POWERED BYmaster lex

Algo más sobre las sociedades que adeudan tres períodos de impuesto a las personas jurídicas

Vence mañana el mes de plazo que concede la Ley 9024 para el pago sin multas, ni intereses del impuesto a las personas jurídicas del período 2014.

Además, para aquellas sociedades que no han cumplido con el pago de de los períodos anteriores (2012 y 2013), surge la causal de disolución dispuesta en el art. 6 de la indicada norma.

Consultamos a la Dirección del Registro de Personas Jurídicas sobre la existencia de alguna directriz o circular que aclare la situación que podrían enfrentar estas sociedades deudoras a partir del próximo sábado, pero, según nos indican, no se ha producido aún alguna resolución sobre el tema.

Esta incertidumbre preocupa sobre todo en casos de sociedades con bienes inscritos u otros activos y aquéllas con deudas ante la CCSS, lo que le ha impedido a sus representantes legales inscribir la renuncia a sus cargos.

A quienes nos han estado consultando, les confirmamos que sigue pendiente de resolución la acción de inconstitucionalidad 12-016277-0007-CO, que en febrero del año pasado fuera admitida para estudio de fondo. Dicha acción fue interpuesta por el colega Edgardo Campos contra la totalidad de la Ley 9024 así como contra el Reglamento para la aplicación de la Ley del Impuesto a las personas jurídicas emitido por el Junta Administrativa del Registro Nacional. Seguiremos al pendiente de este voto para informarles tan pronto se produzca.

 A continuación, nos permitimos transcribir opinión del Dr. Herman Mora Vargas sobre este tema de las sociedades deudoras del impuesto a las personas jurídicas.   Como siempre agradecemos su interés en contribuir a este foro.

————————————————————————————————————————————————-

«El próximo 31 de enero de 2014, vence el plazo, establecido por la ley 9024, (impuesto a las personas jurídicas mercantiles) para aquellas personas jurídicas mercantiles que acumulan tres años de morosidad del impuesto.

Con ocasión de las dudas que existen en razón de este vencimiento me permito verter mi criterio, sobre algunas apreciaciones del tema que podrían ser de ayuda.

Considero muy difícil una extinción de las sociedades de un “dedazo”, o con la sola implementación de una aplicación que las borre en forma automática del sistema del Registro.  Se debe  atender el famoso principio del «Debido Proceso».

De acuerdo a mi entender, este trámite tomará más tiempo, meses, toda vez que en un Estado de Derecho, se debe aplicar en lo posible la legislación existente y creo que como base tendrá que observarse lo dispuesto en el artículo 207 y siguientes del Código de Comercio, en lo cuales, como mínimo, se obliga a esperar un plazo de treinta días contado a partir de la publicación en La Gaceta del respectivo aviso de disolución.

Tomando en cuenta la gran cantidad de sociedades que podrían requerir ser canceladas (aproximadamente 275.000) resulta inviable la ejecución de tal proceso para todas ellas, en un solo acto; probablemente se haga por grandes grupos de sociedades.

Seguramente, el proceso iniciará mediante una resolución que incluirá varios grupos de sociedades que se van a cancelar. Esta resolución tendrá que ser publicada.

Ahora bien, mientras no se produzca la cancelación registral de la sociedad, existirá la posibilidad para los interesados de pagar el impuesto adeudado e interponer la excepción de pago total, demostrando, mediante recibo, la cancelación de la totalidad de los impuestos. NO SOLO LOS DEL AÑO AL COBRO, SINO TODOS LOS IMPUESTOS PENDIENTES.

Lo anterior implica que no es posible efectuar pagos parciales, ni arreglos de pago, ya que la Ley 9024 no lo admite, pero principalmente porque el sistema no lo permite. Pese a ello conviene señalar que el artículo 44 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece la posibilidad de pago parcial de los tributos.

Posiblemente se les de un tratamiento diferenciado a aquellas sociedades que tengan bienes o aquéllas cuyos representantes cuenten con bienes. Toda vez que, en razón de la solidaridad del impuesto que recae sobre los representantes de las sociedades, los bienes de éstos responderán por las deudas de aquéllas.

Solo luego de esto, se procederá al cobro judicial a fin de procurar el remate y pagarse lo que corresponde de impuestos pendientes de cancelación. Inclusive en ese momento, antes del remate, se podrá pagar el impuesto a fin de evitar la realización del mismo.

Lo señalado, no es más que mi percepción de lo que va a ocurrir, no quiere decir, ni por asomo, que dejemos el pago para el final, sino que el 31 de enero no ocurrirá la apocalíptica extinción de las sociedades morosas de manera masiva como muchos están especulando.»      (Artículo escrito por el Dr. Herman Mora Vargas.  Experto en Derecho Notarial.  Coredactor del Código Notarial.  Redactor del Libro Manual de Derecho Notarial. Miembro de la Academia Notarial Americana.  Profesor universitario en varias universidades de América Latina)

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

9 de 11 Comentarios

  1. EDDY CHAVES • 14 enero, 2015

    TENGO UNA SOCIEDAD DESDE EL AÑO 2001 YQUE NUNCA UTILICE, ESTA REGISTRADA COMO INACTIVA. QUE DEBO HACER SI LA SOCIEDAD NO VALE NADA NO TIENE BIENES INMUEBLES INSCRITOS.

    DEBO 4 PERIODOS MAS DE 400.000 COLONES.

    ME PARECE INJUSTO PAGAR POR ALGO QUE NUNCA UTILIZE, NI PIENSO UTILIZAR.

    QUE DEBO HACER AL RESPECTO…??

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 14 enero, 2015

      Tenemos noticia de que en el presente mes de enero o a más tardar en febrero, la Sala Constitucional votará la única acción que a la fecha logró interponerse contra la Ley 9024, de creacion de este Impuesto a las personas Jurídicas. Muchos están esperando el resultado de dicho recurso antes de realizar el pago de los períodos que adeudan. Lamentablemente en caso de confirmarse que la Ley no atenta contra la Constitución Política, no tendría más solución que pagar las sumas que adeuda pues de lo contrario el Estado podría dirigirse con los representantes legales de la sociedad para exigir su pago.

      Responder
  2. Jose Juan Sanchez Ch • 31 enero, 2014

    El Registro Público como Administración Tributaria de este impuesto esta en la obligación de dar el Debido Proceso al cobro de la obligación de previo a aplicar la medida – sanción, que es la disolución forzosa, sanción que me parece viola el art. 25 párrafo primero de la Constitución y es desproporcional con la falta: cuatro cuartas partes del salario mínimo; debido proceso que implica Notificar el cobro administrativo que culmina en la declaratoria de la obligación en firme, para luego ya como Acreedor Dinerario de la Sociedad por Ficción Legal proceder al proceso de Cobro Judicial conforme Ley de Cobro Judicial: el cual implica hacer un avalúo del patrimonio social, notificar al Demandado-Deudor, pagarle Curador Procesal si no se notifica o es incierto el domicilio, y luego hacer tres remates por: 100%, 75% y ultimo por 25%, para luego tener que depositar la diferencia a favor del deudor para poder adjudicarse la propiedad. Esto es el Debido Proceso conforme la Seguridad Juridica. QUE ALGUIEN ME DIGA SI LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA VA HACER ESO PARA COBRAR CUATRO CUARTAS PARTES DEL SALARIO MINIMO????

    Responder
  3. Sergio Rivera Jiménez • 31 enero, 2014

    Suponiendo que hoy 31 de enero no se pague el impuesto y se acumulen 3 períodos, ¿es irreversible esa causa de disolución? ¿Puedo hacer un pago parcial de un período con sus intereses después de publicado el aviso de disolución?

    Responder
  4. Federico Mora • 31 enero, 2014

    Estimados colegas:

    Esta ley viola flagrantemente el principio de capacidad contributiva. El hecho de que se cobre un impuesto por el solo hecho de existir, o más técnicamente, por estar inscrita en el Registro Nacional, simplemente obvia la existencia de una «riqueza» que pueda ser gravada por un impuesto. Esto es tan grosero, como si mañana pasara una ley que dijera que todas las personas inscritas en el Registro Civil, deben pagar un impuesto por el solo hecho de la inscripción. Llevando este ejemplo al absurdo, seria como cobrar a un recién nacido dicho impuesto, pues está inscrito en el Regisrto Civil.

    Los invito a leer el primer voto de la Sala sobre este tema, en donde emitió criterio respecto a la consulta de constitucionalidad presentada en su momento por los señores Diputados. En ese voto, la Sala hace una defensa total del impuesto, incluyo llegando a afirmar que el monto del tributo es tan bajo, que no se lesiona ningún principio constitucional. Esa posición, en mi opinión muy personal, parece más del Poder Ejecutivo que de un órgano de control constitucional.

    La Sala está dividida y no queda más que esperar este voto que está pendiente de resolver.

    Saludos,

    Responder
  5. Lic. Dagoberto Quesada • 31 enero, 2014

    Deseo comentarles que desde hace algunos meses vengo dando seguimiento más a fondo a este tema y además no solamente al tema de pago sino también al tema de la acción. Pero no me quede como espectador y además estoy investigando las cantidades de dinero que se han recaudado por este impuesto, el uso que se le esta dando y además la forma como se ha hecho llegar este dinero a la Hacienda Pública. Por otra parte existe la posibilidad de presentar ante el Contencioso Administrativo Una medida cautelar que suspenda los efectos de la aplicación de dicha ley en razón del principio de jerarquía constitucional que se esta dejando de lado por el Registro Nacional, al no esperar la resolución del fallo de la Sala Constitucional. Sin duda alguna todos nosotros como juristas debemos intervenir en este tema, pues no se trata solamente del impuesto sino de la seguridad jurídica para hacer negocios en Costa Rica, pues se esta violentando por esta ley y su reglamento el derecho de la empresa a existir y operar. Hay que entender que el planteamiento de la acción tiene fundamento y hay que esperar la opinión de la Sala.

    Aquí además entran en juego otros principios jurídicos que no están invocados en la Acción que se han violentado por la ley y por el reglamento que Sala debe ponderar en el estudio que esta realizando para resolver.

    Pero repito nuestra participación en este tema debe ser activa, pues esto lejos de beneficiar al gremio y a las empresas privadas en Costa Rica, las esta perjudicando, así como se hecho para atrás la Ley de Tránsito, así se debe revertir este proceso.

    El pago es reconocimiento al error legislativo y nosotros como operadores del derecho no podemos primer un pago cuando el mismo es injusto y desproporcionado. Piensen en una Sociedad que recién esta empezando a operar que no genera ese monto aún por año, como se le va permitir al Estado Costarricense gravar a todas por igual, más si se estudia los requisitos que el MEIC, puso para la certificación de las Pymes.

    Es hora que en Costa Rica el gremio de abogados nos unamos y le digamos al Estado que esta equivocado. Ya he solicitado al Colegio un pronunciamiento en este tema y otros de interés del Ejercicio Profesional y que atañe a nuestros clientes.

    Responder
    • Carlos Carvajal • 31 enero, 2014

      En este momento la accion esta bajo estudio, estudio que puede durar varios años, y el Estado hara lo posible para cobrar el dinero para la Caja Chica, en principio se dice que el dinero tiene un fin especifico y luego administrativamente se diluye este fin y termina en manos de la Caja Chica estatal para financiar proyectos como la trocha, la platina. Es necesario ver el caso de las sociedades que lo que tienen en una casa de habitacio que serian inactivas pero aun deben cancelar un impuesto alto por existir en el papel. Cuando se modifico la ley de Transito el fin no era la prevencion en las vias publicas sino capturar mas dinero para el Cosevi, quien lo transfiere a la Caja Unica estatal, asi fue el fin de la reforma de la Ley de Transito que al final no ha podido recaudar sus supuestos veinticinco mil millones de colones desde el 2010 por la labor de abogados como Yuribeth Mendez que intervinieron y lograron que el COSEVI tuviera que actuar como ordena el Debido Proceso y no ser un simple ente recaudador de multas como era la practica antes del 2010, eso es lo que se debe ver si en este caso la ley solamente creo otro recaudador de impuestos ya que el Cosevi no ha podido en los ultimos cuatro años.

      Responder
  6. jaime weisleder • 30 enero, 2014

    El sistema informático implementado por el Registro Nacional para el cobro del impuesto a las personas jurídicas equivocadamente no permite el pago parcial de dicho impuesto. Sin embargo de conformidad con lo dispuesto por el párrafo final del artículo 39 del Código Tributario que dispone: «La Administración Tributara ESTARÁ OBLIGADA a recibir pagos parciales», se puede hacer un pago parcial, eso sí pagando un período anual completo. Como el BCR no recibe dicho pago parcial por el sistema, el mismo se puede hacer mediante entero a favor el Estado. Eso interrumpe el período de 3 años necesarios para configurar la causal de disolución

    Responder
  7. Fernán Pacheco • 30 enero, 2014

    Muy interesante, es de esperar entonces que se puede pagar «a tiempo» mientras el proceso no haya formalmente dado inicio, algo así como en los desahucios. Lo que me parece increíble es que el sistema del Banco de Costa Rica no permita al contribuyente pagar uno o más periodos atrasados para evitar así caer en los 3 años, es «todo o nada». No dudo que es por cuestiones del sistema de cómputo para variar. El otro tema será el del proceso de liquidación que deberán seguir las sociedades disueltas con bienes, judicial, notarial? Saludos,

    Responder

Dejar un comentario
PAUTAS PARA PARTICIPAR EN ESTE BLOG