de supremacía de la Constitución, así como el derecho protegido en el artículo 33 constitucional, en que se proclama el principio de igualdad, al prever distintas vías jurisdiccionales para la salvaguardia de la función administrativa. Aduce que no puede un juez laboral, conocer la legalidad de los actos administrativos derivados de la aplicación de la Ley del Seguro Social, sin menoscabar la garantía prevista en el artículo 49 de la Constitución Política y por ello pide que se declare con lugar la acción, así como que se decrete la inconstitucionalidad de la normativa impugnada.»

Transcribimos del voto constitucional lo siguiente:

“…Sobre el particular, el artículo 430 inciso 4) del Código de Trabajo, no resulta contrario al Derecho de la Constitución, no porque sea plausible una interpretación conforme como dice la Procuraduría, sino porque, claramente, la redacción actual no hace una remisión total y absoluta a los juzgados de trabajo de las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de la legislación de seguridad social y sus reglamentos, ello, precisamente, por la eliminación de la palabra “todas” que contenía el artículo predecesor. Así, es evidente que la redacción actual de la norma permite al administrador de justicia aplicar la norma con especial atención a la pretensión de las partes y al régimen jurídico aplicable. Desde esta perspectiva, al analizar el caso concreto, el Juez deberá tomar en cuenta los parámetros ya indicados en cuanto a la valoración del contenido material de las pretensiones de las partes y el régimen jurídico que se deberá aplicar, y así definir de manera fundada, la jurisdicción competente para su conocimiento. Bajo esta perspectiva, no se está ante alguna vulneración del artículo 49 constitucional, pues criterios técnicos y objetivos del administrador de justicia, son los que delimitan el campo de acción de la jurisdicción contencioso administrativa, evitándose con ello que sea saturada con asuntos que no son de su competencia, y tutelándose así -con mayor intensidad- el principio constitucional que establece para esa jurisdicción el . Igualmente, tampoco se lesiona el principio de igualdad contenido en el artículo 33 de la Constitución Política en los mismos términos señalados en la parte final del sétimo considerando de esta sentencia, porque tanto la jurisdicción contencioso administrativa como la laboral, conocerán única y exclusivamente de los asuntos propios de su competencia, con lo cual se le garantiza a las partes involucradas que asuntos iguales serán conocidos en jurisdicciones iguales, de modo que no se les someterá a llevar litigios en jurisdicciones incompetentes para su conocimiento y resolución…”

Con mucho gusto podemos hacerle llegar el texto completo del voto en comentario a los estimados suscriptores que nos lo soliciten al correo legal@masterlex.com

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Registro de Muebles: nueva directriz sobre inscripción de ejecutorias de divorcio

Se publicó ayer en La Gaceta, la Directriz  DRBM- DIR- 007-2021  de la Dirección de Bienes Muebles dirigida a los notarios públicos y público en general con el objeto de aclarar el procedimiento para la inscripción de documentos auténticos de sentencias homologatorias de acuerdos de divorcio, mejor conocidas como “ejecutorias de divorcio”.

En primer lugar se establece la siguiente «Regla General» :

«Siempre que se pretenda la inscripción de una “ejecutoria de divorcio” que contenga disposiciones sobre bienes inscritos en el Registro de Bienes Muebles, ya sea para modificar el estado civil del titular del bien o para realizar la adjudicación total o parcial del bien en favor del o la excónyuge, como consecuencia del rompimiento del vínculo matrimonial; el documento deberá ser presentado en formato físico, original y con todos los mecanismos de seguridad respectivos a través del Diario Único del Registro, sea en oficinas centrales o en cualquiera de las sedes regionales. Estas “ejecutorias” constituyen un título inscribible al tenor del Artículo 450 del Código Civil pero no pueden ser tramitadas por medio del servicio de Ventanilla Digital, en virtud de no ser un documento notarial.» 

Luego se mencionan las «Excepciones y situaciones especiales»

1. Renuncia expresa en escritura pública: Cuando exista un título sujeto a inscripción que se vea afectado por el cambio de estado civil del titular del bien como consecuencia del rompimiento del vínculo matrimonial que sostenía al momento de adquirirlo; podrá prescindirse de la presentación de la ejecutoria de divorcio si se adjunta al documento en trámite, la respectiva renuncia expresa de ganancial del o la ex cónyuge sobre dicho bien (de conformidad con los términos de la circular DRPV-175-91, la cual mantiene plena vigencia). Esta posibilidad es válida tanto si se trata de documentos físicos como de ventanilla digital.

2. Presentación previa de la ejecutoria al Registro: Cuando exista un título sujeto a inscripción que se vea afectado por el cambio de estado civil del titular del bien como consecuencia del rompimiento del vínculo matrimonial que sostenía al momento de adquirirlo, si la ejecutoria ya había sido presentada previamente al Registro de Bienes Muebles, indistintamente de que la misma haya sido devuelta en estado inscrito o cancelado al Diario, podrá el usuario aportar las copias certificadas de la presentación anterior o indicar en el nuevo documento que se encuentra en trámite, las citas de la presentación previa en este Registro para que puedan ser verificadas por el registrador (este caso ocurre cuando por ejemplo el convenio contiene una “renuncia genérica” de gananciales y efectivamente el bien traspasado en el nuevo documento, corresponde a un bien no contemplado de forma expresa en el convenio). Este proceder es congruente con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Así, no se le puede exigir al administrado que “vuelva” a presentar un documento ya ingresado al Diario con todas las formalidades, cuando tal presentación cumplió en su momento con todos los requisitos de la regla general.  Tales copias certificadas serán admisibles siempre que acompañen a un título inscribible posterior, nunca como título único a inscribir, en cuyo caso rige la regla general. De igual forma solamente será admisible la mención de las citas previas dentro del documento que contiene el nuevo título a inscribir. Esta posibilidad es válida tanto si se trata de documentos físicos como de ventanilla digital, puesto que el título inscribible no es la ejecutoria y se trata de un documento complementario.

3. Convenio no inscribible por ser omiso en bienes específicos: Cuando el documento de sentencia de divorcio no contenga ningún acto inscribible, es decir que no constituye un título sujeto a inscripción (Artículo 450 del Código Civil), pero sí incluye alguna disposición de interés como lo sería una “renuncia genérica de gananciales”, es procedente y será suficiente con que el Notario de fe con vista en el expediente judicial de que en el convenio de divorcio consta la renuncia genérica sobre el derecho a los bienes gananciales no contemplados expresamente en el texto del convenio homologado posterior. En este sentido, no resulta procedente requerir la presentación de la ejecutoria conforme a la regla general, pues la misma no contiene ningún acto inscribible. La dación de fe debe indicar que el convenio expresa y claramente indica que existe una manifestación de renuncia expresa de las partes a cualquier derecho que pueda existir sobre bienes no contemplados en el convenio; por el contrario, la indicación de que “no existen bienes gananciales”, no configura como una renuncia expresa y no sería válida ni admisible para el trámite. Esta posibilidad es válida tanto si se trata de documentos físicos como de ventanilla digital.

4. Trámite de ejecutorias cuando existe un título sujeto a inscripción presentado de forma previa: Cuando exista un documento presentado con anterioridad y que requiera de la presentación de una ejecutoria de divorcio conforme a la regla general para la subsanación de sus defectos, se deberá proceder de la siguiente forma según sea el caso:

a. Si el usuario acude en forma previa a la presentación de la ejecutoria ante la coordinación registral, y el documento anterior fue presentado en formato físico, las coordinaciones registrales autorizarán la relación de asientos para que ambos documentos sean tramitados en forma conjunta por el mismo registrador.
b. Si el usuario presentó independientemente la ejecutoria de divorcio, el registrador que reciba la ejecutoria deberá tramitarla asignando el respectivo “código de prioridad” en los siguientes casos:

i. Cuando contenga solamente “cambios de estado civil” de los titulares, independientemente de si los bienes tienen anotaciones anteriores o no.
ii. Cuando contenga incluso adjudicaciones de bienes, siempre que sobre tales bienes adjudicados no conste ninguna anotación anterior.

c. Por el contrario, si el usuario presentó independientemente la ejecutoria de divorcio y ésta contiene adjudicaciones sobre bienes en los que consta una anotación previa que implique el traslado de dominio se deberá consignar el defecto para que:

i. Si el documento anterior es físico, las coordinaciones registrales autoricen la respectiva relación de asientos, para que la ejecutoria se tramite en conjunto con el documento anterior.

ii. Si el documento anterior es de ventanilla digital, al ser imposible una “relación de asientos” formal, pues los documentos de ventanilla digital y físicos no se pueden relacionar, el coordinador registral hará el pase igualmente de la presentación al registrador que conoce del documento anterior, para que tenga conocimiento de las circunstancias completas que rodean al bien que está trabajando y pueda tramitarlos en el orden que corresponda indistintamente de su orden de presentación, de conformidad con el Artículo 8 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

5. Destrucción del Expediente por el Archivo Judicial:  en caso de que se trate de un expediente de muy vieja data, es posible que el Archivo Judicial haya procedido con su destrucción. En estos casos el Despacho que conoció de la causa estará imposibilitado para expedir
la “ejecutoria” de la resolución. En estos casos podrá el interesado aportar una certificación del Archivo Judicial de que el expediente fue efectivamente destruido, junto con unas copias certificadas de la ejecutoria que consta en el Registro Civil, la cual se mantiene allí para la
posteridad.

6. Inscripciones Parciales de Oficio: Tratándose de “ejecutorias de divorcio” que contienen disposiciones sobre más de un bien, si solamente algunos de ellos presentan defectos que ameriten la suspensión de la inscripción; corresponderá la inscripción parcial
oficiosa respecto de los bienes que no presenten ningún defecto que suspenda su inscripción. En tal caso el registrador hará constar en la minuta que ha procedido con la inscripción parcial respecto de los bienes que no presentaron defecto alguno; dejando las anotaciones vigentes sobre aquellos bienes a los que se les suspendió la inscripción en virtud de los defectos señalados.

7. Sobre el Pago del Impuesto de Transferencia sobre Bienes Muebles: En materia de Bienes Muebles el traspaso de bienes entre ex cónyuges con motivo de las adjudicaciones realizadas por efecto de la liquidación de los bienes gananciales al producirse el divorcio, se
encuentra gravado por el Artículo 13 de la Ley 7088; en este sentido se pronunció la Sala Primea del Tribunal Fiscal Administrativo en la resolución número 60 de la 8:00 horas del 17 de junio de 1991. En este sentido la exención que contempla el Artículo 6 del Código de Familia es exclusiva para los timbres (que corresponden a una tasa) y no así para el impuesto de transferencia, de tal suerte que, si el bien se adjudica en su totalidad, pasando de un cónyuge al otro, debe cancelarse la totalidad del impuesto, de acuerdo con su valor fiscal.  No obstante, lo anterior, si la Administración Tributaria expide una constancia en la que se conforma con un monto menor, el registrador verificará solamente que se cumpla con el pago establecido por la Administración Tributaria, en virtud de que tal dependencia resulta competente en última instancia para determinar el quantum de las obligaciones tributarias relacionadas con impuestos.

Todas las anteriores disposiciones aplican de la misma forma si lo aportado es una ejecutoria de un proceso de separación judicial, de divorcio por cualquier otra causal que no sea el mutuo acuerdo o de una liquidación anticipada de bienes gananciales.

Rige a partir de su publicación.
MSC. Cristian Mena Chinchilla, Director.—1 vez.—O.C

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